jueves, 23 de diciembre de 2021

La partición por contador partidor dativo notarial con citación al "tutor del incapacitado" y la aportación de la "sentencia de incapacitación" ante el notario que aprueba la partición. La Resolución DGSJFP de 26 de octubre de 2021.

Abogado en su estudio. Adriaen van Ostade. 1637.


La Resolución DGSJFP de 26 de octubre de 2021 declara que, en una partición por contador partidor dativo, aprobada notarialmente, en la que uno de los partícipes en la herencia está sujeto a tutela por incapacitación, es requisito necesario para la inscripción de la misma justificar que se ha aportado al notario la sentencia de incapacitación, para poder apreciar la extensión y límites de la representación del tutor, así como la justificación de la inscripción del cargo de tutor en el registro civil. 

En el caso, la tutela se había constituido y la partición consumado antes de la reforma de la Ley 8/2021, pero en la resolución se cita la nueva regulación de la discapacidad como argumento de refuerzo, con lo que parece que la misma doctrina se mantendría vigente la nueva norma.

Como preámbulo, creo que empieza a ser necesario distinguir, en el comentario de esta resolución y de todas las que se refieran a expedientes notariales de jurisdicción voluntaria, dos aspectos, aunque la distinción pueda resultar en gran medida artificiosa.

De un lado, estarían las cuestiones estrictamente jurídicas, en las que se podrá estar o no de acuerdo con los argumentos que emplea el Centro Directivo, pero en ningún caso me atrevería yo a calificarlos de faltos de base o de menor enjundia que otros, entre otras cosas porque en esto del derecho no creo que haya verdades absolutas, ni resultados exactos, sino opiniones mejor o peor fundadas, y asumo que las de la Dirección General son emitidas por personas capaces y formadas (y eso al margen de su valor legal vinculante para notarios y registradores).

Y del otro estaría la cuestión del alcance de la calificación registral sobre los actos notariales de jurisdicción voluntaria, en lo que, sin querer repetirme demasiado, el sentido de los argumentos del Centro Directivo no es jurídico sino político-corporativo, y viene a suponer, omitiendo los circunloquios y cantos al sol con los que, sin mucho éxito, se trata de adornar la decisión final, negarse a aceptar que exista una jurisdicción voluntaria notarial que implique, por la naturaleza especial de la misma, límites al ámbito de la calificación registral. Por el contrario, la calificación registral de estos actos de jurisdicción voluntaria se viene considerando por la Dirección General de alcance similar, y quizás hasta mayor, al que le es normal en relación con las escrituras públicas. Y de todo ello esta resolución es un ejemplo patente más. 

Y digo más porque en los últimos tiempos han recaído, en este solo ámbito de la partición por contador partidor dativo, la Resolución DGSJFP de 18 de febrero de 2021, que considera comprendida dentro de la congruencia procedimental que puede calificar el registrador la legitimación para instar el procedimiento notarial de partición por contador partidor dativo, y la Resolución DGSJFP de 12 de julio de 2021, de la que podríamos concluir que, para el Centro Directivo, la calificación registral alcanza, sin aparente límite, a la extensión de las facultades particionales de un contador partidor dativo en una partición aprobada notarialmente.

Pero voy a olvidarme, en lo posible, de este segundo aspecto, que no es poco olvidar, y a centrarme en los aspectos jurídicos de la resolución, que giran sobre si la intervención del tutor al que se cita para la formación de un inventario en la partición en que está interesado un tutelado exige la presentación de la sentencia de incapacitación. 

La resolución exige esta aportación de la sentencia de incapacitación en relación con el trámite de citación del tutor al inventario que realiza el contador partidor,  como presupuesto necesario para la aprobación de la partición del contador partidor dativo por el notario, de modo que la falta de esa presentación viciaría la aprobación notarial y justificaría la calificación registral negativa de la partición.

Dice la resolución: "En la documentación incorporada en la escritura de protocolización de las operaciones particionales realizadas por el contador-partidor dativo, consta el nombramiento del tutor pero no consta que el notario haya tenido a la vista, ni por su exhibición ni por su incorporación a otro documento público de los unidos a la partición, la sentencia por la que se declara la incapacitación de don J. F. N. Dicha sentencia de incapacitación debió ser solicitada por el contador-partidor dativo y por el notario autorizante, al objeto de determinar la extensión y límites de la incapacitación que a su vez determinaran las facultades del representante legal, no siendo suficiente la mera constancia del nombramiento y aceptación del cargo."

Obsérvese que la resolución afirma que la sentencia de incapacitación debieron solicitarla tanto el contador partidor dativo, lo que estaría necesariamente en relación con la citación a la práctica del inventario, como el notario, y esto podría estar en relación tanto a la práctica del inventario, al protocolizar el notario la partición del contador, como al acto de aprobación de la partición por el notario, actos notariales que son distintos, procedimental y conceptualmente, aunque en el caso los realice el mismo notario, lo que tampoco sería obligatorio.

Dice la resolución: 

"Según el párrafo tercero del artículo 1057 del Código Civil antes transcrito, uno de los trámites esenciales de la partición por contador-partidor dativo es el inventario de los bienes con citación del representante legal del sujeto a tutela. Y, aunque la concreta y específica forma de realizar dicha notificación debe quedar bajo la fe pública de exclusiva responsabilidad del notario autorizante (cfr. artículo 17 bis de la Ley del Notariado), pues no hay citación ni emplazamiento a titular alguno de derechos inscritos (cfr. artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria), es imprescindible que el notario que aprueba la partición practicada haya comprobado -por la correspondiente sentencia- la extensión y límites de la incapacitación que a su vez determinarán las facultades del representante legal, no siendo suficiente la mera constancia del nombramiento y aceptación del cargo."

Se mezclan aquí, según digo, dos aspectos que deberían ser diferenciados: el de aprobación por el notario de la partición otorgada por el contador partidor dativo, considerándose por la Direción General "imprescindible" para dicha aprobación que el notario compruebe "la extensión y límites de la incapacitación que a su vez determinan las facultades del representante legal", y el de citación al representante legal del tutelado, citación que solo se contempla en la norma al tiempo de la formación del inventario, debiendo realizarse por el contador partidor dativo.

La explicación de esto parece ser que el Centro Directivo considera que el notario solo puede aprobar la partición si comprueba que la citación del tutor al inventario se realizó respetando las facultades representativas de este, de modo que esta comprobación se erige en requisito esencial del acto de notarial aprobación y como tal es calificable por el registrador. 

Personalmente, no me resulta convincente la argumentación de la resolución, que olvida la naturaleza de la partición de contador partidor y el carácter de la intervención que el tutor tiene en la misma (y si la olvida no es porque no la alegase el notario en el recurso), y eso ya digo que olvidándome en lo posible de lo que debiera ser el ámbito de la calificación registral respecto de un acto de jurisdicción voluntaria notarial, como es el de aprobación de la partición por contador partidor dativo.

Otra precisión a realizar es que en el caso no se discutía la realidad del nombramiento y acepta del tutor notificado, en cuanto este había sido justificado al notario mediante la exhibición del correspondiente testimonio del auto judicial de nombramiento, testimonio del que el notario incorporó copia a la escritura de partición (al margen de la necesidad de justificar su inscripción en el registro civil, que fue el segundo defecto invocado en la calificación, también confirmado por la resolución, a lo que después me refiero), sino que el primer defecto sobre el que resuelve la Dirección General fue la falta de exhibición al notario de la sentencia de incapacitación.

Para ser literales y según la transcripción de la resolución, el primer defecto de la calificación registral fue: "falta la aportación de testimonio judicial de sentencia firme, con expresión de su firmeza, por la que se procede a la incapacitación o modificación judicial de su capacidad, y ello en la medida que, conforme al artículo 199 del Código Civil, «nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley», debiendo tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 760.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la sentencia que declara la incapacitación se determina la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado".

No obstante, es debatible si la esencia del defecto calificado consistía en que no constaba justificada la propia situación de incapacitación del tutelado, o bien en la apreciación de las facultades suficientes del tutor para los actos en que intervenía, teniendo en cuenta la posible extensión variable de la incapacitación. Lo primero parece que quedaría suficientemente justificado con el propio auto de nombramiento de tutor, que hará referencia a la sentencia de incapacitación, en cuanto la misma es un presupuesto necesario de dicho nombramiento. Lo segundo, que es la alternativa que parece plantearse la Dirección General, es discutible por lo que a continuación diré.

Distinguiré las distintas fases del procedimiento de partición por contador partidor dativo en que la intervención del tutor pudiera ser valorable por el notario.

1.- La intervención del tutor en el inventario de la partición.

En relación con la primera de las cuestiones, la citación al inventario de la partición, el vigente artículo 1057.3 del Código Civil dice:

"Artículo 1057.3 Código Civil.

«Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los representantes legales de dichas personas. Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estará a lo establecido en ellas

Pero la redacción de dicho artículo vigente al tiempo de la partición en cuestión era la siguiente:

"Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se observará aunque entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad, tutela o curatela; pero el contador-partidor deberá en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citación de los representantes legales o curadores de dichas personas".

Este artículo, vigente al tiempo del caso resuelto, solo exigía la citación al representante legal del "incapacitado" coheredero (sobre si esto podía incluir a otros partícipes, me remito a la entrada antes referida: ("La partición por contador partidor testamentario"), entre ellos el tutor, cumplido cuyo trámite la cual la partición otorgada por el contador partidor será inscribible. 

No se exige en ningún modo que el representante legal citado consienta la partición, cuya naturaleza es la de acto unilateral del contador partidor, ni que realice ninguna otra una actuación particular en relación con el referido inventario, ni de aprobación, ni de otra clase, siendo perfectamente posible que el citado no acuda a la citación realizada, lo cual no comprometería ni la eficacia de la partición, ni su carácter inscribible.

Es cierto que la falta de citación al tutor sí podría afectar a la eficacia de la partición, pero es, o al menos era, doctrina consolidada que para justificar la notificación a los efectos registrales bastaría con la manifestación, no del notario, sino del propio contador partidor de haberla realizado.

Recordemos que la jurisprudencia no había exigido que esta notificación a los representantes legales fuera fehaciente (así, con cita de otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1984).

Por su parte, desde la perspectiva registral, antiguas resoluciones de la DGRN (Resolución de 30 abril 1917, cuya doctrina recoge la Resolución de 6 marzo 1923) consideraron suficiente para entenderlo acreditado registralmente la sola manifestación del propio contador partidor en la escritura de partición sobre haber sido cumplido. La Resolución DGRN de 13 de noviembre de 1998 exige que esta mención sea específica y no genérica ("debe indicar nominalmente quiénes han sido citados y, en su caso, en qué concepto, a fin de hacer posible la apreciación de cumplimiento de lo previsto en el artículo 1.057-3.o del Código Civil, sin que sea suficiente la mera afirmación genérica de que se ha cumplido dicho trámite"), pero sin tampoco requerir la justificación de la misma a efectos registrales.

La Resolución DGSJFP de 23 de octubre de 2020 se plantea un caso en que, tras una primera partición otorgada por un contador partidor testamentario, tienen lugar diversas renuncias de llamados que determinan el llamamiento a un menor como sustituto vulgar de un renunciante, confirmando la calificación registral que exigía para la inscripción de esa partición inicial y de la complementaria otorgada por el contador partidor tras la renuncias y con redistribución de los bienes vacantes entre los herederos resultantes, entre ellos la menor, la citación a los representantes legales de esta ex artículo 1057.3 del Código Civil.

Pero ninguna de estas resoluciones se había siquiera planteado que ante el contador partidor testamentario o ante el notario se hubiera de justificar la extensión de la representación del tutor del incapacitado como requisito para la inscripción de la partición, pues la naturaleza de la partición por contador partidor no deja de ser unilateral porque haya de practicarse esta notificación, y esto es lo que hace suficiente la manifestación del contador al partidor al respecto de haberla practicado. 

Es cierto que la redacción actual del artículo 1057.3 del Código Civil, cuando se trate de personas con discapacidad, expresamente se remite a las previsiones de las medidas de apoyo existentes, pudiendo ser defendible que solo cuando la medida de apoyo se haya establecido en relación con la partición en que esté interesado el sujeto a la misma es necesaria la notificación, y así lo he dicho en otra entrada del blog (Reforma de la ley 8/2021. Citación al inventario ..."). Pero entiendo que de esto no cabe concluir, como hace la Dirección General, que la misma solución sea necesariamente trasladable a la regulación anterior, donde la citación al representante legal, incluido el tutor, se imponía sin distinción alguna. 

La explicación del distinto régimen podría ser que, en la anterior regulación sobre la tutela, se imponía tanto al tutor del "incapacitado", como al del menor, un deber general de velar por los intereses del tutelado (artículo 269 previo del Código Civil: "El tutor está obligado a velar por el tutelado ...), y no era ni imaginable, ni legal, una tutela en que este deber no correspondiese al tutor, lo que no dependía de la extensión mayor o menor de sus facultades representativas. Sin embargo, en la regulación actual ese deber general del tutor de velar por el "tutelado" ha desaparecido de la regulación de la curatela de la persona con discapacidad (en otro hallazgo de la norma).

Y desde la perspectiva estrictamente patrimonial, en la anterior regulación el tutor único o en su caso el de los bienes tenía la condición de administrador legal del patrimonio del tutelado (artículo 270 del Código Civil: “El tutor único y, en su caso, el de los bienes es el administrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicha administración con la diligencia de un buen padre de familia.”), lo que era cuestión al margen de la extensión de su representación legal, que efectivamente podía estar limitada o excluida para ciertos actos por la sentencia de incapacitación (artículo 267 previo del Código Civil: “El tutor es el representante del menor o incapacitado salvo para aquellos actos que pueda realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación.”). De esta norma resulta que estos actos para los que el tutor careciese de la  representación del tutelado deberían ser realizados por el propio incapacitado.

Pero, en realidad, aun si la cuestión se analizara desde la extensión concreta de las facultades representativas del tutor, cabrían dos posibilidades: que el tutor tuviese, según la sentencia de incapacitación, facultades para representar al tutelado en el inventario de una partición realizada por contador partidor o que no las tuviese. Y, a mi entender, esto no debería cambiar el tratamiento registral del artículo 1057.3 del Código Civil en su redacción anterior a la reforma.

En el primer caso, sus facultades para intervenir en el inventario tendrán un doble concepto, el general de velar por el incapacitado y ser el administrador legal de su patrimonio y el particular de representarle en el inventario de la partición del contador partidor; en el segundo, tendrá al menos el de velar por el incapacitado, que sería general a todo tutor.

Pero es que, aunque se diera el supuesto, difícilmente imaginable, de que que el tutor, figura reservada en la práctica judicial para supuestos de incapacitación total, no tuviera facultades representativas para intervenir en la partición en nombre del mismo, siendo el sujeto a tutela el que personalmente debiera consentir una partición entre los herederos, y al margen de que esa notificación al tutor estuviera amparada por el deber legal de velar por el incapacitado, como mucho llegaríamos a concluir que sería innecesaria notificación alguna a la práctica del inventario, pues el "incapacitado parcial", capaz para partir por sí mismo, no debe consentir ni ser citado a una partición realizada por contador partidor. Y asumido ello, difícilmente esta notificación al tutor del parcialmente incapacitado, teóricamente innecesaria, supondría vicio alguno de la partición. O, dicho de otro modo, o se cita al tutor o no hay a quien citar.

La cuestión es especialmente discutible si a todo ello sumamos en que estamos ante una partición por contador notarial aprobada notarialmente, acto de jurisdicción voluntaria, cuya calificación registral debería ser limitada, y en que es el notario el único sobre el que debiera recaer, en su caso, el control de que a quien se notifica es el verdadero tutor.

Por otra parte, siendo esta citación al inventario un acto extrajudicial del contador partidor, para el que la normativa no impone un cauce formal especial, quizás no hubiera estado de más una referencia a la normativa notarial sobre notificaciones, pues nada obstaría a que el contador acudiese a la vía notarial para realizar dicha notificación al tutor, y si algo resulta de la misma es que el notario que practica la notificación no está obligado, como regla general, a identificar al notificado, y lo que nunca se le impone es apreciar la representación legal del notificado. Parece que estas exigencias se consideran por el legislador "extrañas" en un simple acto de notificación. Dice el artículo 197.5º del Reglamento Notarial: "Las manifestaciones contenidas en una notificación o requerimiento y en su contestación tendrán el valor que proceda conforme a la legislación civil o procesal, pero el acta que las recoja no adquirirá en ningún caso la naturaleza ni los efectos de la escritura pública. No será necesario que el notario dé fe de conocimiento de las personas con quienes entienda la diligencia ni de su identificación, salvo en los casos en que la naturaleza del acta exija la identificación del notificado o requerido".

Y su consultamos la legislación procesal sobre actos de comunicación, imaginando incluso que esta deba integrar un procedimiento de jurisdicción voluntaria, tampoco se encuentra en la misma, salvo omisión por mi parte, exigencia alguna de comprobación de la extensión de la representación legal de quien recibe la notificación en nombre del destinatario, exigencia que no parecería muy acorde con la flexibilidad de la regulación, que permite la citación en personas distintas del destinatario (puede verse el artículo 161.3 de la LEC). Nuevamente creo que se puede considerar que la "comprobación" de las facultades representativas del destinatario de la notificación es algo que se considera no propio de un acto de citación.

Con esto no desconozco que la resolución parece plantear la cuestión no tanto como un defecto de notificación, sino de "intervención" del tutor en el inventario con facultades suficientes, pero la exigencia formal de la norma es la notificación al inventario y no otra.   

Y una última cuestión que no quiero dejar de mencionar, si valoramos el defecto como de falta de justificación de las facultades representativas de un representante legal, es que el juicio de suficiencia del notario sobre las mismas debería quedar amparado por el artículo 98 de la Ley 24/2001, por zarandeada e ignorada que dicha molestísima norma (para algunos, claro) haya sido, pero que no sea por no recordarlo. Es cierto que se podría argumentar que ello no excluiría la necesidad de justificación auténtica de las facultades representativas ante el notario y esto sí podría ser objeto de calificación, pero al menos el espíritu de la norma se podría haber invocado dentro de lo que es un expediente de jurisdicción voluntaria notarial (lo que afirmo consciente de mi ingenuidad).

- La aprobación de la partición por el notario.

En realidad, la argumentación de la Dirección General parece consistir en que, siendo la citación del tutor al inventario un trámite esencial de la partición, el notario que la aprueba debe comprobar que esa citación se realizó por el contador partidor dativo en persona que tenía facultades suficientes para recibirla en nombre del incapacitado, respecto de lo cual me remito a todo lo dicho previamente sobre que las facultades del tutor del incapacitado, al menos según la legislación vigente al tiempo de los hechos, incluían obligatoriamente la de velar por el tutelado, razón suficiente para considerarlo legitimado, y si teóricamente no tuviera el tutor facultades para intervenir en la partición, el "tutelado" no debería ser citado, con lo que la práctica de esta citación "adicional" o innecesaria al tutor no debería viciar la validez de la partición.

En todo caso, aquí no estaríamos ante un requisito procedimental esencial o de congruencia de la propia aprobación notarial de la partición, que es a lo que podría extenderse la calificación registral de la misma ex artículo 100 del Reglamento Hipotecario, sino en su caso ante un requisito esencial de la propia partición realizada por el contador partidor, aunque lo único esencial será que la notificación se practique al "tutor",  lo que nadie parece dudar haya sucedido, partición y su protocolización notarial que es una fase diversa a la de aprobación, y lo que esta doctrina implica es admitir que se pueda realizar registralmente una revisión del fondo de la decisión notarial de aprobación de la partición.

Si la cuestión la planteásemos exclusivamente desde los trámites formales a seguir para la aprobación de la partición por el notario (aunque no es este el sentido de la resolución, como he dicho), podríamos hacer alguna matización sobre intervención del tutor.

La partición por contador partidor dativo está sujeta a un doble requisito alternativo de eficacia: la confirmación por todos los herederos y legatarios o su aprobación notarial (o por letrado de la administración de justicia). Me remito en cuanto a estas cuestiones a la siguiente entrada del blog: "La partición por contador partidor dativo ...".

En el primer caso, la confirmación por los interesados, podría tener sentido que se exigiese a un tutor que interviniese en nombre del partícipe justificar la extensión de sus facultades representativas para prestar consentimiento a la partición. Lo que resultaría, en cambio, debatible es si esa partición a la que presta su confirmación el tutor quedaría sujeta a la aprobación judicial del antiguo artículo 272 del Código Civil (concordante con el vigente 289 del Código Civil para el curador representativo), pues la naturaleza del acto que realiza el tutor no sería la de un consentimiento negocial pleno, sino el asentimiento de la realizada por un tercero, el contador partidor.

Pero si, a falta de confirmación por los herederos y legatarios, la partición es aprobada por el notario, el tutor del incapacitado, u hoy el curador representativo, no ha de prestar consentimiento o asentimiento alguno.

Es cierto que la aprobación notarial es subsidiaria de la confirmación por los interesados, y esto implica que debe existir una primera fase en que se dé a estos la posibilidad de confirmar la partición, y solo si esta confirmación no se obtiene, proceder a la aprobación notarial. Así, la Resolución DGSJFP de 12 de julio de 2021 alude al carácter subsidiario de la aprobación notarial de la partición por contador dativo, debiendo intentarse previamente la confirmación por los herederos y legatarios. Pero, en realidad, esta primera fase no está recogida en la ley como un trámite formal, y solo por esta razón, además de por la referida naturaleza de la aprobación notarial, es cuestión que debería quedar solo bajo el control notarial.

Una cuestión también formal a apuntar, aunque no fuera objeto de calificación ni se trate en la resolución, es que, en el caso, la aprobación notarial se recogió en diligencia en la propia escritura de protocolización de partición, lo que debiera ser posible, aunque la Resolución DGSJFP de 12 de julio de 2021 consideró que la formalización de la aprobación notarial por diligencia en la escritura de partición, y no por escritura separada, no satisfacía la exigencia formal del artículo 66.1."b" de la Ley del Notariado (sobre esta resolución me remito a la siguiente entrada del blog: "De nuevo sobre las facultades del contador partidor dativo ...").

- La necesaria inscripción del cargo de tutor en el registro civil.

El segundo de los defectos opuestos en la calificación registral fue la falta de justificación del cargo de tutor en el registro civil.

La exigencia de acreditación de la inscripción registral del cargo de tutor supone asimilar la actuación el tutor en una partición de tal clase con la que pudiera tener en una partición entre herederos, a la el tutor prestase su consentimiento en nombre del tutelado, lo que, como mínimo, creo que requiere alguna justificación, más allá de reproducir resoluciones previas.

Obsérvese que la resolución no cuestiona la expresión del notario en la escritura de protolización  de partición de que el tutor notificado había sido nombrado por auto judicial, que se le exhibió al notario, y del que se incorporó copia a la escritura, sino que entiende que con ello no bastaría para admitir la válida actuación del tutor, y ello aunque se hubiese justificado la extensión de las facultades del tutor para el caso, sino que es requisito para la inscripción de esa escritura de protocolización de partición que el tutor al que se haya citado tenga su cargo inscrito en el registro civil y así se justifique ante el registro de la propiedad. 

Esta exigencia de inscripción en el registro civil está en relación a los efectos erga omnes que la inscripción en el registro civil confiere al nombramiento del tutor.

Al margen ya de la naturaleza de la actividad del tutor en este tipo de partición, esta exigencia supone asumir que, si el tutor del caso no hubiera tenido su cargo inscrito en el registro civil, podría hacer surgido un tercero que adquiriera algún derecho con base en esa falta de inscripción, y que esta situación fuera incompatible con lo que el registro de la propiedad fuera a publicar. Pero el supuesto no es fácilmente imaginable en una partición por contador partidor, al menos para mí, pues o bien el cargo del tutor notificado está realmente inscrito, en cuyo caso ningún problema existiría, o no lo está, en cuyo caso el "incapacitado" no debería ser notificado al inventario, ni habría en realidad ninguna otra persona que actuase en dicha partición con facultades de hacer surgir derechos de terceros. Podría quizás existir un tutor previo con cargo aun inscrito que debiera ser el notificado, aunque es difícil de imaginar que la partición fuera de adolecer de algún defecto por que el nuevo tutor nombrado judicialmente y que haya tomado posesión de su cargo haya sido el citado al inventario. Y si por el contrario se citare a ese tutor previo con cargo inscrito, existiendo ya uno nuevo nombrado, según la propia argumentación de la Dirección General, la eficacia registral de la partición quedaría amparada por el registro civil.

Y todo esto olvidándonos, ya digo, de que todas estas materias, en un expediente de jurisdicción voluntaria notarial, debe asumirse que han sido comprobadas por el notario interviniente y deberían quedar fuera de la calificación registral delimitado por el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, pues no se refieren a ninguno de los aspectos que dicha norma contempla.

Dice la resolución al respecto en cuanto a la inscripción del cargo de tutor, en una doctrina que, al margen de su razón de fondo, entiendo que debería ser inaplicable al caso o, al menos, habría que justificar por qué lo es:

"El artículo 218 del Código Civil, tras establecer en su párrafo primero que «las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil», añade en su párrafo segundo que «dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones»

En relación con la inscripción de los cargos tutelares, este Centro Directivo ha puesto de relieve (Resolución de 28 de octubre de 2014) lo siguiente:

«(…) Es cierto que la cuestión ahora planteada fue abordada por este Centro Directivo en su Resolución de 6 de noviembre de 2002, entendiendo entonces que «si bien es cierto que el Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos, el artículo 2 de la Ley del Registro Civil necesita acudir a otros medios de prueba distintos del Registro si previa o simultáneamente se ha promovido la inscripción omitida, y así ocurre en este caso en el que en los Autos de nombramiento de tutor se ordena enviar exhorto a los Registros Civiles respectivos para la constancia en los mismos de los respectivos nombramientos, con lo que se cumple lo que este Centro Directivo ha exigido en casos análogos». 

Ahora bien, no es menos cierto que el criterio interpretativo reflejado en dicha Resolución ha sido superado por la doctrina posterior de este Centro Directivo en relación con el tema de la prueba del estado civil de las personas que otorguen actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que parte, como se verá, del criterio general de la necesidad de que las distintas circunstancias y hechos relativos al estado civil de las personas, cuando afectan a la titularidad de los derechos inscritos o a la legitimación de los otorgantes, por afectar a la validez del acto o contrato en que intervienen, deben ser acreditados mediante certificación de su inscripción en el Registro Civil. Este criterio general aparece reforzado, además, en casos como el presente relativo a un incapacitado que comparece junto con su tutor a los efectos de complementar su capacidad, en que dicha inscripción en el Registro Civil no sólo tiene efectos probatorios y de legitimación (cfr. art. 2 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros.

En efecto, el artículo 218 del Código Civil, tras establecer en su párrafo primero que «las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y de curatela habrán de inscribirse en el Registro Civil», añade en su párrafo segundo que «dichas resoluciones no serán oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones», precepto que, por lo demás, concuerda con el artículo 222.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que supedita la eficacia «ultra partes» de la cosa juzgada de la sentencia recaída a la previa inscripción en el Registro Civil, al disponer que «en las sentencias sobre estado civil... la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil» (vid. en el mismo sentido el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, pendiente de entrada en vigor, conforme al cual «en los casos legalmente previstos, los hechos y actos inscribibles conforme a las prescripciones de esta Ley serán oponibles a terceros desde que accedan al Registro Civil»)

Pues bien, en tales casos no se trata sólo de «probar» la incapacitación y el nombramiento de tutor, sino que en tanto no tenga lugar su inscripción en el Registro Civil no son oponibles frente a terceros, por lo que no deberá accederse a la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos o contratos otorgados en nombre del incapacitado por el tutor sin aquella previa inscripción en el Registro Civil, ya que en caso contrario existe el riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de la incapacitación derivada de su falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad del Registro de la Propiedad en caso de que se inscriba la venta otorgada por el tutor en representación del incapacitado (o por éste con capacidad complementada por aquél) si el nombramiento del tutor -por el motivo que sea- no llegara a inscribirse en el Registro Civil, en los términos que luego se verán.

En este sentido, un primer exponente de esta evolución en la doctrina del Centro Directivo en la materia aparece representada por la Resolución de 18 de octubre de 2006 que, ante el mismo defecto ahora examinado (falta de inscripción en el Registro Civil del correspondiente cargo tutelar), consideró como medio adecuado por su subsanación la acreditación de la inscripción en el citado Registro (la inscripción propiamente tal y no su mera solicitud). Este primer pronunciamiento en el sentido indicado, claro en su criterio aunque parco en su argumentación, ha sido seguido de otros varios durante los últimos años, que han sido pródigos en la materia como se verá, tanto desde el punto de vista de las relaciones entre los principios de oponibilidad propios del Registro de la Propiedad y del Registro Civil, como desde la perspectiva de la prueba del estado civil de las personas ante el Registro de la Propiedad, cuestión mediatizada por la anterior en aquellos supuestos de hechos y circunstancias del estado civil cuya inscripción tenga efectos de oponibilidad frente a terceros».


PS.

Y con esto me despido hasta el próximo año, si es que en realidad vuelvo, que creo que sí, aunque también creo que no será ya por mucho tiempo, y, además, nadie me echará de menos, como es lógico. Feliz Navidad a todos.


jueves, 9 de diciembre de 2021

Elevación a público de un documento privado de venta por los herederos del vendedor y aceptación tácita de la herencia. ¿Es necesario justificar la condición de heredero de quien actúa en nombre de la herencia yacente? La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de febrero de 2020.

Playa en Valencia. Joaquín Sorolla. 1908.


La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de febrero de 2020 declara que la elevación a público de un documento privado de compraventa por los herederos (más bien los llamados a la herencia) del vendedor no implica la aceptación tácita de la herencia de este por tratarse de un acto debido y de conservación de la misma.

A esta misma cuestión me había referido ya en al menos dos entradas previas ("La aceptación tácita de la herencia ..." y "La elevación a público de documento privado ...") y por su trascendencia, y por coincidir en buena medida lo por mí escrito con la posición de la sentencia (a puntito he estado de decir que el Tribunal "sigue" mi tesis; vanidad de vanidades), he pensado que no era inconveniente su reseña y extracto en este blog de mis amores (aunque solo yo lo quiera, que tampoco lo quiero tanto).

La sentencia se aparta, además, de la posición de la Dirección General sobre la materia, habiendo dicha sentencia recaído en un procedimiento derivado de un recurso judicial contra una calificación registral, lo que acrecienta su interés.

En esta cuestión se combinan dos materias, ninguna de ellas sencilla:

1ª.- La de qué actos implican aceptación tácita de la herencia

Sin ánimo de repetir lo ya tratado por extenso, recordar que, conforme al artículo 999 del Código Civil, 

"La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.

Expresa es la que se hace en documento público o privado.

Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero.

Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero".

2.- La naturaleza del acto de elevación a público. La cuestión en sí no es clara, pudiendo considerarse que es un acto equivalente al pago, habiendo resoluciones que lo consideran, por ello, acto de administración, aunque debe recordarse que el pago exige libre disposición de los bienes entregados (artículo 1160 del Código Civil). 

Sin perjuicio de remitirme en detalle a lo dicho en la entrada correspondiente, cabe recordar lResolución DGRN de 25 de octubre de 2016, que declaró: "en el caso del presente recurso el poder se confiere para elevar a público y ratificar un documento privado de compraventa previamente suscrito por el comprador y el banco vendedor. De este modo, y aunque con el otorgamiento de la escritura las partes están prestando nuevo consentimiento, debe tenerse en cuenta que la elevación a público de un documento privado implica, en sentido técnico, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1279 del Código Civil, dar forma pública a un negocio preexistente mediante el otorgamiento de una escritura que debe recoger el negocio tal y como aparece estructurado en el documento privado. Esta Dirección General no ha dudado en calificar de acto debido la elevación a público de documentos privados de compraventa. Así, en Resolución de 1 de junio de 2012 se expresa que «es fundamental insistir en la diferenciación entre acto debido y acto de enajenación. El acto debido parte de la existencia previa de un acto de enajenación o disposición, razón por la cual él mismo, como acto debido no implica acto dispositivo, sino de mero reconocimiento conforme al artículo 1.224 del Código Civil y de obligado cumplimiento». Por lo demás, en el presente caso no se introduce modificación alguna respecto a lo acordado en su día por las partes y reflejado en el documento privado que se incorpora, por lo que la escritura tiene una naturaleza enteramente recognoscitiva o confesoria". 

Para ponernos en mayor contexto, empezaré por reproducir parte de lo que en las entradas referidas dije sobre estas materias.

En la entrada sobre aceptación tácita de la herencia, dije lo siguiente del caso de elevación a público por los herederos del vendedor:

"También parece que lo será (acto con valor de aceptación tácita) la elevación a público de un contrato de venta otorgado por el causante. Así, la Resolución DGRN de 1 de junio de 2012, después de reconocer que la elevación a público por los herederos de un contrato de venta no es propiamente un acto de enajenación sino un acto debido para aquellos (en el caso, los herederos actuaban representados por un tutor, con lo que se planteaba la necesidad de autorización judicial prevista para la enajenación de inmuebles, lo que se rechaza por el Centro Directivo con el argumento dicho), afirma, en cuanto al valor de aceptación tácita de dicho acto: "la actuación de la tutora en representación del tutelado, al ratificar un contrato privado realizado por el causante, implica aceptación tácita conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 999 del Código Civil, que considera aceptación tácita, entre otros casos, la que se hace por medio de actos «que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de herederos», que es precisamente lo que exige el citado artículo 20.4.º de la Ley Hipotecaria para la ratificación del contrato privado firmado por el causante". 

Dejando ahora al margen si un representante legal, como el tutor, sujeto a autorización judicial previa para aceptar una herencia sin beneficio de inventario, puede realizar actos de aceptación tácita en nombre de su representado sin control judicial alguno y los efectos de esta actuación (cuestión que la Resolución citada salva admitiendo una simple declaración subsanatoria posterior al acto de que se aceptó con los efectos del beneficio de inventario), entiendo discutible el que la realización de un acto debido, como lo es la elevación a público de un contrato, que en realidad es el cumplimiento de una obligación del causante, no pueda ser considerado de simple administración o conservación de la herencia por los llamados a la misma, sin valor necesario de aceptación tácita, lo que encontraría amparo en el artículo 999 último, siempre que se hiciera expresamente en tal concepto, y ello al margen de los términos literales del artículo 20.4 de la Ley Hipotecaria, pues es conocida la imprecisión terminológica de nuestras leyes en la distinción entre llamado y heredero. La propia DGRN ha dicho que los actos de disposición implicarán aceptación de la herencia "cuando sean voluntarios" y los Tribunales han afirmado que el cumplimiento de obligaciones del causante puede ser considerado simple acto de administración de la herencia. Sobre esta cuestión volveré después.

La Resolución DGRN de 19 de julio de 2016 matiza que han de ser actos dispositivos "voluntarios", con cita de otra Resolución DGRN de 11 de julio de 2013, conforme a la cual la aceptación de la herencia estará implícito: "en cualquier acto voluntario que realice el titular del derecho inscrito como tal".

No obstante, la DGRN ha reiterado que la elevación a público de un documento privado, cuando el otorgante ha fallecido, deberán realizarla "todos los herederos del mismos acreditando tal condición mediante la aportación del título sucesorio", incluyendo a sus legitimarios, aunque no tengan la condición de herederos (Resolución DGRN de 9 de enero de 2018). Se cita, como apoyo civil de esta solución, el principio de relatividad del contrato que vincula a las partes y a sus herederos (artículo 1257 del Código Civil). En el mismo sentido, la Resolución DGRN de 4 de julio de 2018 reitera que la escritura de elevación a público de un documento privado de compraventa debe ser otorgada, en caso de fallecimiento del vendedor o comprador, por todos los herederos del transmitente o adquirente.

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2006 condena a un demandado como heredero del vendedor a elevar a público un contrato de venta, considerando que la actuación procesal de este implicó una aceptación tácita de la herencia, con lo que parece asumir que solo como heredero procedería dicha condena. Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2007 declara que los únicos legitimados para la elevación a público de un contrato de venta tras el fallecimiento del vendedor son los herederos de este (y no el mandatario que otorgó en nombre del vendedor el contrato privado de venta).

Pero también cabe tener en cuenta que, en realidad, la elevación a público del contrato del causante es un acto de cumplimiento de las obligaciones de aquel (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2003, que concluye que existe solidaridad entre los herederos a efectos de cumplir esta obligación, lo que excluye el litisconsorcio pasivo necesario si en la demanda de elevación a público se omite dirigirla contra alguno de los llamados). Todo ello me lleva a cuestionar la conclusión de que atender a un acto debido que implique disposición de un inmueble, como la elevación a público de un contrato privado firmado por el causante (u otros, como sería atender al ejercicio de un retracto legal; por ejemplo, el causante ha adquirido en vida una finca rústica y tras su fallecimiento un colindante ejercita el retracto legal), signifique necesariamente la aceptación de la herencia de aquel, si el que lo realiza no asume voluntariamente en él la condición de heredero, y no pueda realizarse por el llamado como mero acto de administración o conservación (pues no cumplirlo voluntariamente puede implicar mayores gastos como los judiciales), aunque sin duda es cuestión dudosa tanto civil como registralmente."

También me ocupé en la misma entrada del caso inverso, en que la elevación a público la realizan los herederos del comprador, y dije lo siguiente:

"Esto nos lleva a la cuestión de la elevación a público de un contrato de adquisición realizado por el causante. La DGRN tiene establecido que los herederos pueden elevar a público un documento privado de adquisición a nombre del causante, y que, además, están obligados a dicha elevación a público a nombre del causante con carácter previo a la posterior adjudicación del bien por vía hereditaria, sin que puedan elevar a público dicho documento por el que su causante adquiría directamente a su nombre. Así, entre otras, la Resolución de 7 de septiembre de 2009, que, después de negar que los herederos del comprador en documento privado puedan instar el procedimiento de reanudación de tracto interrumpido, declara "la vía procedente para hacer constar en el Registro su titularidad es la elevación a público, voluntaria o en procedimiento declarativo, de la compraventa que el titular registral realizó a favor del causante de los promotores y posterior herencia a favor de los adjudicatarios con pago del impuesto de sucesiones correspondiente. También la Resolución DGRN de 13 de mayo de 2015 (aunque en el caso concreto, y teniendo en cuenta las circunstancias del contrato privado, en que no se había entregado la cosa y pagado el precio, no consumándose la adquisición del causante, parece que hubiera admitido una venta directa a favor de los herederos, siempre que se hubiera configurado expresamente de esa forma). Resultaría perfectamente posible que los herederos de un comprador elevaran a público el contrato privado otorgado por este y promovieran la inscripción del mismo a nombre de su causante, sin posterior adjudicación entre los mismos del bien. Pero la cuestión es si este acto implica aceptación tácita o si pueden realizarlo los llamados a la herencia como acto de conservación, sin tomar para ello el título de heredero o de aceptar expresamente la herencia, lo que entiendo que puede defenderse, como acto de conservación de los bienes de la mismasi expresamente se configura su intervención en la escritura de elevación a público de tal modo.

La Resolución DGSJFP de 10 de junio de 2020 resuelve un supuesto en que el llamado como heredero de un arrendatario con opción de compra eleva a público, junto con el arrendador, un contrato de arrendamiento con opción de compra de dos vivienda y consiente la subrogación en los derechos del arrendatario a favor de un tercero (una sociedad mercantil, de la que el propio heredero era administrador), aceptando el cesionario la cesión, haciéndolo expresamente dicho llamado a la herencia sin aceptación previa de la herencia y como acto conservativo al amparo del artículo 999 del Código Civil. La Dirección General rechaza que el acto realizado por el heredero pueda ser calificado de mera administración o conservación de la herencia, concluyendo que ha implicado la aceptación tácita de la misma (lo que por cierto, le lleva a confirmar la calificación registral negativa, sin dar valor registral a esa aceptación tácita de la herencia que dice haberse producido). Pero, al margen del fondo de la decisión, lo cierto es que el acto realizado excedía de la simple elevación a público de un documento de adquisición y parece que lo condicionante de la existencia de aceptación tácita fue la cesión de derechos a un tercero. Dice la Dirección General:

"Es cierto que, como sostiene el recurrente, puede ocurrir que la transmisión de algunos bienes y derechos de la herencia resulte útil y ventajosa para el caudal, e incluso sea necesaria la disposición para satisfacer sus necesidades o para evitar que se inutilicen y pierdan los bienes o su conservación sea imposible. Debe admitirse que la realización de determinados actos dispositivos sobre bienes o derechos de la herencia por el llamado a la misma no comporta necesariamente aceptación tácita si no revelan inequívocamente la voluntad de aceptar y, además, no son actos que únicamente puedan ejecutarse con la cualidad de heredero. Así lo confirma el párrafo segundo del artículo 999 del Código Civil («Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero») pues, según las circunstancias concretas del caso de que se trate, ciertos actos de disposición pueden incluirse en la categoría de actos de administración entendida ésta en sentido económico –administración dinámica, no estática–; pero si esos actos no son «de mera conservación o administración provisional», implicarán necesariamente la aceptación tácita de la herencia. En la doctrina científica y en la jurisprudencia se admite que el llamado a la herencia realice actos de disposición para atender los gastos de entierro y funeral, para atender a otros gastos urgentes (recibos de suministros, rentas, prestaciones alimenticias, etc.), o la recolección y subsiguiente venta de frutos, y también para el pago de impuestos relativos a los bienes a nombre del difunto así como la liquidación y pago del impuesto de sucesiones (cfr., respecto de estos últimos gastos la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1998 y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de julio de 2016), sin que por ello se entienda aceptada la herencia. Pero se considera que quien paga deudas hereditarias con bienes relictos acepta tácitamente (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1926, 16 de junio de 1961 y 12 de julio de 1996, entre otras). También se ha entendido que implican aceptación de la herencia el arrendamiento de un bien de la herencia (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1928 y la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2017) y el ejercicio de una acción de resolución de contrato de arrendamiento o desahucio del arrendatario (Sentencias del mismo Tribunal de 14 de marzo de 1978 y 27 de marzo de 2008) ... A la vista de las anteriores consideraciones, debe concluirse que la subrogación de una sociedad en la posición de arrendatario y titular del derecho de opción de compra de la causante que se formaliza en la escritura calificada –más de dos años después del óbito– implica aceptación tácita de la herencia. Es cierto que el llamado a la sucesión que otorga dicha escritura manifiesta expresamente en ella su voluntad de no aceptar la herencia y que con la subrogación disminuyen las deudas de la misma y puede evitarse la resolución del arrendamiento. Pero estas circunstancias no impiden que la realización de tales actos conlleve la aceptación tácita de la herencia, pues tienen entidad suficiente para considerar que sólo pueden ejecutarse asumiendo la cualidad de heredero, pues son –en terminología de Las Partidas– «actos de señor»; como, por cierto, lo sería extinción de una deuda de la herencia mediante una dación en pago de bienes de la misma (vid. la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1961: «… quien paga una deuda debe ser propietario de la cosa dada en pago, sin lo que no podría trasladarla al acreedor que la recibe …»), negocio con el que presenta alguna proximidad el formalizado en la escritura calificada en tanto en cuanto –como alega el recurrente– la sociedad que se subroga en la posición de la arrendataria asume las obligaciones pendientes de pago por razón del arrendamiento". 

Por último recordaré lo que en la misma entrada dije sobre el pago de deudas de la herencia, teniendo en cuenta la probable naturaleza de la elevación a público como acto de pago o cumplimiento de una obligación:

"En cuanto al pago de deudas del causante, dice Lacruz Berdejo (Elementos de derecho civil. V. Sucesiones. Dykinson. 2009), "según la opinión común quien las paga con sus propios bienes realiza un acto equívoco, pues puede muy bien pagar por cuenta de otro (artículo 1158 Código Civil), mientras que quien paga con bienes relictos, al disponer de los mismos, acepta la herencia (S. 7 abril 1955, salvo que se trate de un acto de gestión provisional". Esta doctrina es recordada por la citada Resolución DGSJFP de 10 de junio de 2020.

Pero atender a gastos u obligaciones de la herencia, aunque sea con bienes relictos, puede ser considerado simple acto de administración o conservación de esta. Así, Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 13 de enero de 2016, que sostiene que el atender a un recibo pendiente al fallecer el causante derivado de un bien de la herencia es un acto de conservación en beneficio de la herencia que no implica aceptación tácita. Distinto sería el caso de extinción de una deuda de la herencia mediante una dación en pago de bienes de la misma (Sentencia de 16 de junio de 1961), pues elegir un medio alternativo de pago parece que implica un mayor grado de disposición. La citada Resolución DGSJFP de 10 de junio de 2020 recuerda que sería acto de aceptación de la herencia, como acto de señor, la "...  extinción de una deuda de la herencia mediante una dación en pago de bienes de la misma (vid. la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1961: «… quien paga una deuda debe ser propietario de la cosa dada en pago, sin lo que no podría trasladarla al acreedor que la recibe …»), considerando equiparable a esta dación en pago el consentimiento para la cesión de derechos del arrendatario con opción de compra, según se ha visto."

En la entrada sobre elevación a público de un documento privado, repetí parte de lo anterior, entrando en mayor detalle sobre quien tiene que otorgar la elevación a público, pero lo relativo a la aceptación tácita de la herencia ya está suficientemente tratado en lo que he transcrito.


Como he dicho, el procedimiento deriva de un recurso judicial contra una calificación negativa de una registradora de la propiedad, calificación que fue confirmada por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, ante lo que se interpone recurso de apelación por el interesado. El Tribunal de apelación admite el recurso y ordena la inscripción de la escritura pública en cuestión (otorgada ante el notario de Valencia, don Enrique Robles Perea).

Según señala la sentencia comentada, "La calificación de la registradora se sustentó en dos puntos; a) Llevar implícita la elevación a público la aceptación tácita de herencia ex artículo 999 Código Civil que se contradice con la manifestación en el titulo de " nadie ha aceptado su herencia que permanece yacente, sin que este acto constituya aceptación tácita de la misma"; b) Ser necesario intervenir los herederos debidamente acreditados con el título de la sucesión conforme al artículo 14 de la Ley Hipotecaria y artículo 209 bis del Reglamento Notarial ...".

Se plantean, por lo tanto, dos cuestiones:

- La de si la elevación a público de un contrato de venta por los herederos del vendedor implica necesariamente la aceptación de la herencia.

Ya he señalado que, en mi opinión, la elevación a público de un contrato de venta por los herederos del vendedor no es necesariamente acto de aceptación tácita, siempre que los referidos "herederos" no hayan tomado tal título en la elevación, lo que parece que en el caso no sucedió, sino que expresamente intervinieron en la escritura en representación de la herencia yacente.

Dice al respecto la sentencia, en razonamiento que comparto:

"La Sala discrepa de tal razonamiento de la Registradora que es reproducido por la Juez de Instancia, toda vez que no se trata de un acto de disposición sobre un bien de la herencia yacente, efectuado por los herederos vocados a la misma, -en cuyo caso resulta incuestionable el acierto jurídico de dicho razonamiento-, porque los intervinientes no están efectuando acto alguno de disposición de un bien de la herencia, (para sí o en beneficio o favor de tercero) dado que el bien inmueble fue vendido por el causante y transmitida su propiedad por el vendedor -en vida de éste (Sr. Jose Carlos )- a la actora (transmisión dominical no cuestionada) y por tanto, el mentado bien salió del patrimonio del vendedor y, por ende, no puede ex artículo 659 del Código Civil, integrar ni el caudal hereditario ni por consiguiente la herencia yacente del Sr Jose Carlos . Por ello, como fijó de forma expresa -correctamente- el Notario de esta ciudad, se trata no de un acto de disposición sobre el mentado nmueble, sino de un acto debido a que están compelidas las partes del contrato conforme al artículo 1279 del Código Civil. En consecuencia, estamos ante un mero acto de administración que no determina conforme al artículo 999 del Código Civil, la aceptación tácita de la herencia. 

- La de si la intervención de un llamado a la herencia en representación de la herencia yacente exige la justificación de su título sucesorio.

De la representación de la herencia yacente a efectos registrales me he ocupado en detalle en la siguiente entrada del blog: ¿Es procedente nombrar un representante a la herencia yacente ...?.

Al margen de si es necesario nombrar un defensor judicial a la herencia yacente cuando los llamados a la herencia sean totalmente indeterminados, de modo que su emplazamiento sea puramente genérico, lo que hoy parece superado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de septiembre de 2021, cuya doctrina se recoge en la Resolución DGSJFP de 14 de octubre de 2021, es cierto que, analizando la cuestión desde la perspectiva de la legitimación pasiva, tanto la jurisprudencia como la Dirección General parece que entienden suficiente con el emplazamiento en nombre de la herencia yacente que se haga a alguno de los presuntos llamados a la herencia, siempre que sean determinados, sin necesidad de justificación de su título sucesorio, ni de que sean emplazados todos los llamados (así, Resolución DGRN de 20 de noviembre de 2019, entre otras).

Podríamos entender que esta es la doctrina que aplica el Tribunal en esta sentencia que comentamos para considerar inscribible la escritura sin aportación del título sucesorio de quienes intervienen en la misma en nombre de la herencia yacente, y esto quizás fuera discutible, como diré. Pero, en realidad, lo que hace el Tribunal es asumir que los que intervinieron en la escritura eran todos los llamados a la herencia yacente (el único hijo y el cónyuge viudo), lo que parece tener su base en las manifestaciones del notario autorizante de la escritura de elevación a público, y esto es cosa bien diversa, como diré. 

Dice la sentencia:

"En cuanto al segundo motivo de no justificarse la condición de herederos ab-intestato, al faltar el acta notarial de tal declaración, con independencia de que consta (Documento 3) en la propia escritura pública la indicación expresa del Notario autorizante -por Acta de Notoriedad-, ser el interviniente Apolonio , único hijo de José Carlos (vendedor), es que, para el mentado acto debido, debe intervenir la herencia yacente del vendedor y la misma dada su falta de personalidad jurídica, puede y debe estar representada o administrada por los vocados a la herencia, en representación de la herencia yacente, sin necesidad incluso de asumir la cualidad de heredero de acuerdo con el artículo 999 párrafo tercero del Código Civil, como mera interviniente para culminar el acto debido (que no de disposición) actuando aquellos -el cónyuge viudo y el único hijo del fallecido- que son los llamados a la herencia ( artículo 913 Código Civil), con lo que se rellena por completo la representación de tal herencia yacente y por ende tampoco puede ser causa determinante para denegar el acceso registral, por tal razón la citada escritura pública."

A mi entender, prescindir del título sucesorio formal (en el caso, una declaración de herederos intestados), cuando se trate de un acto de administración activo de la herencia yacente, y no de legitimación procesal pasiva, podría contradecir las reglas generales de la legislación hipotecaria. Una cosa es que los "herederos" que elevan a público no hayan necesariamente de aceptar la herencia para ello y otra que, actuando como administradores activos de la misma, no hayan de justificar su llamamiento en la forma que se exige en general para los herederos.

Pero, en realidad, la cuestión parece no haber sido tanto la falta de ese título sucesorio (en el caso, una declaración notarial de herederos, siendo la herencia intestada), dado que se nos dice por el Tribunal que se expresó por el notario autorizante en la escritura de elevación a público que quien intervenía en la escritura en representación de la herencia yacente del vendedor eran el único hijo y el cónyuge viudo del causante, con referencia a la existencia de un "acta de notoriedad", sino la no aportación de la copia autorizada de la misma al registro, lo que es cuestión muy distinta. 

Por ello hay que insistir en la suficiencia a efectos registrales de la reseña que, en la escritura pública que tome por base el acta de declaración de herederos, haga el notario autorizante de la misma del acta de declaración de herederos cuya copia autorizada se le haya aportado, sin que sea entonces necesario aportar nuevamente dicha copia autorizada del acta de declaración de herederos (en realidad, del acta final), ya previamente reseñada por el notario, al registro, posibilidad admitida por la propia Dirección General (Resolución DGRN de 20 de diciembre de 2017, entre otras), al margen de los ciertos bandazos de su doctrina sobre qué se entiende por reseña suficiente a estos efectos. Me remito en cuanto a todo esto a la siguiente entrada del blog: "Algunas resoluciones recientes sobre la declaración de herederos ...". 




martes, 7 de diciembre de 2021

El testamento de la señora Naunakhte.

 

Templo de Hatshepsut. Valle de los Reyes.

El otro día me encontré por casualidad con la historia del testamento de la señora Naunakhte y un poco para desengrasar y también por su inherente interés jurídico, y diría que hasta notarial, como herederos profesionales lejanos que podemos considerarnos de los antiguos escribas, voy a incorporar al blog el sucedido.

Para situarnos, estamos alrededor del año 1150 A.C., en el poblado egipcio de Deir el Medina (que es, por supuesto, el moderno nombre árabe del lugar).

Discurrían los tiempos finales y decadentes de lo que se conoce por los historiadores como Imperio nuevo egipcio, en su XX dinastía, y reinaba uno de los muchos Ramsés que entonces hubo, el quinto, como si repetir el famoso nombre les fuera a inspirar mejor fortuna.

Lejos había quedado el primigenio tiempo de las grandes pirámides y tampoco conocía ya Egipto el esplendor de reinados como el de otro Ramsés, el segundo, apenas de una dinastía anterior, con sus auto-pregonadas victorias sobre los reyes hititas (además de ser, quizás, el faraón del Éxodo). Pero los Pueblos del mar ya se habían dado sus excursiones por la zona, y por ello, o por otra razón, los hasta entonces florecientes imperios y reinos de la edad de bronce mediterránea, desde los nietos de Agamenón hasta los mismos hititas, amos de Troya, habían colapsado no hacía demasiado. En realidad, los egipcios fueron los únicos de todo aquel mundo que pervivieron, aunque nunca volvieran a ser lo que fueron.

Con toda su magnificencia arquitectónica, acumulada a lo largo de los milenios y en gran medida destinada a impresionar, no al moderno turista, sino a sus potenciales enemigos, esto es, todos los que los rodeaban, no ha sido grande el legado de la civilización egipcia a la nuestra, y por nuestra quiero decir la occidental. Mucho más debe nuestro mundo, por ejemplo, a los fenicios, que nos prestaron el alfabeto, a los indios (los del Indo, quiero decir), de quienes tomamos los números, o incluso a los sumerios, que nos enseñaron a dividir el círculo en trescientos sesenta grados y a medir el tiempo en semanas de siete días, en horas de sesenta minutos, en minutos de sesenta segundos e, incluso, en años de trescientos sesenta días, más o menos. 

Esto es así porque la civilización egipcia fue en gran medida cerrada y autosuficiente, un poco como la imperial china, lo que se explica posiblemente por su geografía, siendo una tierra rodeada de desiertos y mares, magníficas barreras defensivas naturales, pero a la vez muros de contención, aderezado todo ello con la riqueza que el Nilo les derramaba periódicamente. 

Pero quizás de esta autarquía característica haya que excepcionar su concepción de vida ultraterrena, porque una parte de la religión egipcia sí pervivió, más o menos adaptada, en relatos que nos son familiares a todos. Y la explicación del interés, o casi obsesión, de los antiguos egipcios por la otra vida probablemente radique en que vivían lo suficientemente bien en este mundo para desear una prórroga, lo cual no deja de ser también bastante moderno y occidental.

Y esto se lo podemos aplicar a Deir el Medina, pues consta que sus habitantes, que no eran esclavos (ni tampoco extraterrestres, por cierto), estaban relativamente bien pagados y alimentados. De hecho, parece que allí se protagonizó la primera huelga registrada de la historia, cuando un faraón no pudo o quiso satisfacer los salarios debidos. Las tumbas de los faraones y de algunos altos nobles se excavaban por aquellos tiempos en la roca (hipogeos), estando situadas principalmente en los Valles de los Reyes (entre ellas la del famoso Tutankamón) y de las Reinas, y en el pueblo de Deir el Medina habitaban los que las construían y decoraban. Y de estos habitantes nos han llegado muchas de sus historias personales, escritas en papiro o en los más asequibles trozos de cerámica (ostraca), entre ellas el testamento de la señora Naunakhte, que, a través de los milenios, nos evoca una vivencia sorprendentemente cercana.

Doña Naunakhte era mujer, persona libre, esto es, no esclava ni sirviente, y ya anciana para la época, aunque mucho me temo que, teniendo en cuenta las expectativas de vida de entonces, fuera más joven que yo. 

Naunakhte se nos casó dos veces. La primera vez con un escriba, según nos informa en su testamento, quien se especula que podría haber sido bastante mayor que ella, razón posible de la falta de descendencia de este primer enlace, y del que recibió un cierto patrimonio, incluso inmobiliario. La segunda con un obrero constructor, con quien tuvo sus ocho hijos, de los que, en un ejemplo de paridad biológica, cuatro fueron hombres y cuatro mujeres. O más bien deberíamos decir que ocho fueron los hijos de Naunakhte que alcanzaron la edad adulta y son mencionados en su testamento, pues es muy probable que el número de sus partos fuera superior. Supervivencia igualitaria que, por otro lado, también podría ser indicio de una cierta, o mínima, paridad social, o al menos de que no se exponía directamente a las niñas, como en otras culturas, antiguas y modernas. Después volveré sobre esta cuestión de la posición jurídico-social de la mujer egipcia.

En su testamento, redactado en papiro, fragmentos del cual se conservan hoy en el museo Ashmolean de Oxford, Naunakhte cuenta que se había hecho mayor y que, de sus ocho hijos, tres (un hijo y dos hijas) no se ocupaban de ella en su vejez, a pesar de haberlos criado en la forma habitual entre los de su clase, por lo que, en justa correspondencia, nada les dejaba de su herencia, la cual se repartiría entre sus otros cinco hijos, de los cuales "mejoraba" a uno de ellos, seguramente su preferido, con una copa de lavado de bronce (también podría ser el primogénito, pero no es el primero al que se menciona). 

Nos encontramos aquí por tanto con algo próximo a nuestra famosa desheredación por maltrato de obra "afectivo", aunque es de apuntar que sería dudoso, como mínimo, que un caso como el de señora Naunakhte encajase verdaderamente en la moderna doctrina jurisprudencial al respecto, pues la simple falta de relación afectiva con el progenitor, no cualificada por alguna circunstancia de especial gravedad, no es valorada de forma uniforme por nuestros Tribunales, como se explica en la entrada correspondiente del blog ("La desheredación del hijo que abandona al padre ...").

En todo ello, como entre nosotros, está presente el deber filial de respeto a los padres, que al parecer para los antiguos egipcios era de especial intensidad en el caso de las madres, recogiendo muchos textos el deber de apoyar a las madres viudas, y también a las hermanas solteras, aunque esto las más de las veces lo que refleja es su desigualdad social subyacente. 

Así nos lo explica el egiptólogo A. G. McDowell (Village Life in Ancient Egypt. Oxford. 1999), quien recoge la siguiente máxima de una colección de la época, la cual no me resisto a reproducir, por su perenne valor admonitorio: "Devuelve a tu madre el doble de lo que ella te dio. Apóyala como ella te apoyó. Soportó muchas cargas por ti, pero no te abandonó. Naciste después de tus meses, pero ella se contuvo aún. Su pecho estuvo en tu boca durante tres años mientras crecías. Tu excremento asqueaba, pero ella no se asqueó ni dijo ¿qué haré? Te envió al colegio, donde te enseñaron a escribir. Y esperaba por ti cada día, con cerveza y pan"

Por otra parte, en compensación a que cuatro de sus ocho hijos habían contribuido al mantenimiento de sus padres en vida con algún estipendio, Naunakhte dejó a estos hijos contribuyentes una especie de legado de pensión temporal en medidas de cereal y aceite.

Se ha opinado que la composición de la herencia de Doña Naunakhte sería principalmente mobiliaria, como el ajuar de su casa, aunque en su testamento se hace referencia expresa a inmuebles adquiridos de su primer esposo y a una bodega o almacén recibido por la testadora de su padre. A. G. McDowell nos explica que era frecuente en Deir el Medina que los padres dejaran a las hijas en herencia este tipo de construcción accesoria, lo que tendría el sentido de atender en alguna medida a sus necesidades de habitación, pues el uso de las casas donde las familias vivían se vinculaba al trabajo del marido en la construcción de tumbas, de manera que, si el marido fallecía, el nuevo trabajador que ocupara su puesto en el grupo recibiría la posesión de la casa.

Formalmente, el testamento en cuestión parece ser un tipo de testamento nuncupativo, en que la testadora expresó su última voluntad en forma oral y pública, ante una serie de personas o testigos, de cierta relevancia social (varios de ellos se identifican en el testamento como trabajadores-jefe), que actuaban en el acto investidos con alguna clase de autoridad pública (como "el tribunal" - the court - se refiere a ellos la versión en inglés del testamento que reproduce A. G. McDowell), siendo registrado por escrito por un escriba o varios. 

Es de recordar la importancia que en el desempeño de las funciones administrativas y judiciales tenían en la sociedad egipcia de la época los consejos locales (kenebet), integrados por notables del lugar. 

Algo que llama la atención en el caso que tratamos es la abundancia de escribas intervinientes. Son al menos tres: el primer marido de Naunakhte y los dos que consta participaron en la redacción del testamento. Esto parece que se explica por las particulares características del  tiempo y lugar de los hechos. 

El lugar, Deir el Medina, suponía la presencia de trabajadores cualificados, con una tasa de alfabetización superior a la normal en el país, y también, siendo sitio de alojamiento de los trabajadores de las tumbas reales, la de un abundante personal administrativo, encabezado por un visir, nada menos, del que formarían parte estos escribas. 

Por otro lado, se nos dice que el tiempo de esta XX dinastía era en Egipto, al menos en Deir el Medina, de transición entre la normal oralidad en las formas jurídicas del mundo primitivo y las nuevas formas escritas, que se iban extendiendo más allá de sus reducidos círculos iniciales de la alta burocracia, formas escritas que siempre acaban por imponerse con la evolución social y jurídica, aunque nunca sin dificultades, pues existe una primera fase en que los pueblos suelen aferrarse a sus tradicionales formas orales. 

Debe tenerse en cuenta que estas formas orales son algo más que palabras, incluyendo gestos o juramentos, con un valor ritual, e incluso mágico, y la presencia de testigos, a lo que se atribuye en las sociedades primitivas un mayor valor que a unas formas escritas, cuya redacción corresponderá a un tercero, que les es extraño personal y socialmente, y que se escriben en un lenguaje que o bien directamente no es el suyo (piénsese cuando en nuestro mundo aún se redactaban los documentos jurídicos en latín, o en mi Galicia en castellano), que pueden ser incapaces de leer, aun siendo el propio, o que, y esto era casi siempre, y aún hoy en alguna medida, por su carácter formulario o técnico entienden solo con dificultad. 

El testamento de Naunakhte es, por otro lado, el único documento de tal clase que se ha conservado entre la multitud de restos escritos que nos han quedado de aquel período, lo que es significativo, y se cita por algún autor como ejemplo de una inicial fase de transición entre lo oral y lo escrito en la antigua sociedad egipcia, en que se combinaba la intervención de unos testigos cualificados con la transcripción por escrito realizada por los escribas.

De hecho, parece que los dos escribas que intervinieron en la redacción del testamento lo hicieron también como testigos del mismo (en este enlace se nos explica algo sobre la cuestión: "https://dbpedia.org/page/Will_of_Naunakhte). Tal cosa no hubiera sido posible en nuestro derecho, en donde el notario que autoriza el testamento no podrá intervenir a la vez en él como testigo. Esto se considera hoy tan obvio que ni el Código Civil ni la legislación notarial han considerado necesario recordarlo, ocupándose solo de la inhabilidad para ser testigo de ciertas personas relacionadas especialmente con el notario autorizante. Pero incluso se ha considerado que la intervención como testigo de un notario hábil para actuar en el lugar en un testamento no notarial, como el que se otorga ante cinco testigos idóneos en peligro de muerte, implica la nulidad del mismo (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2000). Todo esto solo muestra que nuestro derecho pertenece a una fase de la evolución de las formas jurídicas muy diversa a la del Egipto antiguo, no siendo entre nosotros la función pública notarial ni testifical, ni tampoco puramente de redacción o transcripción de la voluntad del testador, sino fedataria, conformadora de dicha voluntad y de control de legalidad.

También se ha dicho que quizás la más costosa de todas las posesiones de Naunakhte fuera el propio testamento, pues ni el papiro ni los escribas salían gratis (cierto que tampoco lo salimos hoy sus lejanos herederos, aunque, en el particular caso del testamento, el coste de la intervención notarial está tendiendo con el paso de las décadas a la gratuidad de facto).

Como ya he dicho, la señora Naunakhte se casó dos veces y ella misma nos aclaró que los bienes de que disponía y en que desheredaba a sus hijos "malos" eran solo los propios, como los que había recibido de su padre y de su primer esposo (el escriba), y no los del padre de sus hijos (el obrero constructor), en los que los hijos díscolos sí podrían heredar. Para ser precisos, la señora Naunakhte podía disponer y dispuso de todos los bienes que aportó al segundo matrimonio, y también de un tercio de los que adquirió durante el mismo, quedando para todos sus hijos, como herencia de su padre, dos tercios de los bienes matrimoniales.

Esta referencia a los dos matrimonios de Doña Naunakhte hace saltar en la mente del moderno opositor, o ex-opositor, la imagen de una reserva clásica o del bínubo. Es cierto, no obstante, que para que entrase en juego nuestra moderna reserva vidual alguno de los hijos en cuestión tendría que haber sido del primer matrimonio, lo que no sucedía. Pero aprovechando la ocasión, podemos recordar que recientemente la Dirección General ha expresado su posición sobre la clásica cuestión de quién puede desheredar a los reservatarios, defendiendo que esta es una facultad del reservista (respecto a lo que me remito a la siguiente entrada del blog: "¿Quién puede desheredar al reservatario ...").

Volviendo a la señora Naunakhte, se ha opinado que esta imaginaba que alguno uno de sus hijos "malos" (posiblemente, el varón) no se conformara con la desheredación, y por ello quiso revestir su testamento de unas formalidades que no le tuvieron que resultar ni sencillas ni baratas, en previsión de un futuro pleito. 

Esto no resulta tampoco muy lejano, ni de nuestro sistema de desheredación, siempre impugnable por el desheredado, ni de las invocaciones o directamente amenazas que se suelen encontrar en los testamentos modernos con circunstancias familiares similares (y si no llegamos hoy a las "maldiciones" egipcias no es muchas veces por falta de voluntad paterna, sino por la benéfica influencia notarial). Por si alguien tuviera interés en las cautelas socinianas en forma de pérdida de derechos testamentarios por impugnar el testamento lo remito a la siguiente entrada del blog: "La intangibilidad cualitativa de la legítima ...".

Con todo, conviene advertir que, en nuestro derecho común, desheredación es técnicamente privar de la legítima, lo que lleva implícito el concepto de sucesión forzosa a favor del desheredado, de la que solo se le podrá excluir por causas legalmente establecidas y con ciertos requisitos formales. En el antiguo derecho egipcio parece que se discute en qué medida existía libertad dispositiva de los padres, especialmente en la sucesión de la tierra, que algunos autores sostienen que se transmitía legalmente, por línea masculina, según el criterio de primogenitura y sobre la base de la indivisibilidad del patrimonio, aunque pudiera existir cierta libertad dispositiva dentro de la misma familia. Pero existen dudas y discusiones al respecto, y entre estas dudas están las que plantea el testamento del caso.

Por no faltarle al testamento de la señora Naunakhte no le falta ni su contradicción, difícil de interpretar dice A.G. McDowell, pues una de las hijas se menciona a la vez entre los totalmente desheredados y entre los que debían participar parcialmente en la división del caudal, excepción hecha de la parte en cereal y aceite que destinaba a compensar a los que habían contribuido al sustento de sus padres (en este enlace se pone de relieve la contradicción y se intenta dar una explicación, no demasiado fácil de aprehender: https://www.encyclopedia.com/history/news-wires-white-papers-and-books/naunakhte). Esto no deja de ser de algún consuelo histórico para el moderno autorizante de testamentos, siempre perseguido por el fantasma del error material de redacción.

En cuanto al valor social del caso, los expertos lo destacan como ejemplo de que la consideración de la mujer en la civilización egipcia era mayor que la que tenía en la generalidad de las sociedades de aquel tiempo y, para que mentir, también en muchas de las de tiempos más recientes (aquí dejo un enlace a un interesante artículo que he encontrado sobre la materia: "La mujer en el valle del Nilo"). 

En este sentido, no es irelevante que, por ejemplo, se conserve en la historia el nombre de alguna conocida faraona (la nuestra, al margen), como la del templo de la foto, o la más reciente Cleopatra, esta última más griega que otra cosa, aunque dicho sea de paso es verdaderamente dudoso que en la admirada Grecia antigua una mujer pudiera haber sido gobernante de algo más que de su casa, en el mejor de los casos (salvo las amazonas, claro, que esas eran caso aparte).

Y es cierto que de lo relatado resulta que Doña Naunakhte poseía un patrimonio propio de cierta importancia, con capacidad para adquirir y disponer del mismo, lo que no es baladí, históricamente hablando.

También se destaca por los expertos, como un ejemplo más de lo mismo, que la señora Naunakhte tuviera la libertad de "desheredar" a sus hijos. 

Y otro ejemplo más de la relativa buena consideración social de la mujer egipcia que resulta del caso de este testamento es que tanto entre los desheredados como entre los instituidos constasen indistintamente hijos e hijas, en aparente igualdad de condiciones.

El mismo A. G. McDowell nos ilustra sobre la capacidad patrimonial de la mujer egipcia, en lo que después reproduzco, en una traducción que será necesariamente imprecisa, en cuanto es mía, que me llevo regular con el inglés, y con la que termino.

Después de destacar que la posición social de la mujer en Deir el Medina no era en modo alguno igual a la del hombre, pues, entre otras circunstancias, no podía trabajar en la construcción de tumbas, lo que la llevaba, casi indefectiblemente, a depender económicamente de su padre o esposo, dice el autor sobre su capacidad patrimonial:

"La posición legal de la mujer en relación a su propiedad era equivalente a la del hombre. Las mujeres y los hombres heredaban por igual de sus padres, y cualquier propiedad que la mujer aportase al matrimonio se mantenía como suya. Si el matrimonio se disolvía por divorcio o por la muerte del esposo, ella conservaría su propiedad y también un tercio de la riqueza que la pareja hubiera adquirido juntos (a menos que fuera ella la que hubiera roto el matrimonio por cometer adulterio). La mujer podía comprar o vender, acudir a los tribunales y ser procesada ante ellos, igual que los hombres en el pueblo. No es claro si las mujeres podían en Deir el Medina generar alguna riqueza por sí mismas; como mucho, podrían haber ganado algo tejiendo. No obstante, algunas mujeres tenían considerables fondos propios, como podemos saber por registros de transacciones en las que participaron, donde sumas de hasta la mitad del salario anual de un trabajador estuvieron implicadas. En general, las mujeres heredaban de sus familias menos que los hombres y sus perspectivas sin un padre o esposo no eran buenas. En algunos aspectos su posición era peor que la de las mujeres en el campo, dado que las casas en el pueblo estaban vinculadas a trabajar con el grupo, de manera que si un trabajador fallecía, su casa era ocupada por su sucesor y sus parientes tenían que encontrar otro alojamiento. Esta es, quizás, la razón por la que las mujeres heredaban establos o bodegas más frecuentemente que lo hacían los hombres, como lugar en el que vivir si no tenían ningún otro. Aunque las listas de habitantes del pueblo a las que se entregaba comida de lujo incluía mujeres, quienes podrían haber estado solas. En conjunto, el comercio era incluso menos importante para las mujeres que para los hombres. Ellas producían solo para la casa y lo que no podían obtener por sí mismas, lo conseguían de otras mujeres, intercambiando o tomando prestado. Este intercambio a pequeña escala, en gran medida, no está documentado, pero hay unas pocas cartas de mujeres que nos proporcionan un atisbo de como confiaban las unas en las otras".