miércoles, 27 de julio de 2016

El reconocimiento de complacencia. La doctrina de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo Sala 1ª de 15 de julio de 2016




Niña arrodillada junto a una cuna. Vincent van Gogh. 1883.


La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo Sala 1ª de 15 de julio de 2016 (Ponente: Don Fernando Pantaleón Prieto) fija doctrina jurisprudencial sobre diversos aspectos relativos al llamado reconocimiento de complacencia. Resumidamente, se pronuncia el Tribunal sobre: su posible carácter de nulo de pleno derecho, la posibilidad la impugnación de la filiación determinada por el mismo y los plazos para ello, y la aplicación o no al caso de las reglas de la filiación matrimonial sobrevenida (artículo 119 Código Civil).  

Son todas ellas materias de gran relevancia, pues esta figura, el reconocimiento de complacencia, combina la falta de regulación legal expresa con su frecuencia en la práctica. La doctrina jurisprudencial fijada tiene, además, cierto interés en el ámbito específico de la función notarial, en cuanto el notario es uno de los funcionarios ante los que se puede otorgar el reconocimiento de hijos. Y, por último, la meritada sentencia pasa a ser de obligada cita en los temas de filiación de nuestra oposición. Todo ello la hace merecedora de figurar extractada y resumida en este blog. 

El reconocimiento de complacencia es el que hace una persona, el varón normalmente (como dice la sentencia analizada: "Caben ciertamente reconocimientos de complacencia de la maternidad; pero en lo que sigue contemplaremos sólo los referidos a la paternidad, puesto que es este el caso de autos y, con mucho, el más frecuente en la práctica), con conocimiento de que dicha declaración de voluntad no se corresponde con la realidad biológica. Esto es, el reconocedor es consciente de que el reconocido como hijo suyo no lo es biológicamente, y, pese a ello, tiene la real intención de asumir una relación de filiación con el reconocido, con todos los deberes y cargas que ello impone, aunque no se acuda para ello al procedimiento de adopción, sino a un reconocimiento de filiación, mucho más sencillo y económico en sus trámites (lo que no implica, como veremos dice la sentencia, un supuesto de fraude de ley ni implique causa ilícita en el acto).

En este sentido, la sentencia que tratamos distingue entre el reconocimiento de complacencia, en el que existe una verdadera voluntad de asumir la filiación, del reconocimiento de conveniencia, otorgado en fraude de ley y con otras finalidades, que sería, sin duda alguna, nulo de pleno derecho.

Dice el Tribunal:

"Lo que caracteriza a los reconocimientos de que se trata es que el autor del reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción de que no es el padre biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocerlo con el propósito práctico de tenerlo por hijo biológico suyo: con la finalidad jurídica de constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza. Eso diferencia radicalmente los reconocimientos de complacencia de los denominados reconocimientos «de conveniencia»: con la finalidad de crear una mera apariencia de que existe dicha relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia jurídica favorable de una norma (sobre nacionalidad, permisos de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho la requiere. Estos reconocimientos se contemplan en el apartado 4 del artículo 235-27 del Código Civil de Catalunya, a cuyo tenor: «El reconocimiento de paternidad hecho en fraude de ley es nulo. La acción de nulidad es imprescriptible y puede ser ejercida por el Ministerio Fiscal o por cualquier otra persona con interés legítimo y directo»".

La polémica con estos reconocimientos de complacencia surge cuando la pareja en cuyo seno tuvo lugar el reconocimiento entra en crisis, pretendiendo, bien el reconocedor, bien la madre del reconocido, la anulación de los efectos del mismo.

jueves, 14 de julio de 2016

El consentimiento de ambos cónyuges para la disposición de la vivienda familiar perteneciente a uno de ellos. El artículo 1320 del Código Civil.





(Los dioses del hogar. John William Waterhouse).


La experiencia me ha demostrado que la exigencia del consentimiento del cónyuge no propietario a la disposición de la vivienda familiar es una norma relativamente desconocida, y no solo para el particular. Por eso me ha parecido que no sería mala idea del todo dedicarle una entrada, centrándome en la doctrina jurisprudencial y de la DGRN.

Artículo 1320 Código Civil. 

"Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial.

La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe”.

El artículo transcrito forma parte del llamado régimen económico matrimonial primario. Esto implica que rige con independencia del régimen económico matrimonial existente entre los cónyuges. Así, será aplicable tanto para la enajenación de una vivienda privativa de cónyuges en régimen de gananciales, como una vivienda propia de un cónyuge en régimen de separación. Pero también juega en  la enajenación de un vivienda ganancial, al margen de que las reglas propias de la disposición de estos bienes ya exijan el consentimiento de ambos cónyuges, lo que puede tener incidencia en aspectos como la valoración de la actuación de un cónyuge representando al otro en la enajenación de la vivienda familiar. Como norma integrante del régimen económico primario y teniendo en cuenta su finalidad protectora del domicilio familiar, la doctrina la considera, de modo generalizado, como indisponible (después volveré sobre esta cuestión, en relación con la admisibilidad de consentimientos generales y anticipados).

Este artículo 1320 Código Civil está pensado para operar tanto en las situaciones de normalidad matrimonial, como incluso tras un conflicto familiar, en la fase en la que ese conflicto no se haya judicializado. Para las situaciones en las que el conflicto conyugal se ha planteado ya ante los Tribunales de familia que han decidido sobre el uso, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 Código Civil. No obstante, ambas normas han sido interpretadas de modo complementario. En relación con el ámbito de aplicación de dichos preceptos, declara la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de noviembre de 2013:

"El ámbito de aplicación de ambos preceptos es distinto. Así, de no existir proceso matrimonial alguno o si en este no se ha adoptado la medida de atribución del uso de la vivienda familiar, el único precepto de aplicación sería, en su caso, el 1.320. Por el contrario, cuando ya no exista régimen económico matrimonial alguno (según el párrafo primero del artículo 95 del Código Civil las sentencias firmes de nulidad, divorcio y separación producen la disolución del régimen económico matrimonial) pero subsista la medida de atribución del uso de la vivienda familiar adoptada en un proceso matrimonial, sólo podrá aplicarse el párrafo cuarto y último del artículo 96 del Código Civil. Y ello sin perjuicio de que, en algunas ocasiones, serán ambos preceptos de aplicación conjunta (Así cuando se acuerda la atribución del uso de la vivienda familiar antes de la iniciación del proceso matrimonial, como medida provisionalísima - art. 104 del C.c.-, o durante su curso, como medida provisional - art. 103 del C.c .-, y mientras no es firme la sentencia de nulidad, divorcio o separación que desencadena la disolución del régimen económico matrimonial), y que, al responder a idéntica razón de ser y perseguir la misma finalidad, suelan los dos preceptos ser analizados conjuntamente por la doctrina, por la que no se duda en completar (por la vía de la analogía, art. 4 número 1 del C.c .) lo dispuesto en el párrafo cuarto y último del artículo 96 del Código Civil con lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 1.320 y en el 1.322 del Código Civil".

El concepto de vivienda habitual.

El primer problema interpretativo que suscita el artículo 1320 del Código Civil es la falta en nuestra legislación civil de un concepto de vivienda habitual. Y esto tiene consecuencias prácticas, pues la cuestión se ha suscitado más de una vez en contiendas judiciales que versan sobre la aplicación del artículo 1320.

Por supuesto que en algunos casos la calificación de la vivienda será clara, pero no siempre será así. Hoy los modelos familiares son variados. Hay familias que tienen varias residencias y las ocupan alternativamente durante el año, en períodos más o menos largos. En otra ocasiones, uno de los miembros de la pareja (o ambos) pasan largas temporadas fuera del hogar familiar, frecuentemente por motivos de trabajo. Pero también puede faltar la cohabitación en un solo hogar familiar por algún motivo de salud, que implique el necesario ingreso de un cónyuge en algún centro médico o de cuidados especiales. E, incluso, no es descartable la existencia de relaciones conyugales a distancia, con domicilios que se mantienen separados.

Las normas fiscales atienden a un criterio temporal cuantitativo para la determinación de la condición habitual de la vivienda, considerando que esta tiene este carácter cuando se habite en ella durante un período superior a seis meses (180 días) en el año. Pero estos criterios cuantitativos no siempre serán adecuados en materia civil.

Quizás la solución más conveniente sea la de considerar vivienda familiar el objeto del domicilio conyugal, entendiendo como tal el centro de las relaciones familiares y sociales del matrimonio, con especial atención, si los hay, al lugar donde residen habitualmente los hijos menores.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 8 de noviembre de 2010 declara:

"El concepto de "vivienda familiar" o "vivienda conyugal" ha sido definido como el espacio físico en el que «se asienta y desarrolla la persona física, como refugio elemental que sirve a la satisfacción de sus necesidades primarias (descanso, aseo, alimentación, vestido, etc.) y protección de su intimidad (privacidad), al tiempo que cuando existen hijos es también auxilio indispensable para el amparo y educación de éstos» sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996 , definición que acepta la sentencia del mismo Tribunal de 10 de marzo de 1998 . Siguiendo lo normado en el artículo 70 del Código Civil , sería el lugar donde los cónyuges de común acuerdo deciden desarrollar su convivencia y criar a sus hijos, y en defecto de acuerdo, por designio judicial. Lo que conlleva que no pueda considerarse como "vivienda familiar" la fijada o impuesta unilateralmente por uno de los cónyuges sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1983".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 25 de mayo de 2012 analiza la condición de vivienda habitual en un supuesto en que los cónyuges ocupaban alternativamente diversas viviendas, dando preferencia a aquel en que se desarrollaba temporalmente la mayor parte de la convivencia y que coincidía con el lugar donde los hijos menores acudían al colegio, destacando el preferente interés de estos.

En otras ocasiones, las dificultades no serán tanto jurídicas como de prueba.

La sustitución fideicomisaria de residuo 2. El alcance de las facultades dispositivas del fiduciario y el principio de subrogación real.




(Playa de Llas. Foz).


Las facultades dispositivas del fiduciario.

Como se ha visto en la entrada anterior (La sustitución fideicomisaria de residuo 1 ...), lo característico de la sustitución fideicomisaria es la imposición al heredero o legatario fiduciario de la obligación de conservar y transmitir los bienes a un tercero (fideicomisario). Esto implica que, como regla general, el fiduciario carece de facultades dispositivas sobre los bienes fideicomitidos. Pero existen excepciones a esta regla general. Las expone y refrenda la Resolución DGRN de 6 de noviembre de 2015, que declara:

"Es idea central del fideicomiso que el fiduciario es dueño de los bienes fideicomitidos, pero como debe conservarlos, este deber le limita la disponibilidad de los mismos. Así que por deber conservar, y en tanto en cuanto debe conservar, no puede disponer de ellos. Sentido reiterado desde antiguo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y este Centro Directivo. Pero lo que sí puede es disponer de los bienes fideicomitidos dentro de los límites de su derecho, esto es, tanto como si los transmite en enajenación no definitiva, sino acotada por un término final que llegue el día que deje de ser fiduciario, o los transmite en enajenación resoluble cuando se resuelva su dominio, si es que se resuelve –caso del fideicomiso condicional, y si la condición no se cumple, en cuyo caso el fiduciario quedaría propietario libre y definitivo, y entonces la enajenación que realizó se consolidaría definitivamente–, o, de cualquier modo, los transmite con el gravamen fideicomisario, de modo que en manos del adquirente sigan sometidos a restitución para el día en que corresponda acabar el fideicomiso en manos del fiduciario. Es por esto, que para que la enajenación de bienes fideicomitidos, sea enajenación de la plenitud del derecho sobre ellos, puede conseguirse si fiduciario y fideicomisario de común acuerdo conciertan la enajenación con el adquirente de que se trate, ya que entre los dos reúnen el poder pleno y definitivo sobre aquéllos, distribuyéndose entre ambos, en la proporción que establezcan, la contraprestación que se dé por el derecho total sobre los bienes. Naturalmente, en el caso del fideicomiso condicional, la limitación del artículo 759 del Código Civil impediría la enajenación hasta el cumplimiento de la condición, pero esto sería objeto de un debate que excede de este expediente. Por lo tanto, para disponer de los bienes fideicomitidos es regla general la necesidad del consentimiento del fideicomisario. No obstante, hay situaciones particulares, tales como a qué actos equiparados a los de disposición alcanza la regla en principio, qué disposiciones o actos equiparados están exceptuados de la regla, qué sustitutivos admite el consentimiento no prestado por el fideicomisario, y los efectos en el caso de disposición que no fue consentida por el fideicomisario. En cuanto a esto último, ha declarado la Resolución de 14 noviembre 1933 que «las ventas realizadas por el heredero fiduciario... no son nulas, sino tan sólo anulables». Así resulta también de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1933".

Es de resaltar que la DGRN admita la transmisión sujeta al gravamen fideicomisario, tanto si el fideicomiso está sujeto a término como a condición o sea puro (sujeto al fallecimiento del fiduciario). Sin embargo, existen declaraciones jurisprudenciales que restringen esta posibilidad de transmisión del derecho del fiduciario sujeto al gravamen al caso de los condicionales. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1994 declara:

"Es necesario diferenciar, en cuanto a los efectos traslativos, las sustituciones fideicomisarias puras de las condicionales. En aquéllas, la obligación de conservar y transmitir, impuesta al fiduciario, es categórica, de tal forma que no puede enajenar los bienes que ha recibido con el gravamen de sustitución. Por el contrario, en las sustituciones fideicomisarias condicionales existe la incertidumbre propia de estas determinaciones accesorias de la voluntad. En ellas, el fiduciario puede enajenar los bienes porque pudiera incumplirse la condición resolutoria (si fallece con hijos) con lo que él se convertiría en el último y definitivo propietario de los bienes y por tanto resultarán inatacables las transmisiones que pudiera haber realizado".

Y en cuanto a las excepciones en que sí podría el fiduciario disponer de los bienes fideicomitidos, señala la DGRN:

"Sentado esto, la cuestión es si hay casos en que cabe disponer de los bienes sin necesidad del consentimiento del fideicomisario. En algunos se debe admitir la excepción como puede ser para la conservación genérica de los bienes o para atender las deudas y cargas de la herencia fideicomisaria o el pago de reparaciones extraordinarias. En otros, se trata de situaciones derivadas de la sucesión en los derechos y obligaciones del causante, como puede ser la disposición a que resulte obligado el fiduciario por haber contraído la obligación de hacerla el causante –por ejemplo, si este concedió un derecho de opción–, o los otorgados por el causante en documento privado, limitándose el fiduciario a su formalización en escritura pública. En estos casos, puede formalizar por sí solo el fiduciario la disposición que realizó el causante. También prevalecerá lo ordenado por el causante respecto a la disponibilidad de los bienes. Así, si autorizó al fiduciario a disponer por sí solo en determinados casos (de ciertos bienes, o hasta cierto montante, o con determinados requisitos), o incluso en cualquiera situaciones dentro del marco de la ley (en el fideicomiso de residuo con facultades máximas)".

miércoles, 6 de julio de 2016

La sustitución fideicomisaria de residuo 1. Algunas cuestiones generales sobre la sustitución fideicomisaria y sobre el fideicomiso de residuo.




La familia de Carlos IV. Goya.


Esta entrada es la primera de las dos que consecutivamente voy a dedicar al fideicomiso de residuo, lo que me llevará a ocuparme de algunos aspectos generales de la sustitución fideicomisaria. En la entrada siguiente me referiré al alcance de las facultades dispositivas del fiduciario de residuo y a la aplicación del principio de subrogación real, sobre lo que existe jurisprudencia no del todo concordante. Estas materias se encuentran entre las “menos sencillas” de nuestro derecho de sucesiones, a lo que contribuye no poco lo escaso de la regulación legal, aunque también son de las más entretenidas, si uno tiene a bien entretenerse con estas cosas, y solo por eso merecerían su lugar en el blog, que algo me dice que por este camino acabaré por convertirlo en popular. 

Existe una regulación mucho más detallada de la institución en el derecho catalán, e incluso el derecho navarro es más completo que el común, por lo que haré referencias a los mismos.

La sustitución fideicomisaria es una institución del derecho de sucesiones por la cual el testador encarga al heredero (aunque cabe la sustitución fideicomisaria de un legatario, me centraré en la entrada en el caso del heredero) que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de los bienes de la herencia (artículo 782 Código Civil). Se trata de heredar después de otro y no en vez de otro, como en la sustitución vulgar.

Este heredero que recibe el encargo de conservar y transmitir es conocido como fiduciario. La persona a quien debe transmitir es el fideicomisario. Al testador que establece el fideicomiso nos referiremos como causante o fideicomitente.

Aunque nuestro Código Civil, siguiendo planteamientos propios del liberalismo, es contrario a las vinculaciones del dominio, no llegó a excluir totalmente la sustitución fideicomisaria, apartándose aquí del precedente francés, aunque la sujetó a limitaciones (que no pase del segundo grado, habiéndose entendido grado como llamamiento por la jurisprudencia) o, alternativamente, que se haga a favor de personas que vivan al tiempo de fallecer el testador.

miércoles, 29 de junio de 2016

De nuevo sobre la vocación y delación sucesiva, la sustitución vulgar, la renuncia a la herencia y la capacidad para suceder. La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2016 y la RDGRN de 6 de junio de 2016.





La familia veneciana. Pietro Longhi. 1765.


Recientemente, el Tribunal Supremo y la DGRN se han pronunciado sobre la cuestión de las delaciones sucesivas, abordándola desde diversas perspectivas, la constitucional y la de la capacidad suceder, teniendo las dos resoluciones que analizaremos un gran interés práctico notarial. En ambos supuestos, estuvieron presentes las consecuencias de una repudiación hereditaria, siendo de reflexionar las evidentes dificultades que produce la combinacion de dos factores: de un lado, la incompleta regulación que nuestro Código Civil dedicó a esta materia de la repudiación y las delaciones sucesivas; y del otro, el aumento en el número de repudiaciones hereditarias que se viene produciendo en los últimos tiempos, por causas por todos fácilmente imaginables.

A estas materias ya le he dedicado varias entradas previas en el blog, a las que me remito, así que ahora me limitaré al resumen de las resoluciones, y a su muy breve comentario.

lunes, 27 de junio de 2016

El vendedor puede repercutir al comprador la parte proporcional del IBI del año de la venta. La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016




Monje cobrador de impuestos en el templo. Konstantin Makovsky, 1900.


Dedicaré esta entrada a un breve comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2016, por su gran interés práctico.

Esta sentencia aborda la distribución del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio en que se realiza la venta del inmueble. Esta es una cuestión que se plantea casi a diario en las notarías, y aunque las cantidades en discusión normalmente no son grandes, la experiencia me ha demostrado que el calificativo de "grande" aplicado a cantidades (y seguramente también a otras cosas) es puramente subjetivo, lo que puede conducir a discrepancias más o menos agrias, según los caracteres de las partes. Incluso, en ocasiones, la cifra sí será objetivamente de importancia, sobre todo si, como en el caso de la sentencia, se realiza la venta de una pluralidad de inmuebles. Además, cuando se trate de ventas por promotores, aunque individualmente las cantidades puedan no ser elevadas, el asunto debe analizarse desde la perspectiva global del conjunto de ventas que realiza el profesional.

La sentencia analizada comienza por recordar que el impuesto sobre bienes inmuebles, que es un tributo periódico que grava al propietario (o al usufructuario, superficiario o concesionario) de bienes inmuebles, se devenga el uno de enero de cada año. Transcribo su Fundamento de Derecho 3º, lo que servirá de exposición general de la normativa al respecto: