miércoles, 18 de enero de 2017

El objeto social de las sociedades de capital.




La máquina en Marley. Alfred Sisley. 1873.


El objeto social sus funciones.

Debe estarse hoy al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

Delimita el ámbito de representación de los administradores sociales.

Artículo 234. Ámbito del poder de representación.

"1. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos.

Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.

2. La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aún cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social".

No obstante, se ha interpretado flexiblemente esta limitación, tanto por la DGRN como por la Jurisprudencia, que solo considera fuera de este ámbito de representación los actos directamente contradictorios con el objeto social, y no los complementarios, ni los llamados neutros (entre los que se comprenden la constitución de garantías).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2010 declara:

"ante la necesidad de proteger la confianza en la apariencia y con ello la seguridad del tráfico, especialmente cuando la personalidad se utiliza como vehículo para organizar una empresa que actúa en el mercado, nuestro sistema parte de la plena capacidad jurídica y de obrar de las sociedades mercantiles que, en consecuencia, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en las que puedan incurrir sus gestores, pueden desplegar lícitamente tanto actividades «estatutarias» (dentro del objeto social), como «neutras» (que no suponen el desarrollo inmediato del objeto fijado en los estatutos) y «extraestatutarios», incluso cuando son claramente extravagantes y ajenas al objeto social. Esta capacidad en modo alguno queda mermada por las previsiones contenidas en el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 -hoy 234 de la Ley de Sociedades de Capital-, que atribuye a los administradores societarios el poder inderogable de vincular a la sociedad con terceros, con independencia de que su actuación se desarrolle dentro de la actividad fijada como objeto estatutario inscrito en el Registro Mercantil o fuera de ella, sin perjuicio de que la transgresión del objeto estatutario pueda ser oponible frente a quienes no hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. Lo expuesto no es obstáculo a la reserva de objeto social por la cual el Legislador exige que nada más las sociedades que reúnen determinados requisitos puedan tener como objeto estatutario el desarrollo de determinadas actividades, pudiendo hallarse entre ellas que tengan un "objeto social exclusivo", y a la reserva de actividad por la que ciertas actividades nada más pueden desplegarse regularmente por compañías que cumplan ciertas características y a que en ocasiones combine ambos criterios para dar lugar a sociedades con objeto social único y a actividades legalmente reservadas".

El objeto social es una mención necesaria de los estatutos. El artículo 23 letra "b" del TRLSC exige la constancia en los estatutos de:

" b) El objeto social, determinando las actividades que lo integran".

Su falta acarrea la nulidad de la sociedad. La imposibilidad manifiesta de realizarlo es causa de disolución de la sociedad. Su sustitución es causa de separación de los socios.

No cabría un acuerdo del órgano de administración que pretendiese limitar la actividad social de forma contraria al objeto social delimitado en los estatutos. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2007 declara nulo un acuerdo del Consejo  de Administración de una sociedad anónima por el que se acordaba cesar en algunas de las actividades incluidas en el objeto social, por ser contrario a los estatutos sociales.

Determinación del objeto social.

El objeto social ha de ser determinado. El artículo 117 RRM, en relación a la SA, y el 178 RRM para la SRL, disponen de modo coincidente:

“1. El objeto social se hará constar en los estatutos determinando las actividades que lo integren.

2. No podrán incluirse en el objeto social los actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en él.

3. En ningún caso podrá incluirse como parte del objeto social la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse expresiones genéricas de análogo significado.”

La Resolución DGRN de 19 de julio de 1996 declara que "según doctrina reiterada de esta Dirección General, únicamente puede entenderse como formula omnicomprensiva y, por lo tanto, no admisible, aquella que recoge de manera indeterminada toda actividad industrial, mercantil o industrial (véanse Resoluciones de 4 de marzo de 1981, 1 de agosto de 1982, 22 de agosto de 1983, 27 de noviembre de 1985)".

La delimitación del objeto puede realizarse por la especificación del sector económico en que la sociedad desarrollará su actividad.

También puede realizarse por la determinación de la clase de actividad que se desarrollará.

Así, la Resolución DGRN de 18 de noviembre de 1999 admite como objeto social «la venta al por menor de cualquier tipo de producto». Sin embargo, la Resolución DGRN de 1 de septiembre de 1993 rechazó un objeto consistente en «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de mercaderías».

Según la doctrina reiterada de la DGRN, en el objeto social la determinación de una actividad por el género comprende todas sus especies, de manera que la enumeración de ésta tan solo tiene sentido cuando tenga por finalidad excluirlas y no incluirlas. Según la Resolución DGRN de 29 de enero de 2005. la inclusión en el objeto social de la actividad de arrendamiento de inmuebles no permite entender incluido el arrendamiento financiero.

Es posible la fijación de un objeto complejo, dado que la sociedad puede destinarse a diversas actividades, siempre que cada una de ellas esté perfectamente determinada.

Se rechazan fórmulas genéricas como el desarrollo de actividades de comercio, de servicios o de industria. La Resolución DGRN de 14 de julio de 2006 admite la actividad de “servicios sociales de todo tipo”.

La Resolución DGRN de 26 julio 1992 declara que la descripción del objeto social no puede consistir en «la adquisición y gestión y explotación de toda clase de bienes incluidos en su patrimonio». La Resolución DGRN de 19 de julio de 1996 admite la inclusión en el objeto social de las actividades de "importación y exportación de mercancías" y la de "intermediación en operaciones de compraventa", pero rechaza, por omnicomprensiva, la de "la adquisición, enajenación, intermediación en la compraventa, explotación y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles".

La Resolución DGRN de 15 de octubre de 2010 admite la constancia de la siguiente expresión al delimitar el objeto social: "la realización de cualesquiera actividades directamente complementarias de las anteriores", considerando que si las actividades principales están enunciadas con claridad, la inclusión de expresiones relativas a todas las actividades complementarias de las principales no infringe el requisito legal de delimitación precisa del objeto social. Dice la DGRN:

"este Centro Directivo admitió, en Resolución de 5 de abril de 1993, la frase relativa a «todas las actividades relacionadas con…», cuando la inmediata referencia anterior a cierto género de actividad -la compra y venta de vehículos delimitaba suficientemente el ámbito de la actividad social. Y otra Resolución, la de 11 de diciembre de 1995, consideró inscribible la disposición respecto de un objeto que comprendía la fórmula «… y demás actividades relacionadas con la industria turística», por entender que la exigencia de determinación precisa y sumaria de las actividades integrantes del objeto no se oponía a la utilización de términos que comprendan una pluralidad de actividades. Pero la más relevante a los efectos que ahora interesan es la de 1 de septiembre de 1993, que ante una cláusula estatutaria que determinaba el objeto social como «la compraventa al por mayor y menor de todo tipo de mercaderías con cuantas operaciones sean preparatorias, auxiliares, accesorias o complementarias de tales actividades» la rechazó por no estar definidas las actividades principales constitutivas del objeto social, pero afirmó terminantemente que la prohibición derivada del artículo 117 del Reglamento del Registro Mercantil no podría entenderse vulnerada por la frase cuestionada si —como acontece en el supuesto fáctico del presente recurso— las actividades principales han sido antes delimitadas de modo suficiente para fijar con claridad el ámbito de la actividad social. Y ello porque esta previa y precisa delimitación de las actividades principales que, en su caso, habrían de ser complementadas por otras, conjura ya todo riesgo de inducir a terceros a error sobre el objeto social".

La Resolución DGRN de 23 de marzo de 2011 admite como objeto social "Construcción, instalaciones y mantenimiento". Se trataba de una sociedad constituida conforme al antiguo procedimiento telemático del Real Decreto 13/2010, con estatutos tipo, ajustándose el objeto social a lo previsto en dichos estatutos. Según la DGRN, aunque sería posible una mayor especificación del objeto social, "esta consideración no significa que en los casos en que los Estatutos se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la citada Orden Ministerial, sin mayores especificaciones de productos o servicios más concretos, pueda negarse su acceso al Registro toda vez que, precisamente a efectos de la citada normativa, se ha considerado que esas actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acotan suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto".

La Resolución DGRN de 23 de julio de 2015 admite la inclusión en el objeto social de la partícula "etcétera" (el objeto social era el siguiente «la sociedad tiene por objeto las operaciones mercantiles de compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre, así como repuestos, complementos, accesorios, pinturas, barnices, ruedas etc., relativos a los mismos. El CNAE de su actividad principal es el 6151 y 6142»). Dice la DGRN, apoyándose en otra Resolución anterior de 4 de enero de 2013: "Se trata de una expresión que se usa para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende o que no interesa expresar. En este caso se trata de una ejemplificación de la expresión «compraventa de accesorios y toda clase de elementos relacionados con los automóviles y vehículos de motor en general, que sean de tracción mecánica y terrestre» como actividad que constituye el objeto social. Al ubicarse al final de una relación comprensiva de varios sustantivos («repuestos, complementos, accesorios, pinturas, barnices, ruedas»), indica y confirma el carácter abierto de su contenido, pero para poner la conveniencia o necesidad de omitir una parte del texto, circunstancia que concurre siempre que –como ocurre en este caso– se trata de evitar la enumeración de un listado demasiado amplio de vocablos, que se sobreentienden, pues su cita es meramente ejemplificativa. Y contrastado su carácter ejemplificativo, es indudable que la actividad especificada en la disposición estatutaria, con inclusión de la expresión cuestionada por la calificación impugnada, acota suficientemente el sector de la realidad económica en que la sociedad pretende desarrollar su objeto".

La Resolución DGRN de 19 de marzo de 2013 admitió la inclusión en el objeto social de "la mera administración del patrimonio de los socios" (sin embargo, parece que no sería admisible como objeto la administración del patrimonio de la sociedad).

La Resolución DGRN de 29 de enero de 2014 admite la expresión en el objeto social de "adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase, bienes muebles e inmuebles".

La Resolución DGRN de 4 de abril de 2016, repasando su anterior doctrina sobre determinación del objeto social, admite un objeto que incluía el disfrute de derechos y valores mobiliarios y de toda clase de bienes inmuebles. Se considera que la actividad es lícita, posible y determinada. Dice la resolución:

"Si, como admite el mismo registrador, «la adquisición, tenencia, … y enajenación de derechos y valores mobiliarios…», así como «la adquisición, tenencia, administración… por cuenta propia y sin intermediación, de toda clase de bienes inmuebles…» constituyen actividades suficientemente delimitadas que pueden integrar el objeto social, debe admitirse que el hecho de añadir como actividad el «disfrute» de esos mismos bienes no puede implicar que la disposición estatutaria cuestionada haya de ser rechazada, toda vez que tal disfrute constituye «per se» una actividad de la que se deriven determinados aprovechamientos o rendimientos y, «por ende», puede quedar incluida en términos generales en el ejercicio de la actividad propia de una sociedad de capital".

Esta misma Resolución de 4 de abril de 2016 analiza la inclusión en el objeto social de «la obtención, desarrollo y explotación de concesiones de todas clases, tanto estatales como regionales y municipales, relativas a las actividades anteriores». Según la calificación registral, debía excluirse el término "obtención", pues era un medio para conseguir el objeto, pero no el objeto mismo, lo que es rechazado por la DGRN.

Caso particular es el de la SLNE, la cual según el art. 132 LSRL «1. La sociedad Nueva Empresa tendrá como objeto social todas o alguna de las siguientes actividades, que se transcribirán literalmente en los estatutos: la actividad agrícola; ganadera; forestal; pesquera; industrial; de construcción; comercial; turística; de transportes; de comunicaciones; de intermediación; de profesionales o de servicios en general».

También es importante la distinción entre objeto mercantil y civil. Aunque las sociedades de capital serán mercantiles cualquiera que sea su objeto, en el caso de las sociedades civiles, el reconocimiento de su personalidad jurídica dependerá de que no tengan objeto mercantil. Además, fiscalmente, según lo dispuesto en el art. 7.1.a) de la Ley 27/2014 del IS, en su redacción aplicable a partir de enero de 2016, serán sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades todas las personas jurídicas con residencia en territorio español, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil.

Licitud del objeto social. Actividades reservadas.

Existen actividades reservadas a algunos sujetos (intermediación, financiación), debiendo constar claramente en la definición del objeto social estatutario de otras sociedades que aquellas no se incluyen (Resolución DGRN de 12 noviembre 1993, y anteriores). Con esta expresa salvedad, se declaró lícito el objeto «gestión de créditos» (Resolución DGRN de 24 octubre de 2000) y «compraventa y administración de valores» (Resolución DGRN de 8 enero de 2000).

La Resolución DGRN de 21 de enero de 2016 analiza el siguiente objeto social: "Tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas, bajo la normativa de la Ley del Mercado de Valores", considerando la calificación registral inadmisible dicho objeto al no cumplir la sociedad los requisitos exigidos por la LMV. La DGRN señala que, aunque los requisitos de la legislación del mercado de valores, en especial, la autorización administrativa previa y la inscripción en un registro especial, se predican de las sociedades que presten profesionalmente servicios de inversión por cuenta ajena, y no de aquellas sociedades que realizan inversiones por cuenta propia, al no solo no excluirse del objeto social las actividades que queden sujetas a requisitos especiales, sino incluirse expresamente las sujetas a la legislación de valores, no cabe acceder a la inscripción. Sin embargo, la ya citada Resolución DGRN de 29 de enero de 2014, ante un objeto social que incluía "adquirir, poseer y enajenar con fines de inversión a corto, medio y largo plazo valores de cualquier clase ...", entendió que el objeto era admisible, argumentando que "Es indiscutible que la legislación sobre el Mercado de Valores (artículo 64.7 de su Ley reguladora), determina que «Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes Registros administrativos, desarrollar con carácter profesional las actividades previstas...» Pero dichas limitaciones se predican exclusivamente de las empresas cuya «actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a terceros sobre los instrumentos financieros señalados en el artículo 2 de la presente Ley», sin que sean de aplicación a aquellos supuestos en que las personas «no realicen más servicio de inversión que negociar por cuenta propia» (vid artículo 62.1.3.a de la Ley reguladora del Mercado de Valores). En consecuencia el mero hecho de que la sociedad tenga prevista como una de sus actividades la compra y venta de valores (sin más especificación, vid artículo 2 en relación con el citado artículo 62 de la Ley) no la convierte en sujeto activo del Mercado de Valores ni en sujeto obligado al cumplimiento de los rigurosos requisitos que para los mismos exige la legislación especial. No existe en el título presentado indicio alguno que permita señalar lo contrario y que imponga, en consecuencia, el rechazo previsto en el número 9 del artículo 64 de la Ley del Mercado de Valores".

También hay sociedades que tienen un objeto social exclusivo, de manera que no cabe en las mismas incluir objetos sociales distintos. Así, las entidades aseguradoras (artículo 31 de la Ley 20/2015, de 14 de julio: "El objeto social de las entidades aseguradoras será exclusivamente la práctica de las operaciones de seguro y demás actividades definidas en el artículo 3").

Otras actividades son incompatibles entre sí. Por ejemplo, la de agente de seguros, exclusivo o vinculado, y la de corredor de seguros (artículo 7.1 Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados). Así lo declara la Resolución DGRN de 6 de junio de 2016, con cita de una previa Resolución DGRN de 25 de enero de 2012. Esta última resolución de 25 de enero de 2012 rechaza como objeto social "la intermediación en la venta de todo tipo de seguros", exigiendo que se determine si la actividad era de agente o de correduría, por ser estas incompatibles entre sí, cabiendo en el término "intermediación" ambas actividades. 

También puede suceder que la actividad que constituye el objeto social esté sujeta a la previa obtención de permisos o autorizaciones administrativas. Pero cabe la posibilidad de constituir la sociedad con la salvedad de que para el inicio de dichas actividades se obtendrán previamente los permisos y autorizaciones precisos.

La Resolución DGRN de 3 de junio de 2016 considera que no es posible calificar la licitud de un objeto social con base en una disposición de rango meramente autonómico, pues el domicilio social no condiciona el ámbito territorial en que la sociedad desarrolle sus actividades.

La Resolución DGRN de 16 de junio de 2016, confirmando anterior doctrina, declara que es posible calificar la licitud de un objeto social respecto de actividades que ya constaban inscritas, cuando, con ocasión de una modificación estatutaria, algún cambio legislativo hubiera podido afectar a la licitud de la actividad inscrita (la calificación registral rechazaba las actividades de asesoramiento financiero y jurídico, en el primer caso, por considerarlo exclusiva de las empresas de asesoramiento financiero y en el segundo por entender precisa la constitución de la sociedad como profesional, sin que la DGRN entre en el fondo del asunto, al haberse planteado el recurso en relación a los límites de la facultad de calificación). Dice la DGRN: "Es indudable que respecto de las actividades del objeto social que se añaden a las preexistentes puede calificar si se ajustan o no a la legislación vigente. Y respecto de las incluidas en los estatutos iniciales debe tenerse en cuenta que, aun cuando ya hubieran superado anteriormente el tamiz de la calificación registral figurando inscritas, debe el registrador calificar si se acomodan o no al nuevo marco jurídico derivado de la reforma legal posterior que las pueda haber dejado inaplicables en cuanto estuvieran en contradicción con sus determinaciones".

La suscripción o adquisición de participación en otras sociedades o la promoción de empresas.

Hay diversas resoluciones relativas a la participación de una sociedad en otras, con el mismo o diverso objeto, y las actividades de promoción de empresas, abordándose la cuestión tanto desde la perspectiva del respecto al objeto social como de la delimitación suficiente del mismo.

La Resolución DGRN de 8 de julio de 1993 admite la adquisición de participaciones o acciones en una sociedad de distinto objeto social, aunque con limitaciones. Dice la resolución:

"la suscripción o posterior adquisición por una Sociedad de responsabilidad limitada de acciones o participaciones sociales de una Entidad que tenga un objeto social diferente ni implica, necesariamente, para aquélla una actuación ajena a su objeto social; si bien supone la dedicación de parte del patrimonio de la Entidad a una actividad distinta de la delimitada en su objeto, diversas circunstancias (el reducido porcentaje de participación, la relación cuantitativa entre esta participación y el total patrimonio de la Sociedad partícipe, las exigencias de rentabilización de recursos excedentarios o de recursos que no pueden o no deben ser inmediatamente aplicados a la consecución de los fines propios de la Entidad) pueden hacer posible su calificación como actos complementarios o auxiliares, pero, en definitiva, encauzados y subordinados a la consecución última del objeto social; habrá de estarse, por tanto, al caso concreto para apreciar si existe o no extralimitación del objeto social y aplicar las soluciones jurídicas que resulten pertinentes".

La Resolución DGRN de 21 de diciembre de 2004 se refiere al objeto social de lo que se califica como "sociedad holding", consistente en: «1. Dirigir y gestionar su participación en otras sociedades; 2. La intervención en la dirección y gestión del conjunto de actividades empresariales de las sociedades participadas, directa o indirectamente, actuando en sus órganos de administración y de dirección y gestión, en su asesoramiento y asistencia técnica.» La DGRN confirma la calificación negativa, haciendo referencia a la falta de efectos de esta previsión en el caso concreto en que la actividad se comprendía en otros apartados del objeto. Dice la resolución: "la admisión por la decisión que reformó la calificación recurrida del apartado de la regla estatutaria que señala como uno de los objetos de la sociedad «la adquisición, tenencia, disfrute y administración de valores mobiliarios o cualquier tipo de títulos que concedan una participación en sociedades», parece que satisface la aspiración del recurrente de configurar como objeto social la existencia de un holding". Dice, además, la resolución: "no puede olvidarse que la titularidad de un bien lleva consigo, normalmente, la facultad de administrarlo, de suerte que desde la perspectiva de la determinación del objeto social resultaría un tanto superfluo hacer referencia a esa administración como actividad distinta de la titularidad de la que es una facultad inherente, a diferencia de la administración de bienes ajenos que sí gozaría de autonomía como una modalidad de prestación de servicios. Aunque no sea un supuesto directamente subsumible en la prohibición contenida en el artículo 178.2 del Reglamento del Registro Mercantil, guarda evidentes analogías con él ..." (un criterio más flexible parece seguir la Resolución DGRN de 11 de noviembre de 2013, que después cito).

La Resolución DGRN de 11 de noviembre de 2013 admite, considerándolo suficientemente delimitado, un objeto social que incluía "la promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo". Una previa Resolución DGRN de 8 de julio de 1999 mostró un criterio más restrictivo, en relación con un objeto social consistente en "La promoción, desarrollo, constitución y ejecución de proyectos de empresas turísticas, hoteleras y de construcción, así como la naturaleza inmobiliaria, industrial, agraria o comercial", rechazando que cupiese la genérica referencia a empresas de naturaleza industrial o comercial".

Cuestión particular es la de que el objeto social sea la constitución de otras sociedades para su posterior venta. La Resolución DGRN de 30 de marzo de 2000 admitió como objeto social "la domiciliación de sociedades" pero rechazó la "preparación y constitución de sociedades mercantiles para su venta", afirmando que "la preparación como la constitución de sociedades mercantiles, sin distinción de formas, se contemplan en relación con un fin concreto, su posterior venta, de suerte que lo que se pretende configurar como objeto social es una a modo de producción o creación de sociedades mercantiles para posteriormente venderlas. Y tal posibilidad ha de rechazarse por razones de principio, en cuanto que las sociedades mercantiles ni son un objeto ni un producto destinado a comercializarse, a ser objeto de tráfico jurídico, sino sujetos que participan en ese tráfico, que son parte y no objeto de contratos". Sin embargo, la más reciente Resolución DGRN de 3 de enero de 2017, aunque confirma la calificación en una escritura de aumento de capital social en la que se aportaba a una sociedad "un stock de sociedades preconstituidas", basa su decisión en la falta de adecuada configuración de la aportación, refiriéndose obiter dicta a la cuestión de si la actividad propia de constitución de sociedades para su posterior transmisión sería admisible, pareciendo deducirse de sus argumentos una posición favorable, sobre la base de las limitaciones a la nulidad de la constitución de la sociedad y la necesidad o no de una causa determinada en la constitución de la sociedad. Dice la resolución:

"... no es función de este Centro Directivo decidir sobre una pretendida nulidad de sociedades preconstituidas, con base en una supuesta falta de causa del negocio jurídico fundacional; materia que sin duda alguna queda reservada al ámbito jurisdiccional y respecto de la cual no puede olvidarse que el vigente artículo 56 de la Ley de Sociedades de Capital establece un elenco de causas de nulidad de la sociedad inscrita, dejando bien claro su apartado número 2 que, fuera de los casos enunciados en el apartado anterior del mismo artículo, no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad ni tampoco declararse su anulación ...".

También la jurisprudencia se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre si debe entenderse incluido o no en un objeto social de la adquisición de participaciones en otras sociedades, mostrando un criterio estricto. Así:

- La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2000 analiza la inclusión en un objeto social de la siguiente actividad "Participación en empresas, nacionales o extranjeras, cuyos objetivos coincidan con lo definido en este artículo". La cuestión es si dicho acuerdo podía adaptarse teniendo en cuenta que la convocatoria a la junta no se refirió a la ampliación del objeto social, que es como se califica el supuesto, sino a la adaptación de los estatutos a la nueva LSA, considerando el Tribunal Supremo, por esta razón, nulo el acuerdo. Afirma la sentencia:

" ... la participación en otras empresas, nacionales o extranjeras, anteriormente no prevista en el artículo 2 de los estatutos, no era una mera adaptación ni una simple mejora técnica de los estatutos impuesta por la nueva LSA, sino una verdadera ampliación del objeto social sometida a los requisitos del art. 144.1 de dicha LSA, especialmente los de su letra b) en lo que a este caso respecta, y de su art. 103.1 ...".

- La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2011 considera que la modificación del objeto social consistente en que se añadiese la posibilidad de realizar el objeto social indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedad constituía un supuesto de sustitución del objeto social que confería a los socios que no habían votado a favor derecho legal de separación. La sentencia distingue las meras "inversiones de participación", que podrían comprenderse dentro del objeto, de la realización del mismo a través de otras sociedades, que excedería del objeto (en cuanto no estuviera previsto así en los estatutos). Dice la sentencia:

"1) Que en aquellos supuestos en los que la sociedad procede a tomar participaciones o realizar simples "inversiones de participación" en sociedades del mismo sector en el que actúa la inversionista, en cuyo caso no existe sustitución de empresa, constituyendo simples actos de ejecución de la actividad -en este sentido, mientras por un lado la sentencia de 9 mayo 1986 afirma que la inversión en una compañía "que pertenece prácticamente a la demandada en su totalidad y que, según la documentación aportada tiene por objeto el comercio y distribución, entre otros, de productos alimenticios, cuales los de la ahora participada" no modifica o altera el objeto social, sino que contribuye al objeto social, por otro el artículo 2361 del Código Civil italiano, dispone que " L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo" (No está permitida la compra de participaciones en otras empresas, aunque esté prevista de forma genérica en el acto constitutivo, si por el volumen y el objeto se modifica sustancialmente el objeto social especificado en el acto constitutivo). 

2) Por el contrario, cuando la previsión estatutaria es realizar "directamente, la distribución de energía eléctrica", la sustitución de la explotación directa por la indirecta, mediante la creación de un grupo de empresas con unidad de dirección, sujetando la dominada a la dirección de la dominante, supone una "sustitución de la actividad" de la sociedad aunque el negocio se desenvuelva en el mismo sector de la industria o del comercio y, a la postre, la "sustitución del objeto", con alteración de las bases determinantes en su momento de la affectio societatis, ya que al no alterarse la estructura propia la "sociedad isla", sustituir la "explotación directa" de una actividad industrial por la "explotación de acciones y participaciones" sociales, de hecho supone la pérdida de poder del socio que no participa en la gestión sin contrapartida alguna, hurtándole la posibilidad de impugnar los acuerdos anulables de la participada por falta de legitimación, a tenor de lo que dispone el artículo 117.2 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 206.2 de la Ley de Sociedades de Capital- al carecer de la condición de socio de la dominada, y comporta la sustitución de reglas del juego que afectan a condiciones esenciales determinantes de la adquisición de la condición de socio".

El caso de las actividades profesionales.

Respecto a las actividades profesionales, debe tenerse en cuenta hoy la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, que define como las que tienen por objeto social el ejercicio en común de actividades profesionales, entendiéndose como actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio profesional. Estas sociedades “deberán constituirse como sociedades profesionales y deberán tener como único objeto el desarrollo de estas actividades".

La Resolución de 1 de marzo de 2008 mostró un criterio favorable a que la determinación del objeto social se realice mediante la simple expresión del ejercicio en común de la actividad profesional de que se trate, sin añadir enumeraciones farragosas que pueden dar lugar a la negativa a la inscripción, bien por no corresponder a la actividades propias de la concreta profesión, bien por no ser actividades propiamente profesionales. Dice la DGRN:

"es cuestión esencial a la hora de diseñar la sociedad profesional determinar la forma concreta de encauzar la actividad de la misma para que siendo clara y precisa no invada actividades que no son propias de los profesionales que la componen. Es decir, debe procurarse que el objeto exprese con claridad y precisión la actividad profesional de que se trate, para lo que bastaría configurar el objeto social expresando simplemente la clase de profesional de que se trate (por ejemplo, la actividad propia del ejercicio de los economistas y titulados mercantiles y empresariales, refiriéndonos al caso que nos ocupa), formulación gené- rica y precisa al mismo tiempo que permite incluir en la actividad social todo lo que de sí pueda dar la profesión de que se trate, no siendo aconsejables los objetos farragosos y descriptivos de la actividad profesional que crearán confusión y que, en muchos casos, por tratarse de actividades no claramente profesionales y que también pueden ser realizadas por no profesionales, provocarán la suspensión de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil".

La Resolución DGRN de 17 de enero de 2009 entiende que en las sociedades profesionales multidisciplinares deberá existir al menos un socio de cada una de las actividades profesionales incluidas en el objeto, pero que, en el caso, estando la sociedad constituida por un abogado y un economista, y comprendiéndose en el objeto "el asesoramiento laboral y de la seguridad social y protección de datos", estas actividades están comprendidas dentro del objeto de la profesión de abogado, sin que sea preciso acreditar que algún socio tiene la condición de graduado social (como exigía la calificación registral).

Según la Resolución DGRN de 21 de julio de 2011, la exclusividad del objeto de las sociedades profesionales no impide a estas constituir como socios mayoritarios otras sociedades mercantiles con un objeto diverso, argumentando que la exclusividad del objeto social no implica una limitación a la capacidad de obrar de la sociedad. No obstante, hace la precisión de que esta tesis es aplicable siempre y cuando las actividades de la sociedad en que se participa sean meramente auxiliares de la actividad principal profesional, aunque considerando, a la vez, que el que la participación de la sociedad profesional en la otra sociedad sea mayoritaria no supone que las actividades de aquella no sean auxiliares. 

Inicialmente la DGRN siguió una tesis flexible, considerando que, aun a falta de manifestación expresa, cabía interpretar que la sociedad con objeto profesional se había constituido como sociedad de intermediación. Esta posición cambia desde la Resolución DGRN de 5 de marzo de 2013. En el caso, entre las actividades del objeto social, se incluía el "asesoramiento jurídico". La calificación entiende que esta actividad implica el carácter profesional de la sociedad y la sujeción obligatoria a la Ley de sociedades profesionales. Dice la resolución:

"ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que estamos en presencia de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos estemos en presencia de una sociedad profesional sometida a la ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. Por ello, una correcta interpretación de la Ley de Sociedades Profesionales, debe llevar al entendimiento de que se está ante una sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente".

Se cita por la DGRN como causante de este cambio de doctrina la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012.

Además, si la sociedad constaba inscrita con un objeto social profesional, se habrá producido su disolución de pleno derecho transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley 2/2007 (Disposición Transitoria primera apartado 3 Ley 2/2007). Esto impedirá la inscripción de una escritura que pretenda sustituir el objeto social profesional por el propio de una sociedad de medios o intermediación. Así, la Resolución DGRN de 20 de julio de 2015, relativa a una sociedad que incluía en su objeto inicial "todas las funciones comprendidas dentro del ámbito de la abogacía", aunque se admite, no obstante, por la DGRN, la reactivación de la sociedad. En el mismo sentido, Resolución DGRN de 17 de octubre de 2016.

La Resolución DGRN de 14 de junio de 2017, aunque confirma la calificación registral, anuncia cierto cambio de tendencia. En el caso, se presentaba a inscripción una escritura de cese y nombramiento de administrador social. La sociedad tenía entre su objeto social las actividades de "prestación de servicios de asesoría en los ámbitos (…) financiero, contable y fiscal". El Registrador Mercantil (de Burgos), considerando que la sociedad se hallaba comprendida dentro del ámbito de la LSP y que no se había adaptado en plazo, practica la cancelación de oficio de la hoja registral, y sobre esta base califica negativamente la escritura presentada a inscripción. La DGRN, aunque desestima el recurso, con el argumento de que la cancelación de oficio fue un acto previo a la calificación negativa de la escritura de cese y nombramiento de administradores, hace una consideración sobre la cautela que se debe seguir en este tipo de actuaciones de cancelación de oficio por no adaptación a la LSP. Dice la DGRN:

"Por lo demás, cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de julio de 2012, esta Dirección General (vid. Resoluciones de 5 y 16 de marzo, 2 de julio y 9 de octubre de 2013, 4 de marzo y 18 de agosto de 2014, 20 de julio de 2015, 11 de enero, 17 de octubre y 16 de diciembre de 2016 y 2 de marzo de 2017) ha sentado una consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, de 15 de marzo. No obstante, si tal exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo cuando por los documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral".

La Resolución DGRN de 6 de junio de 2016 rechaza que una sociedad no constituida como profesional pueda utilizar el término "profesional" en su denominación social. La Resolución DGRN de 6 de septiembre de 2016 rechaza, por contrario al principio de veracidad, que una sociedad constituida expresamente como de intermediación pueda utilizar el su denominación social una expresión referida a una actividad profesional (la sociedad se denominaba "Forque Arquitectura. S.L.").

Las sociedades de auditoría no quedan sujetas a la obligación de adaptación obligatoria a la ley de sociedades profesionales, pues los preceptos de esta solo le son de aplicación supletoriamente. Así lo declaró la Resolución DGRN de 5 de marzo de 2009 (artículo 11.2 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas: "... la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales será de aplicación a las sociedades de auditoría de cuentas en cuanto no contravenga esta Ley...").

La exigencia de titulación universitaria oficial excluye del ámbito de las sociedades profesionales aquellas actividades que no precisan dicha titulación para su ejercicio. Así, los administradores de fincas no podrán constituir sociedades profesionales, conforme declara la Resolución DGRN de 18 de junio de 2009 (entre otras).

La Resolución DGRN de 24 de abril de 2017 considera que la actividad de entrenamiento personal (la calificación exigió modificar la expresión inicial "personal training" y su redacción en castellano en defecto que no se recurrió) y las actividades de «gimnasio de rehabilitación y gestión de instalaciones deportivas, clubes deportivos y gimnasio» no tienen carácter profesional conforme a la Ley de sociedades profesionales, distinguiéndolas de la educación física y afirmando "la sociedad recurrente no tiene por objeto social la enseñanza de educación física, y el desarrollo de las actividades a que se refieren los estatutos objeto de la calificación impugnada no se encuentra atribuido en exclusiva a los licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte".

Por su interés notarial, es de citar la Resolución DGRN -sistema notarial- de 22 de enero de 2015, la cual se pronuncia en contra de la legalidad del ejercicio de la función de notario a través de una sociedad profesional. En el caso, la escritura comprendía a abogados y notarios. La escritura de constitución de la sociedad se había ya otorgado e inscrito en el Registro Mercantil. Puesta esta escritura y su inscripción en conocimiento del correspondiente Colegio Notarial (de Cataluña), este eleva consulta a la DGRN, que declara:

"el carácter de funcionario público del Notario no excluye su condición de profesional del derecho. No obstante, el marcado carácter de funcionario público que su condición posee, y el desempeño de la función pública que su labor supone, resulta en todo punto incompatible con el “ejercicio en común” de su actividad que la Ley de Sociedades Profesionales exige, al menos en los mismos términos definidos por ella, pues supondría el desempeño de la función notarial «bajo la razón o denominación social», atribuyendo a la sociedad «los derechos y obligaciones inherentes» a su ejercicio, cuando tales prerrogativas y efectos aparecen indisolublemente unidos por la legislación a la persona física del Notario. En consecuencia, no entiende este Centro Directivo admisible que el desempeño de la función notarial pueda realizarse a través de una sociedad profesional, descartando la posibilidad de que llegue a formar parte de su objeto social".

- El artículo 20 de la Ley de Emprendedores.

El artículo 20.2 Ley 14/2013, de emprendedores exige: 

"en los documentos inscribibles y en la primera inscripción de constitución de las correspondientes entidades en los registros públicos competentes, se expresarán los códigos correspondientes a las actividades que corresponden al respectivo objeto social de cada entidad inscribible. En las cuentas anuales que hayan de depositarse se identificará cuál es la única actividad principal desarrollada durante el ejercicio por referencia al correspondiente código".

La DGRN ha declarado que la obligación de indicar el código de actividad no es exigible respecto de toda actividad incluida en el objeto social, sino solo de la actividad principal (Resoluciones DGRN de 2 y 3 de junio de 2014, Resolución DGRN de 23 de julio de 2015, entre otras). Esta solución se apoyaba en una interpretación conjunta de este párrafo 2 del artículo 20 con lo dispuesto en el primer párrafo del mismo artículo 20 de la Ley 14/2013, que establece la obligación de todo emprendedor de indicar en todas sus relaciones con la administración su actividad principal, lo que se entendía necesario desde el mismo momento de la inscripción de la sociedad. 

Así, la Resolución DGRN de 13 de febrero de 2015 insistía en la doctrina expresada, en el siguiente párrafo que transcribo, en el que reconoce, con todo, la poca fortuna de la redacción legal:

"Es cierto que el número 2 del mismo artículo, al referirse a las «entidades» sujetas a inscripción, parece exigir lo contrario al referirse en plural a los códigos correspondientes a las actividades integradas en el objeto. Una interpretación finalista y conjunta del precepto, de redacción no excesivamente afortunada, impone sin embargo que es suficiente con la determinación de un único código de actividad pues, dada la finalidad estrictamente estadística de la medida, es el interés de la Administración competente al efecto (el Instituto Nacional de Estadística), el que debe ser atendido. Como resulta del propio artículo, es suficiente que se determine para cada ejercicio y con ocasión del depósito de cuentas, un solo código de actividad , lo que confirma que a efectos de inscripción la obligación queda cubierta con la declaración relativa a la actividad principal aun en el supuesto de que el objeto contuviera una multiplicidad de actividades posibles. Nada obsta desde luego a que el interesado haga constar todos los códigos referidos a las actividades comprendidas en el objeto social sin perjuicio de que uno de ellos ha de tener la designación de principal como exige la interpretación conjunta de los números 1 y 2 del artículo 20 de la Ley 14/2013".

La Resolución DGRN de 4 de abril de 2016 considera que la exigencia del artículo 20 de la Ley de Emprendedores no tiene una finalidad estrictamente civil o mercantil, y, además de confirmar que solo es necesario expresar el Código de la actividad principal. Este Código de actividad debe figurar en la inscripción, estando sujeto a calificación su correspondencia con la actividad principal. Dice la resolución: "la inscripción de constitución de la sociedad o la inscripción de modificación del objeto social deben contener necesariamente el código de actividad correspondiente a la principal que desarrolle la sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente», cuestiones que debe calificar el registrador. Si el título contiene los códigos de actividad correspondientes a otras contenidas en el objeto social deben constar en la inscripción correspondiente sujetándose a la calificación en los términos expresados". Pero esto no supone que deba existir una coincidencia literal entre el objeto social y la correspondiente actividad de la lista de Códigos. Dice la resolución: "De la interpretación literal y finalista de la norma que exige identificar la principal actividad de la sociedad por referencia al código de actividad económica que mejor la describa resulta que en el presente caso queda aquélla cumplida, pues se expresa que el código que más se adecua a la actividad «principal» de la sociedad es el indicado, sin que exista norma alguna que exija transcribir el epígrafe con el que, en la citada Clasificación, se detalla la clase correspondiente al código indicado, ni la reiteración de la actividad incluida en la definición del objeto social que constituya la actividad principal, toda vez que ésta queda claramente especificada «per relationem», por la mera indicación del código expresado".

- En cuanto a los estatutos-tipo en la sociedad expres del artículo 16 Ley de Emprendedores.

Los modelos de estatutos tipo deben ser aprobados reglamentariamente. Esto se ha producido por el citado Real Decreto 421/2015, de 21 de mayo (que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, la cual ha tenido lugar el 13 de junio de 2015).

Dichos estatutos-tipo tendrán un formato estandarizado, según dice la Ley.

Conforme señala el artículo 5 del Real decreto 421/2015, estos estatutos tipo serán redactados directamente en la plataforma telemática del CIRCE, cumplimentando los campos variables, dando lugar al documento de estatutos que se incorporará a la escritura, que deberá incluir el código ID-CIRCE, generándose un fichero informático (xml) que será remitido al notario junto con el DUE. 

Con la anterior regulación contenida en el Real Decreto Ley 13/2010, la DGRN había admitido la posibilidad de que en los Estatutos tipo aprobados por Orden Ministerial, se concretase en el momento de la constitución aspectos, como la mayor precisión de las actividades comprendidas en el objeto social, dentro de los que preveía genéricamente la norma, o la determinación del sistema de retribución de los administradores. También resultaba necesaria la corrección del modelo de estatutos aprobado, en cuanto a la determinación del número máximo y mínimo de administradores exigido legalmente. Sin embargo no cabe, si se pretende ajustarse al procedimiento especial, otras modificaciones de los estatutos-tipo.

En cuanto al objeto social, este es uno de los campos que se establecen como variables. Es de destacar que ya no existe una relación genérica de actividades, así que las que se incluyan en el objeto se precisarán, con referencia al Código Nacional de Actividades (CNEA 2009), indicando, además, la actividad principal. 

Según el artículo 4 Real Decreto 421/2015:

1. El objeto social se identificará en los estatutos-tipo mediante la selección de alguna o algunas de las actividades económicas y de sus códigos determinados habilitados por Orden del Ministro de Justicia, debiendo estar disponibles en la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia, con la descripción correspondiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). El código o códigos a seleccionar deberán tener al menos dos dígitos.

2. Entre las actividades que conformen el objeto social, se señalará una, a efectos de ser considerada como actividad principal. En este caso se especificará con el código CNAE a cuatro dígitos".

Este artículo reglamentario responde a lo dispuesto en el citado artículo 20 de la Ley de Emprendedores.

El Real Decreto 421/2015 se aparta de esta doctrina de la DGRN sobre necesidad de indicar solo el código de la actividad principal, confirmando la necesidad de constancia en los estatutos de los códigos de todas las actividades que integran el objeto social, aunque distingue según el código de actividad corresponda a la principal o a otras actividades, en cuanto al número de dígitos.

En cuanto a la exigencia de indicar dicha actividad principal para la inscripción, parecía desprenderse de la doctrina de la DGRN que esta indicación no era sino una mera declaración, que podría ser modificada sin necesidad de modificación de los estatutos, a través de la indicación de otra actividad en las sucesivas cuentas anuales, en el caso de que la sociedad varíe su actividad principal inicial.

Por ello, entiendo que lo más justificado es que no se recogiese dicha declaración en los propios estatutos, sino en la escritura fundacional, como declaración de los fundadores y no como cláusula estatutaria. Sin embargo, el Real Decreto 421/2015 incluye esta mención de la actividad principal en los propios estatutos sociales, lo que planteará si será necesaria la modificación estatutaria, con el correspondiente gasto, cada vez que se varíe la actividad principal de la sociedad. 

Aunque el Real Decreto 421/2015 tenga por objeto la regulación de los estatutos tipo previstos en el artículo 15 Ley 14/2013, y el artículo 20 Ley de Emprendedores sea aplicable a todas las sociedades, parece que la doctrina resultante de la norma reglamentaria se extenderá a todas las sociedades. No obstante, la ya citada Resolución DGRN de 4 de abril de 2016 confirma su doctrina sobre que solo es necesario la expresión del Código de la actividad principal de la sociedad. La Resolución DGRN de 23 de julio de 2015 indica que su expresada doctrina "sin perjuicio, de futuro, de lo que se disponga en relación con la constitución de sociedades de responsabilidad con estatutos tipo en formato estandarizado en ejecución de las previsiones del artículo 15 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (cfr., en este sentido, lo establecido en el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva)". Parece considerar la DGRN que las disposiciones de la norma reglamentaria sobre estatutos-tipo se limitan a su propio ámbito.

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