miércoles, 7 de diciembre de 2016

¿Es el auto-contrato un límite a las facultades representativas de los administradores de las sociedades mercantiles? La Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 25 de noviembre de 2016






Dos caballeros luchando en un paisaje. Eugene Delacroix. 1824.


Después de haber dedicado un buen número de entradas del blog a los conflictos de intereses de los administradores de las sociedades mercantiles, sin otro propósito real que el de aclararme a mí mismo las ideas, en la medida de lo posible, sobre un tema a la vez difícil y de gran trascendencia práctica, hace un par de días me he desayunado con la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 25 de noviembre de 2016. Y aunque siempre quepa dudar, y sobre todo últimamente, de que la doctrina de nuestro Alto Tribunal tenga otro fin que la pretendida justicia del caso concreto, si la tesis de esta sentencia se consagrara, cambiaría lo que creo el general entendimiento sobre el alcance de las situaciones de auto-contrato como limitativas del poder de representación de los administradores de las sociedades mercantiles.

Comenzaré por resumir el previo estado de la ciencia, hasta esta sentencia y donde yo alcanzo. 

Dentro de las situaciones de conflicto de interés de los administradores de las sociedades mercantiles deben distinguirse los casos de verdadero auto-contrato o conflicto directo, de las situaciones en que, sin existir real auto-contrato, se aprecia un conflicto indirecto de intereses, al contratar el administrador social con personas especialmente vinculadas al mismo. 

Las primeras situaciones referidas -el verdadero auto-contrato- se caracterizarían por la coincidencia de personas en las dos partes contractuales. Aquí se comprendería no solo el caso del administrador social que contrata consigo mismo, actuando en nombre propio o en representación de un tercero, sino el del delegado de un administrador que contrata con el propio administrador u otro delegado del mismo, como si es el apoderado nombrado por un administrador el que celebra el contrato con el propio administrador o con otro apoderado nombrado por el mismo administrador.

Como distintas de estas tendríamos las situaciones de conflicto de intereses indirecto, caracterizadas por la contratación con personas especialmente vinculadas con el administrador, y que la legislación societaria excluye como consecuencia del deber de lealtad de aquel, conforme a los artículos 229 y siguientes del TRLSC.

Todo ello siempre que no se cuente, en ambos supuestos, con la autorización otorgada por el órgano social competente, que, como regla general, lo es la junta general de socios.

La distinción entre ambas situaciones de conflicto es trascendente en el ámbito notarial, especialmente tras la doctrina sentada por la Resolución DGRN de 3 de agosto de 2016, conforme a la cual, el control de las segundas, las de conflicto indirecto o de contratación con persona especialmente vinculada, quedaría reservado a la autoridad judicial, cuando la sociedad ejercite las correspondientes acciones de impugnación, en cuanto ese control implicará la valoración del daño o perjuicio que el acto pudiera generar a la sociedad, lo que, por contra, no cabría apreciar en el ámbito del control de legalidad extrajudicial que realizan notarios y registradores. Sin embargo, las primeras, las de verdadero auto-contrato, sí podrían y deberían ser apreciadas por el notario al emitir su juicio de suficiencia de la representación del administrador, el cual debería ser negativo, si se pretendiera otorgar el auto-contrato por un administrador sin la correspondiente autorización de la junta general (me remito sobre esta resolución a la siguiente entrada: "La naturaleza de la ineficacia ...").

Es cierto que la DGRN, en la resolución citada, dejaba a salvo los casos en que el perjuicio para la sociedad fuera evidente, y que no siempre será fácil distinguir unos supuestos de otros. Por ejemplo, si el administrador social contrata con su cónyuge, parece que deberá estarse al régimen matrimonial, estimando que el perjuicio es evidente o constituye conflicto directo, cuando se transmita al cónyuge un bien social que ingresa en el propio patrimonio del administrador, por estar casados el administrador y su cónyuge en un régimen de comunidad de bienes, pero si el régimen matrimonial fuera de separación o participación en ganancias, el conflicto de interese será solo indirecto y quedará reservada la posible ineficacia del acto a la valoración judicial.

Como he dicho, si la situación fuera de verdadero conflicto, sí podría y debería ser apreciada por el notario, entendiendo que constituye un límite legal a las facultades representativas de los administradores de la sociedades. Aunque los administradores tengan legalmente atribuida la representación de la sociedad para todos los actos comprendidos en el objeto social (artículo 234 TRLSC), el auto-contrato constituiría un límite a este ámbito de representación legal, al resultar prohibido legalmente, si no contara con la oportuna dispensa, conforme resulta de los artículos 1459 del Código Civil y 267 del Código de Comercio. Sobre esta base, tampoco cabría proteger los derechos de un supuesto tercero de buena fe, pues el administrador conoce efectivamente la situación de auto-contrato, y su conocimiento, que excluye la buena fe, extiende sus efectos a las personas a las que representa. 

Así, Vicent Chuliá (Introducción al Derecho Mercantil. Tirant lo Blanch. 2012) consideraba que las situaciones de conflicto de intereses prohibidas legalmente están excluidas del ámbito del poder de representación de los administradores, con cita de la STJCE de 16 diciembre 1997, que declaró que el artículo 9 de la 1.ª Directiva no impide que la ley nacional (en el caso, Código civil holandés) disponga la ineficacia de la representación cuando un órgano social se halla en conflicto de intereses con la sociedad representada

Dicho esto, toca referirse a la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 25 de noviembre de 2016, la cual entiende que una situación de real auto-contrato, cuya existencia no se discute, no limita el ámbito del poder de representación orgánico de los administradores de la sociedad mercantil, en virtud del cual esta queda vinculada por todos los actos por aquellos realizados, siempre que estén comprendidos en su objeto social.

En el caso de esta sentencia, se trataba de un préstamo entre dos sociedades mercantiles, destinado a financiar la compra por la prestataria de unas acciones de una tercera sociedad. Entre la fecha del préstamo y la de la compra de las acciones y la interposición del correspondiente procedimiento monitorio en reclamación de la cantidad prestada, habían transcurrido más de quince años, lo que se opuso como excepción por la demandada, alegando la prescripción de la acción de reclamación.

Con posterioridad al referido préstamo, la entidad prestataria emite unos pagarés con la finalidad de instrumentarlo, y desde la fecha de la firma de dichos pagarés no habían transcurrido los quince años necesarios para la prescripción de la acción. 

Debe aclararse que la acción que se ejercitaba por la entidad prestamista era la causal, derivada de la relación subyacente de préstamo, y no la cambiaria, surgida directamente de los pagarés (quizás por hallase la última ya prescrita). La cuestión de fondo discutida fue si la emisión de dichos pagarés por el deudor implicó un acto de reconocimiento de deuda que supusiera la interrupción de la prescripción de dicha acción causal.

Resulta que la entidad prestamista y prestataria tenían un administrador social común, que se debe suponer fue el firmante de los pagarés en nombre de la sociedad prestataria. Ante ello, la sociedad prestataria demandada alegó que dichos pagarés incurrían en la prohibición de auto-contratación, y, en consecuencia, no debían estimarse como un acto válido de reconocimiento de deuda que interrumpiera la prescripción de la acción. Este planteamiento del demandado fue el recogido en las sentencias de instancia, que absuelven al demandado.

Debe aclararse que no se cuestionó ante el Tribunal Supremo la existencia de un verdadero auto-contrato en la emisión de los pagares, aunque.podría ser discutible teóricamente, en cuanto la emisión del pagaré no es un acto contractual, recogiendo el título valor una sola declaración de voluntad, la del firmante. Tampoco el acto de reconocimiento de deuda es propiamente de naturaleza contractual, con dos partes diferenciadas. Parece darse preferencia aquí a la relación subyacente de préstamo, que sí es de naturaleza contractual, aunque genere obligaciones a cargo de una sola de las partes, sobre la propia relación cambiaria o el acto unilateral de reconocimiento.

Y partiendo de la no discutida existencia de auto-contrato no dispensado en la emisión del pagaré, el Tribunal Supremo va a admitir el recurso de casación, negando la prescripción invocada por el demandado, por estimar que la emisión de dicho pagaré sí interrumpió el plazo de la misma, como acto válido de reconocimiento de deuda, sobre la base de que dicho acto de firma del pagaré se hallaba comprendido dentro de las facultades representativas del administrador de la sociedad firmante, lo que supone reconocer que el auto-contrato no limita las facultades de representación orgánica.

Transcribo el párrafo correspondiente de los fundamentos de derecho de la sentencia:

"Con relación a la licitud de la autocontratación esta Sala, en su sentencia núm. 25/2012, de 10 de febrero, tiene declarado lo siguiente. «[...] 21. Nuestro sistema, aunque admite la llamada autoentrada y el autocontrato -en este sentido, entre otras muchas, la sentencia 1133/2001, de 29 de noviembre , afirma que «el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido»-, ante el eventual conflicto de intereses entre el representado y quien actúa en su doble condición de representante y parte en el contrato, desconfía de que este quiera enriquecerse en detrimento de aquel, y de ahí las restricciones que impone el primer apartado del artículo 267 del Código de Comercio - «ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encargado comprar, sin licencia del comitente»- y el 1459 del Código Civil - «no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia: (...) 2° Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen». » 

22. Esta desconfianza, lógicamente, se acentúa en los supuestos en los que el autocontrato se suscribe entre la sociedad y quienes, por integrar el órgano de representación y relaciones de la misma con el exterior, son considerados representantes orgánicos de la misma, dado que cuando actúan no intervienen como «representantes» sometidos a los límites del apoderamiento, a tenor del artículo 1714 del Código Civil, según el cual «el mandatario no puede traspasar los límites del mandato» -en este sentido la sentencia 51/2000, de 27 de enero , reiterada por la 505/2009, de 30 de junio , afirma que «las facultades concedidas a los mandatarios para realizar negocios jurídicos por cuenta de la mandante tienen su origen en la conforme declaración de voluntad que proviene del mismo»-, sino como «órganos» de la sociedad sujetos exclusivamente a los límites de la función, al disponer el artículo 63.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que «la sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social».  

23. En este sentido la sentencia 550/2004, de 28 de junio, con referencia al paralelo artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas, precisa que la norma contiene «un régimen especial aplicable a lo que constituye una representación orgánica (distinta de la legal y la voluntaria, por ser la misma sociedad la que ejecuta los actos mediante un órgano con competencia para ello) cuyo ámbito se fija legalmente como un mínimo eficaz frente a terceros»; y la 432/2010, de 29 de julio, que «el artículo 129 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 -hoy 234 de la Ley de Sociedades de Capital -, que atribuye a los administradores societarios el poder inderogable de vincular a la sociedad con terceros, con independencia de que su actuación se desarrolle dentro de la actividad fijada como objeto estatutario inscrito en el Registro Mercantil o fuera de ella». 

Con independencia de la clara improcedencia de la aplicación de la figura del ejercicio antisocial del derecho ( artículo 7.2 del Código Civil ), tal y como denuncia la recurrente, la aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta al caso objeto de enjuiciamiento, conduce a la conclusión de que la condición de administrador de don Manuel de las dos empresas no representa un óbice para la plena validez de la autocontratación realizada y, con ella, para la plena vinculación de las sociedades con relación con la emisión del pagaré efectuada. De forma que tampoco supone un obstáculo para apreciar que dicha emisión del pagaré, a los efectos previstos del artículo 1935 del Código Civil , pueda ser considerada como renuncia tácita a la prescripción ganada de la acción. Máxime, y a mayor abundamiento, si de los antecedentes acreditados en la instancia, particularmente de la falta de documentación del contrato y de la acreditación de la existencia de la deuda, también se infiere que la emisión de los referidos pagarés respondió a una mera instrumentalización de la forma de pago del préstamo, debiéndose estar, por tanto, a la fecha del vencimiento de los respectivos efectos cambiarios. En todo caso, la sociedad obligada al pago como librada tuvo a su alcance el ejercicio pertinente de las acciones sociales de responsabilidad contra el administrador por los perjuicios derivados de su actuación, sin que dicho ejercicio pueda afectar a la validez de la operación realizada por el administrador en su esfera de representación orgánica de la sociedad". 

La sentencia comienza por afirmar el carácter de acto válido, en general, del auto-contrato, aunque reconozca que está sujeto a la necesidad de licencia del representado.

De ahí se pasa a distinguir el caso de la representación voluntaria, donde sí parece deducirse que el representante voluntario que celebrase un auto-contrato no autorizado se excedería del límite de su representación, del que los representantes orgánicos, con un ámbito de representación fijado legalmente (artículo 234 TRLSC: 1. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros. 2. La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social).

Con esta base, y considerando que este ámbito de representación orgánica es "inderogable frente a terceros", se entiende válida la actuación del administrador social que firma el pagaré, aun admitiendo que incurre en un auténtico caso de auto-contratación. La referencia al tercero no incluye la exigencia de que sea de buena fe, lo que no parece que pudiera apreciarse en el caso de un auto-contrato, conforme a lo dicho, pues la mala fe del representante orgánico debe extenderse a su representado, aunque el fundamento de derecho transcrito no profundiza en esta cuestión.

Por último, hace referencia la sentencia, como argumento de refuerzo, a que la sociedad demandante no ejercitó acción alguna de impugnación del acto de auto-contrato, lo que parece estimarse como una especie de ratificación tácita de la actuación del administrador, aunque tampoco llega a formularse tal doctrina claramente, lo que plantea si el verdadero auto-contrato estará sujeto a los plazos de impugnación de los actos societarios nulos. 

En definitiva, estamos ante una sentencia importante, aunque sea muy cuestionable que deba implicar una general admisión del auto-contrato no autorizado al administrador social en el ámbito notarial, al menos mientras no se confirme y aclare esta doctrina jurisprudencial, más allá del caso concreto. 

viernes, 2 de diciembre de 2016

La revocación tácita del legado. El artículo 869 del Código Civil.




(Vista del Gran Canal. Canaletto).


Habiéndome ocupado en una entrada anterior de cuestiones relativas a la adquisición y entrega del legado, dedicaré la presente a una de sus formas de extinción: la revocación tácita recogida en el artículo 869 del Código Civil.


Artículo 869. 

“El legado quedará sin efecto: 

1. Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la forma ni la denominación que tenía. 

2. Si el testador enajena, por cualquier título o causa, la cosa legada o parte de ella, entendiéndose en este último caso que el legado queda sólo sin efecto respecto a la parte enajenada. Si después de la enajenación volviere la cosa al dominio del testador, aunque sea por la nulidad del contrato, no tendrá después de este hecho fuerza el legado, salvo el caso en que la readquisición se verifique por pacto de retroventa. 

3. Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador, o después de su muerte sin culpa del heredero. Sin embargo, el obligado a pagar el legado responderá por evicción, si la cosa legada no hubiere sido determinada en especie, según lo dispuesto en el artículo 860”.

Según dice Francisco Javier Sánchez Calero (Comentarios al Código Civil. Tomo I. Ministerio de Justicia. 1991), de estas tres causas de revocación del legado, las dos primeras (transformación y enajenación) lo son de revocación tácita, y la tercera es un supuesto de imposibilidad de cumplimiento de la prestación.

Según Manresa (Comentarios al Código Civil. Tomo 6. Editorial Reus. 1914), los dos primeros apartados del artículo contemplan el legado de cosa determinada y propia del testador, que se transforma o enajena.

Consiguientemente, el caso de la transformación de la cosa ajena o propia del heredero o legatario y legada a un tercero no está contemplado en el artículo 869.1, aunque este autor (Manresa) es partidario de aplicar por analogía la misma regla, suponiendo dicha transformación la ineficacia del legado. En contra, otros autores entienden que, si el legado es de cosa ajena, difícilmente podrá serle de aplicación el número 1 del artículo 869 del Código Civil, que parte de que la transformación la realice el propio testador, aludiendo a la posibilidad de entregar la misma cosa legada o, en caso de que no sea posible, como podría entenderse que sucede si se ha transformado en cosa distinta, su justa estimación (así, Albaladejo - Comentarios al Código Civil. Tomo XII. Vol. 1. Edersa- o María Ángeles Egusquiza Valmaseda - Comentarios al Código Civil. Tomo V. Tirant lo Blanch. 2013-).

En cuanto al legado de cosa propia del heredero o legatario, no parece que la enajenación de esta por su propietario dé lugar a la revocación del legado, que se transformará en un legado de cosa ajena válido, pero siempre que el testador conociera la pertenencia inicial de la cosa al heredero o legatario. Según Manresa (op. cit): "si la cosa pertenecía a un heredero o legatario y es adquirida por un tercero, sólo será válido el legado si el testador, al hacerlo, sabía que la cosa era ajena", lo que se entiende si se tiene en cuenta que el autor defiende que el artículo 863 del Código Civil, referido al legado a un tercero de cosa propia del heredero o legatario (y que impone a los mismos, una vez aceptada la sucesión, el deber de entregar al beneficiado la misma cosa legada o de su justa estimación), es de aplicación aun cuando el testador pensase erróneamente que estaba legando cosa propia, siendo así una excepción a la regla general que para el legado de cosa ajena establece el artículo 861 del Código Civil. Si, en dicho caso, el testador creía que legaba cosa propia, siendo en realidad del heredero o legatario, y estos posteriormente la enajena, no valdría el legado ex artículo 861 del Código Civil.

La transformación de la cosa legada:

La transformación, como la enajenación, para dar lugar a la revocación tácita, debe ser voluntaria. Si del testamento y de las circunstancias del caso se deduce que la voluntad testamentaria del testador era mantener el legado, esta voluntad debe prevalecer. Lo que  no cabe, a mi entender, es dar valor a una voluntad de conservar el legado expresad de forma plenamente extratestamentaria, como la que se manifiesta al documentar el acto de modificación, aunque esto pueda resultar una cuestión opinable (por ejemplo, se declara una edificación que transforma la finca legada y en la escritura de declaración de obra nueva o en otra forma testamentaria se manifiesta la voluntad de conservar lo legado), pues en contra se podría aludir a la admisión de prueba extrínseca en la interpretación de la voluntad testamentaria, respecto de lo que no hay que olvidar que la prueba extrínseca tiene siempre que basarse en el tenor interpretable del testamento.

En este sentido parece opinar Albaladejo (Comentarios al Código Civil. Tomo XII. Vol. 1. Edersa), quien admite la voluntad testamentaria de que el legado subsista no obstante la transformación de la cosa, pero no la extratestamentaria. En la misma línea, María Ángeles Ebusquiza Valmaseda (op. cit), quien afirma que dicha voluntad de conservación del legado "tendrá ese efecto si forma parte de la declaración de última voluntad del causante, pero no si se emite fuera del testamento aun cuando se realizara al tiempo de transformar el bien (por ej., en la escritura de cesión de solar por vivienda)".

Como veremos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2000 toma en cuenta datos extrínsecos al testamento para determinar que la voluntad del testador era el mantenimiento del legado a pesar de la transformación de la cosa (por su edificación). Pero este recurso a la prueba extrínseca se realiza para determinar la voluntad testamentaria, esto es, la existente al tiempo de hacer el legado, y no como medio de establecer una voluntad extratestamentaria, posterior y ajena al testamento, de mantener el legado a pesar de la transformación. No obstante, no siempre será fácil distinguir los casos.

Un caso de transformación no voluntaria son los expedientes de urbanísticos o de concentración parcelaria, que dan lugar a la sustitución de una finca originaria por otra de reemplazo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1986 declara que la sujeción de la finca legada a un procedimiento de concentración parcelaria no extingue el legado. En consecuencia, la finca legada debe entenderse sustituida en el legado por la adjudicada en reemplazo, aunque ello puede dar lugar a importantes problemas prácticos, cuando esta finca sea solo una de las originarias que dan lugar a la finca de reemplazo. La sentencia citada parece considerar que debe ser la administración agraria competente la que determine qué fincas de reemplazo o porciones segregadas de las mismas corresponden a las legadas. Sin embargo, esto puede chocar con la propia naturaleza de la concentración parcelaria, cuando se trate de fincas de reemplazo indivisibles. Quizás quepa, en tal caso, acudir a una aplicación analógica del artículo 821 del Código Civil, conforme a cuyo criterio, si la finca legada supone más de la mitad del valor de la de resultado, quedará para el legatario, y si supone menos, para el heredero, debiendo compensarse el uno al otro en dinero.

Debe tenerse en cuenta que, en algunos expedientes de transformación urbanística, es el propietario el que asume la iniciativa de la transformación. En dichos casos, podría discutirse que no se trate de una transformación voluntaria, aunque la última decisión al respecto siempre sea de la administración pública competente.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

La adquisición y entrega de los legados en el derecho común. Aceptación del legado. Plazo para aceptar el legado. Entrega voluntaria y judicial de los legados.





(Canaletto. Capricho con el Puente de Rialto y otros edificios imaginarios).


El legado: su adquisición, aceptación y repudiación.

El sistema de adquisición de los legados es, en nuestro derecho común, distinto al de la adquisición de la herencia, pues mientras el heredero no es verdaderamente tal hasta que acepta, el legatario adquiere su derecho desde la muerte del testador, sin perjuicio de la posibilidad repudiarlo. Es cierto que el Código Civil se refiere a la aceptación del legado, pero esto debe interpretarse como una renuncia a la facultad de repudiación. Así resulta de los artículos 881, 882, 889 y 890 del Código Civil.

Además, cuando el legado sea de eficacia real, como en el legado de cosa cierta y determinada propia del testador (artículo 882 del Código Civil), efecto extensible a otros casos, como el legado de crédito, el dominio o titularidad del bien o derecho corresponden al legatario desde la muerte del causante, a falta de un término o condición que aplace el llamamiento.

Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2000"no hay que olvidar que el legatario deviene titular ipso iure del legado en el momento de la muerte del causante (artículo 881 del Código civil) sin perjuicio de que puede renunciar al mismo, es decir, que en el legado no se sigue el sistema romano de adquisición de la herencia que exige aceptación, y si el legado es de cosa propia del testador (artículo 882 del Código civil) deviene propietario de la cosa legada desde la muerte del mismo, tal como han destacado las sentencias de 7 Jul. 1987, 30 Nov. 1990 y 25 May. 1992".

Confirma esta doctrina la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2013, que declara, en relación con un legado de cosa cierta y determinada propia del testador:

"Interpretada la disposición testamentaria en orden a la configuración de un legado de cosa específica y determinada de la propiedad del testador, el legatario adquiere el objeto legado con la delación de la herencia (ius delationis), sin necesidad de aceptación, de forma que se erige como propietario de la cosa legada desde el momento de la muerte del testador, artículo 882, párrafo primero del Código Civil". 

Esta sentencia considera un legado de cosa cierta y determinada como título válido a efectos de una usucapión por el legatario. La sentencia interpreta como legado de cosa específica la de una cantidad para la construcción de un hospital en una localidad "sobre los terrenos que allí tengo", previendo la constitución a tal fin de una Fundación, rechazando la tesis del heredero (otra Fundación) de que el legado se refiriese solo al edificio y no a los terrenos.

La Resolución DGRN de 19 de septiembre de 2002 cuestiona esta teoría sobre la adquisición de los legados, admitida de manera generalizada. Propone la DGRN interpretar el artículo 882 del Código Civil como una regla que hace retroactiva la adquisición de la propiedad del bien concreto al momento del fallecimiento del testador, a diferencia de lo que sucede con los herederos, sujetos a la necesidad de partición, con arreglo al artículo 1068, pero no como la atribución de la propiedad de lo legado sin previa aceptación del legatario. En todo caso, afirma la DGRN, la aceptación del legatario es imprescindible para la inscripción a su favor de lo legado, y ello aunque se haga a través de escritura de partición otorgada unilateralmente por el contador partidor, a pesar de que el artículo 81.c del Reglamento Hipotecario no mencione expresamente la necesidad de aceptación ("Escritura de partición de herencia o de aprobación y protocolización de operaciones particionales formalizada por el contador-partidor en la que se asigne al legatario el inmueble o inmuebles legados".) No obstante, considera la DGRN de aplicación al legatario la misma doctrina establecida para los herederos en relación con la partición efectuada por el contador partidor, conforme a la cual podría practicarse a su favor la inscripción bajo condición suspensiva de aceptación. Alude también la resolución a la flexibilización del requisito formal de aceptación del legado, que puede deducirse de la misma solicitud de inscripción a su favor por el legatario. Dice la resolución:

"No obstante, la doctrina de esta Dirección General se ha mostrado siempre favorable a facilitar en estos casos la inscripción a favor de los herederos o legatarios y así, ya desde la resolución de 7 de enero de 1875 se admitió la posibilidad de inscribir adquisiciones hereditarias sin que constase la aceptación de los favorecidos con base en el argumento de que aquella constituye jurídicamente una condición suspensiva de la transmisión dominical y son inscribibles los títulos traslativos del dominio sujeto a condición suspensiva, razonamiento que se aplicó a la inscripción de los legados en la de 30 de abril de 1878. Tal construcción fue matizada posteriormente, tras haber sido reiterada en varias ocasiones, en la resolución de 6 de marzo de 1923 al señalar que esas inscripciones si bien eran independientes de la aceptación de la herencia, no prejuzgaban la existencia de esta última «condición jurídica» o momento esencial de la adquisición mortis causa, para cambiar de argumento en la de 12 de diciembre de 1927, que tras apuntar que esa analogía con la condición suspensiva parece discutible, encontró apoyo para seguir en la misma línea en el principio que permite la inscripción de bienes o derechos a favor de personas que no han consentido de un modo explícito la adquisición, doctrina posteriormente reiterada y en la que parece confundirse la legitimación para pedir la inscripción a que se refiere el artículo 6 de la Ley Hipotecaria por parte de persona distinta de aquella a cuyo favor ha de practicarse la inscripción con la necesidad del consentimiento de ésta para la adquisición del derecho a inscribir. Más acorde con el planteamiento de la cuestión que antes se ha hecho, la resolución de 3 de febrero de 1997 estableció que para la inscripción a favor del legatario era imprescindible que constase su aceptación en cuanto requisito necesario para la adquisición, si bien no puede desconocerse la peculiaridad que presentaba el legado en aquella ocasión. Y lo cierto es que no hay dificultad alguna en seguir manteniendo la misma línea. Acreditada la aceptación la inscripción a favor del heredero o legatario puede practicarse como firme, sin condicionamiento alguno a la concurrencia de un requisito ya existente. Es más, las reglas relativas a la aceptación tácita de la herencia, en concreto los artículos 999 y 1000 del Código civil, aplicables también a los legatarios de bienes concretos, facilitan considerablemente esa acreditación por medio de cualquier actuación que implique la voluntad de aceptar, y como tal ha de tenerse, por ejemplo, la simple solicitud de inscripción de los bienes adjudicados o asignados que a su favor hagan herederos o legatarios, o como ocurre en el caso aquí contemplado a través del requerimiento dirigido al albacea contador-partidor para que procediese a la partición de la herencia y entrega de los legados o al desempeño de su función, que al menos en cuanto a tres de los coherederos prelegatarios resulta de las correspondientes actas testimoniadas en el documento calificado. En otro caso, y en tanto no se acredite esa aceptación, ningún inconveniente existe para que la inscripción se practique al modo que cualquier otra adquisición de derechos sujetos a condición suspensiva, o sea, con la advertencia de que no se ha acreditado aquella, extremo que podrá hacerse constar posteriormente en cualquier momento, y que estará implícita en cualquier acto voluntario que realice el titular del derecho inscrito como tal, sin perjuicio de que acreditada la renuncia voluntaria o provocada se cancele la inscripción reviviendo la titularidad del causante hasta que se complete la partición con la adición de los derechos vacantes al margen del posible juego de una sustitución".

El Código Civil no regula los requisitos de la aceptación y repudiación del legado, ante lo cual la doctrina ha propuesto acudir supletoriamente a las reglas de la aceptación y repudiación de herencia. En este sentido, el artículo 427-16.8 del Libro IV del Código Civil de Cataluña dispone: "Las cuestiones no reguladas por el presente capítulo se rigen por las disposiciones sobre aceptación y repudiación de la herencia, si lo permite la naturaleza del legado". Esto nos llevaría a admitir la aceptación del legado de forma expresa o tácita, pero exigir para la repudiación la escritura pública ex artículo 1008 Código Civil. En contra de aplicar de modo generalizado las normas de la aceptación y repudiación de herencia al legado, opinan José Antonio García Vila, Juan Gómez Martínez y Ángel Serrano de Nicolás (en: Instituciones de Derecho Privado. Tomo V Sucesiones. Volumen 1º. 2ª ed., 2015. Aranzadi), quienes apuntan que la Resolución DGRN de 24 de mayo de 1930 declaró: "la doctrina relativa a la aceptación y repudiación de legados, tanto por lo que respecta a la capacidad de las personas otorgantes como a la forma y efectos del acto jurídico, se apoya en el Derecho francés, italiano y español, más en las normas que regulan las adquisiciones a título lucrativo de naturaleza singular que no en las directamente aplicables, cuando se trata de la aceptación y repudiación de la herencia". Entre las normas que consideran estos autores inaplicables al legado se encuentra el artículo 1008 del Código Civil, pues, afirman, "dada la adquisición automática, siquiera sea instrumentalmente, sin necesidad de aceptación, debe facilitarse la repudiación que, en todo caso, deberá ser inequívoca, sea expresa o tácita".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1992 admite la validez de la repudiación a un prelegado, su refundición en la masa de la herencia y posterior adjudicación, por vía de partición hereditaria, a los legatarios repudiantes, como herederos y conjuntamente con los demás coherederos, formalizados todos estos actos en documento privado.

jueves, 20 de octubre de 2016

La naturaleza de la reversión legal del artículo 812 Código Civil. El caso de donación de bien ganancial con premoriencia de uno de los donantes al donatario. La Resolución DGRN de 13 de junio de 2016





Niño con naranja. Vincent van Gogh. 1890.


La Resolución DGRN de 13 de junio de 2016 aborda diversas cuestiones relativas al derecho de reversión legal de los donantes ascendientes respecto del donatario que premuere a los mismos sin posteridad, que recoge el artículo 812 del Código Civil. 

Se trata de una resolución interesante pues, al margen de los problemas concretos que resuelve, se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de esta institución, cuestión que había sido muy debatida en la doctrina, y, por ello, de la misma se pueden extraer conclusiones en relación con otros aspectos discutidos en el funcionamiento de la reversión. Se da el caso, además, de que existen relativamente pocos pronunciamientos, tanto judiciales como de la DGRN, sobre esta materia. Por otra parte, si en los tiempos del Código Civil sus presupuestos lo harían un artículo probablemente de aplicación excepcional, la evolución social nos lleva a no poder decir quizás hoy lo mismo, dada la tendencia de los ascendientes a vivir cada vez más y de los descendientes a reproducirse cada vez menos.

Comenzaré, para el mejor seguimiento de la entrada, por transcribir el artículo 812 del Código Civil:

"Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad, cuando los mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en todas las acciones que el donatario tuviera con relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en los bienes con que se hayan sustituido, si los permutó o cambió".

Con carácter general, y respecto a los presupuestos de aplicación de la norma transcrita, cabe señalar lo siguiente:

- Que se trate de un bien donado por el ascendiente a un descendiente.

La norma se refiere a las cosas "dadas" por los ascendientes a los descendientes, debiendo entenderse aquí "dar" en su acepción de "donar" (a "los mismos objetos donados" se refiere también el artículo). Tanto el Tribunal Supremo como la DGRN han excluido de este concepto a los casos de renuncias preventivas de derechos, rechazando equiparar a los beneficiados por las mismas con los donatarios (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1950; Resolución DGRN de 18 de mayo de 1955).

En cuanto a si el régimen de la donación podría extenderse aquí a la condonación de créditos, el artículo 1187 Código Civil extiende a la condonación las normas de la donación exclusivamente en cuanto a la inoficiosidad y no en otros ámbitos. Vallet ("Comentarios al Código Civil". Edersa. Tomo XI) afirma que "posiblemente" la condonación no tenga, a estos efectos, carácter de donación. Para Carlos Manuel Díez Soto (Código Civil Comentado. Volumen II. Aranzadi. 2016), el derecho de reversión del artículo no se aplicará a "la prestación gratuita de servicios o la condonación de deudas, y tampoco respecto de los regalos de uso no colacionables", aunque este último supuesto lo considera discutible. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de mayo de 1999 se muestra contraria a la reversión legal de los regalos de costumbre, declarando: "lo cierto que tales bienes, por su naturaleza y escaso valor, deben tener la consideración de simples liberalidades, de regalos de costumbre no colacionables conforme al artículo 1.041 del Código Civil, y, por tanto, no susceptibles de la reversión prevista en el artículo 812 del Código Civil".

Para Vallet (op. cit), en las donaciones remuneratorias y onerosas se aplicará la reversión en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto, ex artículo 622 Código Civil.

En cuanto la aplicación de la reversión legal del Código Civil a los contratos sucesorios, la cuestión se debe analizar, principalmente, en el ámbito del derecho foral, pues en el derecho común los pactos sucesorios resultan prohibidos, como regla general (artículo 1271.2 Código Civil).

Algunas leyes forales (Aragón, Navarra, País Vasco) tienen normativa propia sobre la reversión de donaciones (o recobro de liberalidades), lo que excluirá la aplicación supletoria de la regla del Código Civil. Pero hay territorios forales en los que sí juega supletoriamente el artículo 812 Código Civil.

La Sentencia del TSJ de Baleares de 28 de mayo de 1992, después de admitir la aplicación supletoria en Baleares de la reversión legal del artículo 812 Código Civil (lo que hoy confirma el artículo 43 de la Compilación, norma aplicable en el ámbito de Mallorca y Menorca), sostiene que cabe esta reversión en el supuesto de un pacto sucesorio de definición (aunque contó con dos votos particulares basados en el carácter oneroso del negocio). Pese a comenzar reconociendo el carácter oneroso del pacto, el TSJ considera que la premoriencia del descendiente priva de uno de los elementos esenciales al negocio de definición, al no llegar aquel a adquirir la condición de legitimario, en cuya virtud se realiza el mismo. Dice el Tribunal: "El dato trascendente hay que buscarlo, más bien, en el juego que despliega el hecho de que la causa de la atribución lucrativa que realiza el ascendiente, radica en el común propósito de las partes de imputar dicha atribución al pago adelantado de los derechos legitimarios o, en su caso, sucesorios, que corresponderán al descendiente, de manera que éste, dándose por satisfecho con cuanto ha percibido, se comprometa a no reclamar nada por tales conceptos en el futuro . Pero debe notarse que cuando la definición se produce no existen tales derechos legitimarios, que sólo se adquirirán si el descendiente sobrevive al ascendiente, y sí, únicamente, simples expectativas. Y, entonces, por efecto de la mutua condicionalidad en que se encuentran los dos elementos integrantes del tipo negocial, de la misma manera que si el beneficiario resultara despojado del bien donado por consecuencia de evicción es obvio que la renuncia devendría ineficaz, la premoriencia del descendiente sin dejar posteridad -esto es, la hipótesis que constituye el supuesto de hecho del art. 812 del Código Civil- y, consiguientemente, sin que nazca para sí ni para su estirpe derecho a legítima en la sucesión del ascendiente a que imputar el pago, priva a la atribución patrimonial de su razón determinante, de modo que no subsisten impedimentos que se opongan en la situación dicha a que los bienes donados vuelvan de nuevo a quien los donó. Idéntica solución ha de propugnarse también, y con mayor fundamento todavía, para aquellos casos, teóricamente no descartables, en que premuere el descendiente que se definió en contemplación de donaciones que se le habían entregado con anterioridad y que inicialmente no habían sido preordenadas a tal fin". 


jueves, 6 de octubre de 2016

El testamento del ciudadano británico con residencia habitual en España tras el Reglamento europeo de sucesiones. Carácter universal ley aplicable, professio iuris tácita, reenvío y unidad de la sucesión, administración de la herencia (grant of probate y executor). Las Resoluciones de la DGRN de 15 de junio y de 4 de julio de 2016.





Batalla de Hastings.


Recientemente, nuestro Centro Directivo ha dictado dos resoluciones que abordan la cuestión de los efectos del Reglamento Europeo de Sucesiones (Reglamento 650/2012, de 4 de julio, en adelante RES) sobre unos testamentos de ciudadanos británicos con residencia habitual en España, otorgados antes de la entrada en vigor de la referida norma comunitaria.

De entrada, hay que recordar que la plena eficacia de dicha norma comunitaria se produce para todas las sucesiones que se abran desde el 17 de agosto de 2015 (inclusive), aunque el testamento por el que se rija la sucesión haya sido otorgado con anterioridad a dicha fecha. Pero la circunstancia de ser anterior el título testamentario al RES sí es tenida en cuenta para interpretar su contenido, como veremos.

La principal novedad de la norma comunitaria respecto del anterior derecho internacional privado vigente en España fue la de sustituir el punto de conexión de la última nacionalidad del causante (artículo 9.8 del Código Civil), por el de la residencia habitual de aquel al tiempo del fallecimiento, que se convierte en la regla general para determinar la ley sucesoria aplicable, salvo casos excepcionales de especial vinculación del causante con la ley de otro Estado, y la admisión de la opción voluntaria por la aplicación de ley de la nacionalidad del causante, al tiempo de la elección o del fallecimiento, haciendo uso de la llamada professio iuris.

Así, los artículos 21 y 22 del RES disponen:

Artículo 21

Regla general

"1. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.

2. Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado".

Artículo 22

"Elección de la ley aplicable

1. Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.

Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.

2. La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo.

3. La validez material del acto por el que se haya hecho la elección de la ley se regirá por la ley elegida.

4. Cualquier modificación o revocación de la elección de la ley deberá cumplir los requisitos formales aplicables a la modificación o la revocación de las disposiciones mortis causa".

Solo cabe elegir la ley de un Estado, y no otros conjuntos normativos que no se hallen en vigor como ley propia de un Estado (sharía, ley judía, etcétera). Además, no cabe elegir una concreta ley de entre las posibles que estén en vigor territorial o personalmente en un Estado, correspondiendo a los artículos 36 y 37 RES la resolución de esta cuestión (después volveré sobre este asunto).

La professio iuris podrá ser expresa o tácita. Esta última opción viene a contemplarse en el número 2 de del artículo 22, cuando admite que la misma "resulte de los términos de una disposición de este tipo".

El Considerando 39 del RES, con su valor de interpretación auténtica, nos dice: "Puede considerarse que la elección de la ley resulta de una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, el causante haya hecho referencia en ella a determinadas disposiciones específicas de la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado explícitamente de otro modo esa ley".

Aquí parece exigirse una mención explícita a la ley de la nacionalidad o a disposiciones específicas de la misma, aunque esto sea una aclaración a título de ejemplo, que no excluye absolutamente otras posibilidades. Pero en el caso particular de testamentos anteriores al RES, el artículo 83.4 RES favorece esta apreciación de la professio iuris tácita, disponiendo: "Si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión". De esto cabría concluir que es distinto el tratamiento en este punto de los testamentos anteriores y posteriores al RES. Las resoluciones de la DGRN que analizaremos se ocupan, precisamente, de casos de professio iuris tácita en testamentos anteriores al RES.

En el caso particular del ciudadano británico que haga uso de la professio iuris, debe tenerse en cuenta que, siendo el Estado el Reino Unido, es distinto el derecho aplicable en Inglaterra y Gales, de los que se aplican en Escocia o Irlanda del Norte, y serán las normas británicas las que determinen la aplicación de una u otra ley interna. Se ocupa de esta cuestión, antes del RES, Sixto A. Sánchez Lorenzo ("Algunos problemas del régimen jurídico de los actos inscribibles relativos a ciudadanos británicos". RCDI. Nº 697. Septiembre-Octubre 2006), quien, además de criticar el uso frecuente por la DGRN de términos como "ciudadano inglés", cuando la ciudadanía real es la británica, indica que deberá estarse a las normas británicas a la hora de determinar cuál de los concretos ordenamientos existentes en el Reino Unido es el aplicable al caso, conforme al criterio que expresa el artículo 12.5 Código Civil, que sigue un modelo similar al del RES. Según este autor, el derecho británico utiliza como criterio de determinación de la ley aplicable, tanto interna como internacionalmente, el del del domicilio, con un sentido distinto al de la residencia habitual, estando mucho más próximo dicho concepto al de nuestra vecindad civil. Según explica este autor, se distingue entre domicilio de origen, determinado por el de los padres (prioritariamente el de padre), el domicilio de elección, determinado por el hecho de trasladarse a vivir en un país con vocación de permanencia, y el domicilio de dependencia, determinado por el matrimonio para la mujer (aunque solo en matrimonios anteriores a 1974) y para los menores e incapacitados por el de las personas que tienen el cuidado de los mismos. Cabría, así, que el derecho británico considerase que un ciudadano británico con residencia habitual en España conserva su domicilio en el Reino Unido. El autor citado apunta que la adquisición de un inmueble como segunda residencia no se valora como determinante de un cambio de domicilio, y que los Tribunales británicos atienden principalmente al grado de integración en el país en cuestión, apuntando un caso de la jurisprudencia escocesa en 1995, asunto Spence v. Spence, en el cual "el Tribunal consideró que diez años de residencia en España, acompañada de conexiones familiares y de negocios, no era suficiente para justificar la adquisición del domicilio en España por elección, habiendo una falta genérica de integración o conexión social".

miércoles, 5 de octubre de 2016

La naturaleza de la ineficacia de las situaciones de conflicto de interés en la contratación por administradores de las sociedades mercantiles. La Resolución DGRN de 3 de agosto de 2016.





La muerte de Germánico. Nicolas Poussin. 1627.


Debo empezar por admitir que esta es la cuarta, o quizás incluso quinta, entrada que dedico en el blog a esta materia de los conflictos de intereses de los administradores de las sociedades mercantiles, siempre tratando de opinar desde el punto de vista de la actuación notarial. que es el que mayormente me interesa, lo cual no implica que me sienta más cerca de la meta, si por meta entendemos la comprensión y asimilación de la materia. Pero parece que todo el asunto, de repente y posiblemente más para bien que para mal, va a perder gran parte de su trascendencia notarial (y registral), como veremos. 

Como ya digo que he dedicado más de una y más de dos entradas a la materia, me voy a abstener, en la medida lo posible, de reiterar lo ya dicho sobre la regulación del conflicto de interés en las sociedades mercantiles, especialmente sobre las situaciones de conflicto indirecto de intereses por contratación con las personas vinculadas con el administrador, cuya relación contiene el artículo 231 TRLSC.

La cuestión es que, asumida que existe una situación relevante de conflicto de interés societario que no encaja dentro de los más estrechos límites del auto-contrato, debe determinarse cuál es la consecuencia de la infracción por el administrador de su deber de lealtad contratando con una persona especialmente vinculada con el mismo, o lo que es lo mismo. decidir qué tipo de ineficacia del acto genera esta conducta, si es que alguna produce, y, desde nuestro punto de vista, si ello puede fundamentar una calificación registral negativa o el deber del notario de abstenerse en el otorgamiento.

Esta Resolución DGRN 3 de agosto de 2016, que ya avanzo que va a excluir esta materia del control de notarios y registradores, al menos como regla general, se encuadra dentro de la más reciente línea de flexibilidad del Centro Directivo en la interpretación de las últimas reformas societarias, siendo similar en su espíritu a otras tales como las que interpretaron el famoso artículo 160.1.f TRLSC, sobre atribución a la junta general de la competencia sobre la adquisición, enajenación y aportación de activos esenciales, la que admite la donación de inmuebles sociales por los administradores sin otros límites que los generales de enajenación de bienes (Resolución DGRN de 11 de abril de 2016, que llega a calificar la donación como acto neutro o polivalente), las que relativizan las consecuencias de la infracción de los requisitos formales de convocatoria (por ejemplo, Resolución DGRN de 2 de septiembre de 2016), o las que vuelven a su previa doctrina sobre posibilidad de extinción de la sociedad sin bienes con un acreedor pendiente y sin concurso  de acreedores (por ejemplo, Resolución DGRN de 1 de agosto de 2016),

Y hablo de flexibilidad porque la doctrina ahora sentada sin duda evitará poco agradables sorpresas a notarios y terceros adquirentes, en unas situaciones, las de conflicto de interés, que, las más de las veces, pasarán desapercibidas tanto al notario interviniente, en cuanto a su existencia, como a las partes, en cuanto a sus consecuencias (pues sabido es que la ignorancia de la ley no excluiría de su cumplimiento). 

La resolución que tratamos asume, como punto de partida, la diferenciación entre las situaciones de verdadero auto-contrato, que sí limitarían el poder de representación de los administradores sociales, y las de simple conflicto de interés en las que no exista auto-contrato, que no lo limitarían, lo que supondrá la necesidad de distinguir unas de otras, lo que no siempre es sencillo, como diremos.