miércoles, 29 de junio de 2016

De nuevo sobre la vocación y delación sucesiva, la sustitución vulgar, la renuncia a la herencia y la capacidad para suceder. La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2016 y la RDGRN de 6 de junio de 2016.





La familia veneciana. Pietro Longhi. 1765.


Recientemente, el Tribunal Supremo y la DGRN se han pronunciado sobre la cuestión de las delaciones sucesivas, abordándola desde diversas perspectivas, la constitucional y la de la capacidad suceder, teniendo las dos resoluciones que analizaremos un gran interés práctico notarial. En ambos supuestos, estuvieron presentes las consecuencias de una repudiación hereditaria, siendo de reflexionar las evidentes dificultades que produce la combinacion de dos factores: de un lado, la incompleta regulación que nuestro Código Civil dedicó a esta materia de la repudiación y las delaciones sucesivas; y del otro, el aumento en el número de repudiaciones hereditarias que se viene produciendo en los últimos tiempos, por causas por todos fácilmente imaginables.

A estas materias ya le he dedicado varias entradas previas en el blog, a las que me remito, así que ahora me limitaré al resumen de las resoluciones, y a su muy breve comentario.

En este caso, el Tribunal Supremo se ocupa del llamamiento a unos parientes naturales del causante en una sucesión intestada en un supuesto de vocación calificada expresamente por la sentencia de sucesiva. 

El asunto se aborda desde la perspectiva constitucional, analizando la aplicación a la sucesión del principio de no discriminación por razón de sucesión, en relación con la tradicional posición del Tribunal sobre la no retroactividad de dicho principio en sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de la Constitución.

En la legislación preconstitucional (en realidad, el Codigo Civil no fue modificado hasta la reforma de 13 de mayo de 1981, pero desde la entrada en vigor de la Constitución deben entenderse derogadas tácitamente todas sus disposiciones contrarias a la misma), dichos parientes no matrimoniales, o bien no ostentaban derechos sucesorios legales en absoluto (caso de los ilegítimos, nacidos de personas que no hubieran podido estar casadas entre sí al tiempo del nacimiento, como los que que tuviera uno de los miembros del matrimonio con persona distinta de su cónyuge),  o los ostentaban de modo limitado (caso de los hijos naturales, nacidos de personas que podían haber estado casadas al tiempo del fallecimiento, como dos personas solteras).

Aun manteniendo esta posición sobre la no retroactividad de las normas constitucionales, la reciente jurisprudencia ya la había matizado, considerando que el principio de no discriminación por razón de filiación, conforme al cual los descendientes o parientes no matrimoniales (los antes llamados naturales o ilegítimos, en contraposición a los legítimos) deben de ser equiparados a los matrimoniales en sus derechos legales, era de aplicación a las sucesiones que, aun habiendo sido abiertas (fecha de la muerte del causante) antes de vigencia de la Constitución, se consideraran como no agotadas o consumadas en el referido momento de la vigencia de la norma constitucional. 

La principal dificultad que plantea la aplicación de esta doctrina está, a mi entender, en la definición del concepto de sucesión no agotada.

En el caso resuelto por esta sentencia de 1 de junio de 2016, la causante muere antes de la entrada en vigor de la Constitución (falleció en el año 1966), bajo un testamento en que instituía heredera a una orden religiosa, con la carga de constituir con los bienes de la herencia una fundación que construyese y regentase un hospital. Dicha orden religiosa  repudia la herencia (aunque sea apartarnos del supuesto estamos tratando, podría dudarse aquí de la necesidad de aprobación judicial de dicha renuncia, ex artículo 994 del Código Civil). El testamento establecía una sustitución vulgar a favor de la Diputación de Albacete, con la misma carga. Por sentencia judicial se declara que la Diputación de Albacete incumplió la carga impuesta y que procedía la apertura de la sucesión intestada. Dicha sentencia es del año 2001. La pariente más próxima es una prima de la causante, hija natural de un tío de la misma.

La sentencia, después de reafirmar la dosctrina general sobre no aplicación retroactiva del principio constitucional de no discriminación, recuerda su reciente jurisprudencia que excepciona el caso de herencias no consumadas o agotadas antes de la vigencia de la Constitución, lo que aplica al caso concreto, con el siguiente argumento:

"En el presente caso, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta, la aplicación retroactiva del principio constitucional de igualdad o de no discriminación encuentra su fundamento primario en el hecho de que las relaciones sucesorias, atendidas las circunstancias del proceso sucesorio, no se encontraban consolidadas o agotadas antes de la entrada en vigor de la Constitución. En efecto, si atendemos a dicho proceso sucesorio, observamos que, con independencia del momento de apertura de la sucesión, que siempre viene determinado por el fallecimiento del causante, la dinámica sucesoria respondió, a semejanza de lo expuesto con relación al fideicomiso, a un orden sucesorio sucesivo determinado, consecutivamente y de forma independiente, por distintas vocaciones hereditarias (testamentaria y abintestada, ambas válidas) y por distintos llamamientos concretos a su adquisición (ius delationis). De ahí que no pueda afirmarse que el fenómeno sucesorio, con relación a estos presupuestos del proceso sucesorio, estuviera consumado o agotado en el año 2001. Año en donde, tras el incumplimiento de la carga hereditaria por parte de la Diputación Provincial, se abre la sucesión intestada, cuando ya resultaba de aplicación la Constitución. Por lo que el motivo debe ser desestimado".

Por tanto, la fecha que se toma en cuenta para la aplicación de la Constitución, por considerar como sucesión no agotada un supuesto de vocación sucesiva testada e intestada, es la de la sentencia judicial que declaró el incumplimiento de la carga por la Diputación y la apertura de la sucesión intestada.

No consta del relato de hechos en qué momento la orden religiosa instituida en primer término repudió la herencia, pero cabe entender que, con la doctrina jurisprudencial expuesta, en el supuesto en que una repudiación tuviera lugar tras la entrada en vigor de la Constitución, aunque la sucesión se hubiese abierto antes de la misma, determinando esa repudiación una delación sucesiva, bien a un sustituto vulgar, bien a un pariente intestado, por la vía de la apertura de la sucesión intestada por ineficacia del llamamiento testamentario, o dentro dela propia sucesión intestada, por determinar un llamamiento sucesivo a los parientes del grado siguiente, ex artículo 923 Código Civil, sería la fecha de la repudiación la que se tomaría en cuenta a efectos del principio constitucional de no discriminación. 

La sentencia encuentra su principal apoyo en la previa Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2013

El caso resuelto en esta sentencia versaba sobre un testamento otorgado en el año 1935 en que se preveía una sustitución fideicomisaria, siendo fiduciarios dos hijos del testador, y fideicomisarios los hijos y descendientes legítimos del fiduciario. Uno de los fiduciaros adoptó a un hijo en forma simple y fallece en el año 1991. Tanto el Juzgado de Instancia como la Audiencia consideran que, conforme a la legislación vigente en el momento del fallecimiento del fiduciario y los principios constitucionales, el hijo adoptado en forma simple debía ser considerado comprendido dentro de la expresión hijo legítimo.

En el caso, el supuesto fideicomisario, hijo adoptado en forma simple por el fiduciario, había fallecido antes que éste, pero después del fideicomitente, siendo una sustitución fideicomisaria pura y simple, a la que sería de aplicación el 784 Código Civil.

El Tribunal Supremo considera que no cabe una interpretación integradora de la voluntad del testador, cuando ésta aparece de modo claro en el testamento.

Pero, sin embargo, el Tribunal aplica el principio constitucional de no discriminación, con la siguiente argumentación:

"En este sentido, la peculiar naturaleza de la sustitución fideicomisaria determina el establecimiento de un orden sucesivo y cronológico en el proceso adquisitivo de la herencia o legado de que se trate, culminándose dicho proceso con la correspondiente restitución de los bienes hereditarios a los herederos fideicomisarios, sobre los que ya no pesa ninguna carga de conservación o restitución de los mismos. En el presente caso, el fideicomisario adoptado adquirió su derecho hereditario desde la muerte del testador fideicomitente, transmitiendo dicho derecho a sus herederos tras su propia muerte ( artículo 784 del Código Civil ). Sin embargo, dicha transmisión no operó la consumación o consolidación de la situación sucesoria creada y, con ella, la definitiva adquisición de la herencia, al quedar sujeta tanto a la muerte del heredero fiduciario adoptante, que murió con posterioridad al heredero fideicomisario adoptado, como la aceptación de la herencia fideicomisaria por sus propios herederos, como titulares del derecho hereditario objeto de transmisión, esto es, respecto de la restitución o deber de entrega de los bienes de la herencia a la muerte del heredero fiduciario, en el año 1991, como en relación a la aceptación tácita de los herederos del heredero fideicomisario implícita en la demanda de 10 mayo 1999, que inicia el presente litigio, y por la que declaran su condición de propietarios de los bienes hereditarios. Proceso adquisitivo, abierto y todavía no consolidado, en el que resulta pertinente la aplicación retroactiva del principio constitucional de igualdad o no discriminación ( artículos 14 y 39 CE ) respecto de sucesiones que aunque abiertas con anterioridad a la Constitución, no obstante como es del caso, no han consolidado o agotado el proceso sucesorio y adquisitivo derivado".

Al margen de que se trataba de un adoptado en forma simple, resultando dudoso que la filiación adoptiva esté sujeta a ese principio de no discriminación de filiaciones, y, en realidad, la cuestión era de interpretación de la voluntad del testador y no de aplicación de la norma legal, es de destacar que la consumación de la sucesión se sitúe en dos momentos: el fallecimiento del fiduciario y la aceptación de la herencia por los herederos del fideicomisario. En particular, esta última consideración llevaría a aplicar el principio constitucional de no discriminación a toda sucesión en la que no se hubiera producido la aceptación del llamado, lo que implica olvidar el efecto retroactivo de la aceptación.

Pero, en realidad, de lo que se trataba era de un supuesto de derecho de transmisión, pues el fideicomisario, en un fideicomiso puro, adquiere derecho a la sucesión desde la muerte del fideicomitente y lo puede transmitir a sus herederos (artículo 784 del Código Civil). Por ello, lo que puede deducirse de esta sentencia que si procede el llamamiento al transmisario, produciéndose el fallecimiento del transmitente después de la entrada en vigor de la Constitución, ello podría conllevar que no se considerase agotada la sucesión  hasta que la transmisión del ius delationis se produjere, e incluso hasta la aceptación por el transmisario de la herencia del primer causante.

- La Resolución DGRN de 6 de junio de 2016.

En esta resolución se aborda una materia de gran interés práctico, relacionada con la sustitución vulgar y la repudiación de la herencia.

La cuestión es si, producida la repudiación de la herencia del llamado, los sustitutos vulgares previstos para el caso de renuncia (recordando que la hecha de modo simple o sin expresión de casos comprende el de no querer ser heredero), partiendo de que exista un llamamiento genérico a los mismos, como el que se hace a los descendientes del sustituido, y que el causante no haya resuelto expresamente la duda, deben existir (haber nacido) al tiempo de la apertura de la sucesión.

Es una cuestión trascendente, sobre la que no existía doctrina de la DGRN, hasta donde alcanzo, y sobre la que la jurisprudencia se había pronunciado solo con carácter obiter dicta, en la sentencia que después diremos, y a la que, además, he dedicado varias entradas de este blog.

La DGRN resuelve que, producida la renuncia del primer llamado, y estando designados como sustitutos vulgares sus descendientes, este llamamiento a los sustitutos no comprende a los descendientes del sustituido nacidos con posterioridad al fallecimiento del causante.

Se apoya la DGRN en la dicción literal del artículo 758 del Código Civil ("Para calificar la capacidad del heredero o legatario se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate...Si la institución o legado fuere condicional, se atenderá además al tiempo en que se cumpla la condición"), según el cual, en el llamamiento condicional, el heredero o legatario debe ser capaz "además" en el momento del cumplimiento de la condición, con lo que se estaría afirmando que tiene que serlo también en el de la apertura.

Se cita también en apoyo de esta solución un párrafo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2004 que declara: «Ocurre aquí que la herencia ha sido repudiada por los herederos instituidos y también por los descendientes en primer grado de éstos, lo que no es óbice para que, en virtud de lo expresado en el testamento (sustituyéndolos vulgarmente por sus respectivos descendientes), sean llamados otros sustitutos vulgares, que hayan sobrevivido no sólo al testador, sino también al acto jurídico de las repudiaciones obradas por los herederos instituidos y sus descendientes en primer grado, es decir que tengan capacidad para heredar... la nueva delación se reproduce, retrotraída asimismo, al mismo momento, lo que supone que no resulta deferida, sino que es reproducida, no sólo en cuanto a su repetición, sino también respecto al tiempo en que se retrotrae, en cuyo momento (fallecimiento del causante, apertura de la sucesión) es cuando hay que apreciarla capacidad de los sustitutos».

Como ya escribí en otra entrada (La delación sucesiva ...): "En este párrafo se considera necesaria la existencia del sustituto vulgar llamado tanto en el momento del fallecimiento del causante, con lo que los descendientes nacidos después de esta fecha y antes de la renuncia no serían capaces para suceder, como la sobrevivencia del sustituto a la renuncia, lo que supondría dar a la sustitución vulgar en caso de renuncia el carácter de llamamiento condicional, de manera que si el sustituto falleciera antes de la renuncia, no transmitiría su derecho a sus herederos. Ambas afirmaciones son discutibles, según todo lo que hemos expuesto. En todo caso, no consta que se trata de verdadera ratio decidendi, como lo sería si se hubiera pronunciado expresamente sobre la exclusión de algún descendiente nacido después de la apertura de la sucesión o fallecido antes de la renuncia".

La DGRN, sin embargo, sigue esta posición, afirmando:

"En consecuencia, tanto de la literalidad del artículo 758 del Código Civil como de la jurisprudencia mencionada, resulta que para heredar o adquirir el derecho al legado, se requiere al menos estar vivo al tiempo del fallecimiento del testador que es el momento de la apertura de la sucesión, sin perjuicio de la discusión doctrinal sobre si se requiere capacidad para suceder al tiempo de la renuncia del primer instituido".

De párrafo transcrito resulta que la resolución no ha querido pronunciarse expresamente sobre otra de las cuestiones dudosas que plantea la sustitución vulgar en relación con la repudiación, la de si el sustituto debe sobrevivir al sustituido repudiante, o bien, de fallecer antes de la repudiación, asumiendo que existía al tiempo de la apertura de la sucesión, transmite su derecho a sus herederos, cuestión que se discute sobre la base de la naturaleza o no condicional de la sustitución vulgar (como trato en esta entrada "Sustitución vulgar III. Determinación de los sustitutos ...). Aunque pudiera parecer que la asimilación del llamamiento al sustituto al supuesto del heredero o legatario condicional del artículo 758 Código Civil, que encontramos en la resolución, supondría aceptar la tesis favorable a exigir la supervivencia del sustituto a la renuncia, la misma DGRN nos aclara que sobre esta última cuestión no está estableciendo doctrina ("sin perjuicio de la discusión doctrinal sobre si se requiere capacidad para suceder al tiempo de la renuncia del primer instituido").

Sí parece que su posición pudiera extenderse a otro supuesto que puede plantearse en relación con la repudiación: el del llamamiento subsidiario en la sucesión intestada a los parientes del grado siguiente cuando repudian todos los llamados del grado preferente (artículo 923 Código Civil), cuestión a la que también me refiero en la entrada enlazada, aunque mi opinión no sea favorable a esta tesis, por las razones que ya he dado (aunque la doctrina sí parece mayoritariamente favorable a esta tesis, según allí digo). A mi entender, la Sentencia del Tribunal Supremo primeramente analizada, de 1 de junio de 2016, al considerar que en una caso de apertura de sucesión intestada sucesiva por resultar fallida la testada, aquella no se podía considerar consumada o agotada hasta que tenga lugar la vocación sucesiva, es un argumento favorable para estimar que el llamamiento sucesivo a los parientes de grado siguiente lo será a los que sean capaces (y existan) en el momento de producirse esta delación, a pesar del artículo 758 del Código Civil, lo que, además, es la solución más conforme con el llamamiento por órdenes sucesorios que subyace en el fondo de la regla del artículo 923 (no llamar a un ascendiente mientras existan descendientes y no llamar a colaterales mientras existan miembros de los órdenes preferentes). Una vez producida la repudiación, sin embargo, sí se agotaría el llamamiento, y este nunca incluiría a posibles descendientes nacidos con posterioridad a ese momento de la renuncia.

Por último, apuntar que, cuando estemos ante una sustitución vulgar, siempre prevalecerá lo dispuesto por el causante, que puede incluir en su llamamiento a los sustitutos a personas no nacidas en el momento de la apertura de la sucesión, pues el llamamiento al concepturus es válido, aunque con la doctrina de esta resolución deberá hacerse de modo expreso, y también podrá disponer la transmisión de sus derechos por los sustitutos fallecidos antes de la repudiación.


lunes, 27 de junio de 2016

El vendedor puede repercutir al comprador la parte proporcional del IBI del año de la venta. La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016



Monje cobrador de impuestos en el templo. Konstantin Makovsky, 1900.


Dedicaré esta entrada a un breve comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016, por su gran interés práctico.

Esta sentencia aborda la distribución del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio en que se realiza la venta del inmueble. Esta es una cuestión que se plantea casi a diario en las notarías, y aunque las cantidades en discusión normalmente no son grandes, la experiencia me ha demostrado que el calificativo de "grande" aplicado a cantidades (y seguramente también a otras cosas) es puramente subjetivo, lo que puede conducir a discrepancias más o menos agrias, según los caracteres de las partes. Incluso, en ocasiones, la cifra sí será objetivamente de importancia, sobre todo si, como en el caso de la sentencia, se realiza la venta de una pluralidad de inmuebles. Además, cuando se trate de ventas por promotores, aunque individualmente las cantidades puedan no ser elevadas, el asunto debe analizarse desde la perspectiva global del conjunto de ventas que realiza el profesional.

La sentencia analizada comienza por recordar que el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un tributo periódico que grava al propietario (o al usufructuario, superficiario o concesionario) de bienes inmuebles, se devenga el uno de enero de cada año. Transcribo su Fundamento de Derecho 3º, lo que servirá de exposición general de la normativa al respecto:

viernes, 24 de junio de 2016

La presentación, adveración y protocolización del testamento ológrafo ante notario.




(Una anciana dormitando sobre un libro. Nicolaes Maes, 1655).


Me ocuparé en esta entrada, la última de las tres sobre el testamento ológrafo, de los concretos trámites de presentación, adveración, apertura y protocolización de dicho testamento ológrafo, realizados ahora todos ellos ante notario. Porque, si en la regulación anterior el notario solo intervenía en la fase final de protocolización del testamento, una vez adverado judicialmente, tras la reforma, todo el expediente se tramita en sede notarial, quedando la vía judicial como recurso subsidiario ante la decisión favorable o desfavorable del notario sobre el fondo del expediente.

Artículo 61 Ley del Notariado.

1. ...

2. Si transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no fuera presentado conforme a lo previsto en el Código Civil, cualquier interesado podrá solicitar al Notario que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento ológrafo para que lo presente ante él. Deberán acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante información del Registro Civil y del Registro General de Actos de Última Voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento.

3. Cuando comparezca ante Notario quien tenga en su poder un testamento ológrafo en cumplimiento del deber establecido en el artículo 690 del Código Civil y manifestara no tener interés en la adveración y protocolización del testamento, el Notario procederá conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 57.

4. No se admitirán las solicitudes que se presenten después de transcurridos cinco años desde el fallecimiento del testador".

Los apartados transcritos se refieren al trámite de presentación ante notario del testamento ológrafo.

¿Qué debe presentarse ante el notario?

Lo que debe presentarse es el testamento original, no siendo suficientes copias o reproducciones del mismo.

El Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 20 de abril de 2009 rechaza la protocolización de un testamento ológrafo por no haber sido presentado su original, sino una fotocopia del mismo (redactado en alemán), con una traducción jurada, considerando que una fotocopia no cumple los requisitos precisos para el proceso de adveración del testamento.

El caso presenta la peculiaridad de que el testamento original se había protocolizado en Austria, y se solicitaba la ejecución del mismo en virtud del Convenio hispano-austriaco de reconocimiento y ejecución de  resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil de 17 de febrero de 1984. Aunque se niega la protocolización notarial en España de la fotocopia del mismo, parece que el testamento protocolizado en Austria podría tener efectos, como título sucesorio en España, sin necesidad del trámite de protocolización. La propia sentencia argumenta: "A mayor abundamiento debe de significarse, que no acredita la parte apelante el interés por cuanto en su propio escrito invoca expresamente "que el Tribunal del Distrito de Salzburgo de la Republica de Austria ha aceptado dicho testamento ológrafo como único y válido al tiempo que ha reconocido a mi representada como heredera en virtud de Auto de fecha 29 de Mayo de de 2006".

En el mismo sentido de negar la presentación de una fotocopia del testamento, el Auto de la Audiencia Provincial de Jaén de 12 de junio de 2008, que dice:

"esta Sala considera que el documento aportado constituye una mera copia o fotocopia del testamento original redactado por D. Jesus Miguel , y al constituir una copia del original ello conduce a la imposibilidad de protocolizarlo y adverarlo como testamento ológrafo, ya que el trámite judicial previsto en los preceptos sustantivos 689 a 693 del C. Civil, exigen inexcusablemente la presencia del documento original". 

También en la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2002, donde se aportaba un testimonio notarial del testamento ológrafo. Dice la sentencia:

"Sorprende ante todo que la actora pretenda obtener el reconocimiento de la existencia, autenticidad y validez como testamento ológrafo de un conjunto de tres documentos y no aporte al pleito el original de los mismos, sino una simple fotocopia de cada uno de ellos siquiera haya sido legitimada notarialmente, pues ello priva al Órgano Jurisdiccional de elementos indispensables para pronunciarse sobre la autenticidad pretendida...". En el caso, además, existían otros defectos formales, como falta de firma.


viernes, 17 de junio de 2016

La capacidad del testador y el juicio notarial. Las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015, 26 de junio de 2015, 10 de septiembre de 2015 y 8 de abril de 2016.




(Ciencia y caridad. Pablo Picasso).


Como notario, y creo que será una consideración bastante generalizada entre el cuerpo, una de las actuaciones más difíciles y que mayor responsabilidad, no ya jurídica sino moral, implican es la apreciación de la capacidad de las partes. Se trata de una de esas situaciones, por otra parte no extraordinarias en la vida, en las que es casi tan malo pasarse como quedarse corto. Pues el mismo daño, o quizás hasta más, se hace autorizando el documento de una persona incapaz, que privando a alguien capaz de su derecho civil a realizar notarialmente un acto. Y si esto es así en general, la cuestión se vuelve especialmente delicada en el caso de los testamentos.

Es una tendencia verdaderamente común, y hasta cierto punto todavía sorprendente para mí, dejar el otorgamiento del testamento hasta casi las últimas, o ultimísimas, fases de la vida, en las que la edad o la enfermedad, o normalmente ambas cosas, afectan, en mayor o menor grado, a las facultades intelectuales y físicas de la persona, lo que no necesariamente implica que se sea incapaz, a edades elevadas o en situaciones de grave enfermedad, de formar una voluntad y de expresarla, con más o menos dificultad, pues senectud no equivale a incapacidad, según ha afirmado reiteradamente nuestra jurisprudencia.

En numerosas ocasiones, lo que subyace en los casos que se judicializan, como veremos, es una situación de conflicto familiar, en la que el testador participa, a su pesar, más como objeto que como sujeto, y que se plantea vinculada al cuidado de los ancianos, por llamar a esto de alguna forma, pues, en realidad, de lo que se trata es del control de su voluntad, lo que se plasma en sucesivos testamentos de signo contrario, según cambie el familiar (o no familiar) que domina la situación, y todo ello normalmente unido a un patrimonio de entidad suficiente para justificar los desvelos de los allegados.

jueves, 2 de junio de 2016

La caducidad del plazo fiscal de repercusión del IVA no extingue la acción civil del vendedor contra el comprador para el cobro del mismo. Las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 1ª de 19 de enero y de 16 de noviembre de 2015.





Jesús exhorta a Mateo a dejar el oficio de publicano. Jan Van Hemessen. 1540.


Las Sentencias del Tribunal Supremo Sala 1ª de 19 de enero de 2015 y de 16 de noviembre de 2015 declaran que el que el vendedor deje transcurrir el plazo legal previsto en la norma fiscal para la repercusión del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es causa que extinga la obligación civil asumida frente a él por comprador de hacerse cargo del mismo.

Recordemos que, como regla general, el sujeto pasivo en el IVA de la entrega de bienes es el transmitente (empresario o profesional), dejando ahora al margen los casos de inversión del sujeto pasivo (entre los que se comprenden el de la renuncia a la exención en entregas de inmuebles o las entregas de inmuebles realizadas en el curso de un proceso concursal, siempre que el adquirente sea un empresario o profesional -artículo 84 LIVA), que el impuesto se devenga en el momento de la entrega, sin que esto se modifique porque el precio pueda quedar aplazado (a la inversa, si existen pagos anticipados, el IVA correspondiente a los mismos se devengará en el momento del anticipo) y que el transmitente tiene la obligación legal de repercutir el impuesto sobre el adquirente, fijándose en la norma fiscal el plazo máximo de un año para realizar dicha repercusión.

Así, el artículo 88 Ley del Impuesto sobre el valor añadido dispone, en sus apartados 3 y 4:

"Tres. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente.

Cuatro. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo".

En cuanto al devengo del impuesto, fecha desde que se computa el plazo de un año para la repercusión, dice el artículo 75.1.1º LIVA:

"Uno. Se devengará el Impuesto:

1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constituyan su objeto se pongan en posesión del adquirente.

Y según el apartado dos de este mismo artículo 75 LIVA:

"No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos".

Podría pensarse que la pérdida del derecho a repercutir el impuesto, según la norma fiscal, impide al vendedor cobrar el mismo al comprador, una vez transcurrido el año desde el devengo (lo que puede producirse desde la entega o desde el pago anticipado). 

En los casos resueltos por el Tribunal Supremo, las partes entendieron inicialmente sujeta la operación al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al considerar erróneamente que estaba exenta de IVA. Cuando se concluye que estaba sujeta y no exenta a IVA, y no lo estaba, por lo tanto, al concepto Transmisiones patrimoniales, tras consulta efectuada a la Dirección General de Tributos, el comprador obtiene la restitución de la cantidad debidamente ingresada por este último impuesto, y el vendedor hace el correspondiente ingreso fiscal del IVA, reclamando al comprador su importe, más los intereses de demora correspondientes. Pero en dicho momento ya había transcurrido el plazo máximo de repercusión del impuesto, lo que alega el comprador para negarse al pago. Los compradores impugnan la repercusión del IVA ante los Tribunales económicos administrativos, quienes declaran caducado el derecho del vendedor a repercutir el impuesto, resoluciones que no son recurridas judicialmente.

Pero según el Tribunal Supremo (en contra, por cierto, del criterio de los Tribunales de instancia, que desestimaron la demanda civil contra los compradores), la obligación civil asumida por el comprador de atender al pago del IVA no se ve afectada por la caducidad fiscal del derecho a repercutir el impuesto.

Estas sentencias del Tribunal Supremo se enmarcan, a mi entender, en la línea jurisprudencial civil, a la que existen no obstante excepciones, según la cual la infracción de una norma administrativa no produce la nulidad del acto o de la obligación civil.

Es de resaltar que, en los supuestos de las sentencias analizadas, la cláusula que el Tribunal Supremo valora como generadora de la obligación del comprador era genérica, incluyendo todos los impuestos derivados de la compraventa, lo que no obsta a que se entienda surgida de la misma una obligación para el comprador de pagar el IVA, aunque parece de los hechos que las partes pensaban, al otorgar la escritura, que la operación estaba sujeta a Transmisiones Patrimoniales (piénsese, por ejemplo, que el tipo de uno y otro impuesto pudiera ser distinto, lo que podría incluso llegar a plantear la existencia de un error invalidante, aunque esta cuestión no llegó en ningún momento a suscitarse por el demandado). No genera ninguna reflexión tampoco en el Tribunal Supremo el que se tratara, aparentemente, de un contrato entre un empresario y un consumidor, en el que cualquier duda interpretativa debería resolverse en contra del primero (en el caso, el vendedor era un organismo público del Ministerio de Defensa -Infeva-, pero esto no excluiría su condición de empresario en la contratación privada con los consumidores).

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en contra de lo considerado por los Tribunales de Instancia, que habían sostenido que los Tribunales civiles, en casos como los presentes, donde, según su criterio, existían dudas sobre el impuesto a satisfacer, estaban sujetos a lo decidido en vía administrativa, defiende la competencia de la jurisdicción civil para decidir sobre el reembolso de impuestos, afirmando que no existía controversia sobre que el comprador había asumido el pago de los impuestos de la operación y que dicho pacto incluía el pago del IVA, argumentando que: "los compradores podían tener dudas sobre qué impuesto pagar pero no podían poner en duda que tenían tal obligación de pago". 

Una primera conclusión que puede extraerse de la sentencia es la de la validez civil del pacto por el cual el comprador se obligara a pagar el IVA devengado de forma aplazada, aunque el plazo exceda del previsto en la norma fiscal para la repercusión del impuesto.

Y otra cuestión que apunto es que, en el supuesto de la cesión de suelo por vuelo, en la cual, según reiterada doctrina administrativa, el devengo del IVA generado por la futura entrega de pisos o locales a construir se produce en el momento de la cesión del terreno, considerándose la cesión un pago anticipado de los futuros pisos o locales. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, en la sentencia analizada, aunque las partes por error o por pacto expreso hubieran diferido el pago del IVA por el cedente del terreno y adquirente de los pisos y locales, al momento de la entrega de estos, y este momento difiriera en más de un año desde la entrega del terreno, esto no afectaría a la validez civil de la obligación asumida.

Lo que sí entiendo dudoso es la posibilidad de que el vendedor exija los intereses al comprador, o posibles recargos que se hayan derivado del retraso en el ingreso, pues, además de que para constituir en mora al comprador es preciso el requerimiento o intimación, el retraso generador de la mora debe ser culpable, y parece que la obligación de conocer si la operación está sujeta a IVA o no recaerá como regla general en el vendedor empresario o profesional, que es quien tiene el deber legal de repercutirlo. Así lo reconoce expresamente el Tribunal Supremo, como veremos.

Por último, señalar que, en el caso, el vendedor-empresario tuvo que ingresar efectivamente el IVA. Esto supone que la obligación fiscal no había prescrito. Si, por el contrario, dicha obligación prescribió, la exigencia del cobro del IVA al comprador carecería de causa, aunque este hubiese este asumido el pago en el contrato civil. 

Transcribo a continuación los párrafos que contienen la decisión del Tribunal Supremo en las sentencias citadas (que son de idéntico contenido y se refieren a casos similares):

Comienza el Tribunal Supremo por afirmar la competencia de la jurisdicción civil en los casos enjuiciados, rechazando que la obligación de pago del impuesto por el comprador sea una cuestión controvertida o sujeta a interpretación reservada a la administración o a la jurisdicción contenciosa (aunque negando la reclamación de los intereses moratorios).

Dice el Tribunal Supremo:

"esta Sala ha venido considerando que la controversia en torno al derecho de reembolso ejercitado por la demandante es una cuestión estrictamente civil -competencia del orden civil-, pues básicamente se trata de obtener el cumplimiento de una obligación contractual no discutida. En consecuencia, dado que la obligación de pago del IVA en atención al pacto incorporado al contrato, válido y eficaz, fue en todo momento cierta para la parte compradora (los compradores podían tener dudas sobre qué impuesto pagar pero no podían poner en duda que tenían tal obligación de pago), debe prosperar la pretensión de reembolso, de manera que la falta de liquidación del IVA solo traiga como consecuencia que, al ser el sujeto pasivo el que con su conducta ha generado su devengo, los intereses moratorios no puedan imponerse a la otra parte, pero sin que dicha falta de liquidación tenga ninguna incidencia en la obligación contractualmente asumida, que lo fue de forma incondicional".

Recuerda el Tribunal Supremo la eficacia jurídico-privada de los pactos entre las partes sobre la asunción de impuestos, al margen de las previsiones de las normas fiscales sobre determinación de los sujetos pasivos. Dice la sentencia:

"1º) Los artículos 1258 y 1091 CC establecen la fuerza obligatoria y vinculante de los contratos, mientras que el artículo 17.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , al tratar de la relación jurídica de carácter tributario, dice que «los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico - privadas».

2º) En los contratos de compraventa celebrados con los demandados se estableció una cláusula octava en la que se decía que serían de cuenta de la parte compradora «el abono de aquellos tributos y demás gastos que se deriven directa o indirectamente de la misma. Serán también de cuenta de la parte compradora los gastos ocasionados por el otorgamiento de esta escritura y sus copias, impuestos que procedan, gastos de inscripción, honorarios y cualquier otra clase de gastos, tributos o arbitrios que graven la transmisión o sean consecuencia directa o indirecta de la misma, a excepción del Impuesto Municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana».

3º) La fuerza vinculante para las partes de lo pactado en dicha cláusula no está en función de la aplicación de normas de carácter administrativo sobre la posible repercusión del IVA a los compradores, cualesquiera que sean las resoluciones que sobre ello se hayan dictado, ni estos pueden quedar libres de las obligaciones contraídas por el mero hecho de que se entendiera inicialmente que la compraventa estaba sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y posteriormente se determinara que la sujeción no era a este impuesto sino al que grava el valor añadido".

La argumentación empleada por el Tribunal sobre la no afectación de los pactos civiles por las normas administrativas me suscita una duda, aunque no es materia que la sentencia aborde. Si bien es cierto que los pactos civiles sobre el pago de impuestos son válidos y vinculantes entre las partes, al margen de la determinación por la norma fiscal del sujeto pasivo, existe una limitación legal que no debe olvidarse cuando se trate de contratación con consumidores. Según el artículo 89 apartado 3 letra "c" del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, son nulas por abusivas, siempre que no hayan sido negociadas individualmente entre el empresario y consumidor, en la compraventa de viviendas:

"La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario".

Aquí, la norma de protección de los consumidores acude al concepto fiscal de sujeto pasivo. Por lo tanto, sí tiene en cuenta las normas administrativas para decidir sobre la validez civil de la obligación. Si esto es así en relación con la determinación del sujeto pasivo, ¿no podría sostenerse que lo mismo debe concluirse cuando la norma fiscal no solo señala quién es el sujeto pasivo sino que le prohíbe repercutir el pago del impuesto pasado un plazo? ¿No equivale esta repercusión fuera de plazo al caso de imposición de un impuesto por un empresario a quien no es sujeto pasivo del mismo, convirtiendo el pacto civil en abusivo y como tal nulo? Ya digo que esta cuestión no fue analizada por el Tribunal, ni me resulta clara de responder, por lo que me limito a apuntarla. 

Por último, después de mencionar varias sentencias a favor de la competencia de la jurisdicción civil en la materia enjuiciada, concluye el Tribunal Supremo afirmando:

"A los razonamientos expuestos en el fundamento de derecho precedente cabe añadir que, aun cuando la obligación civil tenga un presupuesto de carácter administrativo-tributario (el devengo del IVA), lo determinante es que la controversia no ha versado sobre la existencia o el contenido de la obligación tributaria ni sobre la determinación del sujeto obligado en virtud de la misma, toda vez que contractualmente no se ha discutido que fueron los compradores los que asumieron su pago, y esto permite concluir que estamos ante uno de los casos en que solo se trata de obtener el cumplimiento de una obligación contractual no discutida. En consecuencia, la caducidad de la repercusión del IVA en la vía tributario-administrativa no excluye, impide ni extingue la acción civil fundada en el contrato".


Hasta aquí por hoy,


miércoles, 1 de junio de 2016

El cambio de cerradura por el esposo propietario después de terminado el período de uso pactado no es delito de coacciones. Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 11 de junio de 2015. Doctrina de la DGRN sobre actas notariales y entrada en un domicilio.





(Puertas del Paraíso. Florencia).


La Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 11 de junio de 2015.

Buscando otras cosas, me he encontrado con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 11 de junio de 2015, la cual aborda un tema que, aun siendo penal, es de interés notarial, pues no son infrecuentes los requerimientos al notario para levantar actas de presencia del cambio de cerradura de viviendas, unido, en ocasiones, a dejar constancia del estado en que se halla la vivienda tras su abandono por la misma de su previo ocupante.

Así que a continuación la resumo brevemente y la incorporo al blog.

En el caso, la vivienda era propiedad privativa del esposo y se había atribuido a la esposa en convenio regulador del divorcio un derecho de uso que finalizaba el 21 de diciembre de 2013. El 1 de enero de 2014 .-once días después de terminado el plazo de uso- el esposo cambia la cerradura de la vivienda -no consta si tenía, además, las llaves de la antigua cerradura, aunque podemos suponer que no-. La esposa presenta denuncia por la falta de coacciones del artículo 620 Código Penal -en su redacción anterior a la reforma de 30 de junio de 2015-. Al margen de la cuestión penal, lo relevante, desde el punto de vista notarial, es si esta conducta es o no lícita, en cuanto de ello depende la posibilidad de que se documente el hecho mediante acta.

Transcribiré parte del Fundamento de Derecho 2º, que contiene la argumentación más interesante desde el punto de vista notarial:

"De entrada, ha de considerarse que el inmueble en el que estaba asentado el domicilio familiar era de carácter privativo del denunciado. Fueron incorporados a las actuaciones los documentos sobre dicho inmueble (que procedía de una donación por parte de la madre del denunciado a este último), y de ellos resulta la titularidad privativa de dicho bien, según resulta de los arts. 1346.2 y 1359 del C. Civil. Así se indica por el registrador de la propiedad en el doc. obrante al folio 66.

Por tanto, habiendo expirado (el 21 de diciembre de 2013) el plazo de atribución del uso de la vivienda a madre e hija (dos años), convenido en el acuerdo homologado judicialmente (folios 13 y s.s.), el destinatario natural del uso y posesión inmediata del inmueble una vez transcurrido dicho plazo de tiempo, no era otro que su propietario privativo. Resulta, además, que, según reconoció la propia denunciante en su denuncia inicial, a fecha de 21 de diciembre de 2013 aquella ya había abandonado la que fue vivienda familiar, habiendo trasladado su domicilio a otra residencia. Y debe resaltarse que, según se indica en el recurso, la propia denunciante dijo que se había llevado poco a poco "todas sus cosas" . No se entiende para qué tuvo que volver la denunciante a la vivienda el día 1 de enero de 2014.

En todo caso, ya no vivía allí; y ni siquiera consta que el denunciado le haya impedido poder recoger los enseres de la denunciante que esta hubiera dejado en la casa (ni siquiera precisa la denunciante qué enseres fueran esos que, indebidamente, hubiera dejado en la casa después de desalojar esta, y de transcurrido el plazo durante el que podía ocupar esta)".

Si extendemos este razonamiento al ámbito notarial, podríamos considerar que, siempre que hubiera expirado el plazo de duración de la relación jurídica que determina el derecho al uso, unido a la circunstancia de haber abandonado efectivamente el usuario la vivienda, lo que el notario no puede conocer, al menos inicialmente, sino por la manifestación del requirente, existe una base suficiente para estimar que la conducta del propietario que cambia la cerradura es lícita y admitir el requerimiento inicial, a expensas de que se pueda interrumpir la actuación si durante la práctica de la diligencia de presencia se puede apreciar por el notario algún dato que lleve a pensar que el usuario sigue ocupando efectivamente la vivienda, a pesar de haberse extinguido la relación jurídica que lo legitimaba, lo que no se derivará necesariamente de que el requirente no disponga de las llaves de la vivienda en que pretende entrar, aunque este puede ser un indicio a valorar en relación con otros.

Consentimiento para la entrada en un domicilio o establecimiento o recinto cerrado y la actuación notarial.

Si de hablar de actas notariales se trata, lo procedente es empezar citando a Don Antonio Rodríguez Adrados, que ha conseguido algo reservado a muy pocos: el que un trabajo suyo, escrito hace ya casi treinta años ("Cuestiones de técnica notarial en materia de actas". Consejo General del Notariado. 1988), siga conservando su utilidad. Decía Rodríguez Adrados: "La práctica de la diligencia exige por parte del Notario la mayor corrección, que debe empezar por la elección del día y hora adecuados para su actuación y seguir por el modo de presentarse, dando a conocer su condición de Notario y el objeto de su presencia, y por el modo de actuar; es claro que el Notario no podrá entrar en locales cerrados o privados, para ejercer su función, sin la autorización o consentimiento de persona que tenga un derecho actual a permitir o denegar la entrada en el mismo; y mucho menos puede entrar en un domicilio ajeno que es inviolable".

Hay que resaltar, siguiendo lo citado, que el consentimiento del titular será preciso para la entrada por el notario en cualquier finca, recinto o local objeto de propiedad privada, con ciertas matizaciones en cuanto a los abiertos al público, sobre todo si permiten el acceso libre o pagando una entrada. Pero el caso de entrada al domicilio es el que exigirá mayores cautelas, por su especial protección constitucional y por su relación con otros derechos constitucionales como el de la intimidad personal y familiar.