lunes, 6 de octubre de 2014

El curso de la UIMP sobre tutela del consumidor organizado por el Consejo General del Notariado. Primera jornada.

Este año, como he venido haciendo los últimos, he aprovechado el curso que anualmente organiza el Consejo General del Notariado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como excusa perfecta para pasar (en la mejor de las compañías) unos días en Santander, ciudad que, aunque obviamente no necesite de mi promoción, recomiendo a todo el mundo.

Y bueno, quizás mi mala conciencia por haber disfrutado de una semana de vacaciones, me ha llevado a creer que puedo en cierto modo enmendar mi falta escribiendo una pequeña crónica de lo que allí se dijo, o al menos, de lo que yo escuché, que no siempre lo que se dice y lo que se escucha son la misma cosa y, de paso, me voy a despachar a gusto.

Y así, como decía aquél, me constituyo en “notario de la actualidad”, y paso a redactar este remedo de acta, valiéndome de “las notas tomadas sobre el terreno”, completadas por lo que mi memoria alcance, aunque ésta ya no es la que era, como es lo natural. Reconociendo una “mala praxis notarial”, pues he demorado la redacción de esta “diligencia” más de  dos meses, si en algún momento me aparto de la “verdad”, pido perdón por anticipado, aunque el de verdad no deja de ser un concepto en gran medida subjetivo.

El lugar de celebración del curso fue la sede de la UIMP en el Palacio de la Magdalena.

El curso, o más bien encuentro, duró dos días. Estuvo codirigido por Don Alfonso Caballé Sánchez, Decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, y por Don Lorenzo Prats Albentosa, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La asistencia al curso la calificaremos de aceptable (seamos generosos, que estamos empezando). Es cierto que en los últimos años la UIMP no nos coloca en una gran aula, pero al menos no hubo demasiados huecos, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si comparáramos el número de asistentes con los de hace una década, existe una sustancial disminución.

Este año asistieron algunos compañeros de la nueva promoción de notarios. Hasta tres creo que identifiqué casi con seguridad como tales. Tuve la impresión de que eran originarios de Canarias, así que me imagino que su Colegio de origen,  que estaba encargado este año de la organización del curso, les sugirió asistir. Uno de los nuevos compañeros estuvo especialmente activo en materia de preguntas, lo que siempre anima. Por otra parte, además de los representantes corporativos del notariado y de quienes asistieron en momentos “estelares”, como el principio y final del encuentro, casi estoy por decir, salvando previamente mi responsabilidad, que estos nuevos compañeros y yo fuimos los únicos asistentes notariales al curso, lo que tampoco resulta ya novedoso.

La materia del curso era “La tutela del consumidor en la contratación financiera”.

Y nada, allí me presenté el primer día a las nueve y media de la mañana, y aprovecho para dar fe de que, efectivamente, a esa hora están puestas las calles. Después de la introducción al curso por el Presidente del Consejo General del Notariado, la primera de las ponencias corrió a cargo de Don Fernando Tejada de La Fuente, Director del departamento del servicio de reclamaciones del Banco de España. Llevaba por título “Normas sobre transparencia y protección de los clientes de los servicios bancarios”.

Nos ilustró durante aproximadamente cuarenta minutos. Traía escrita su intervención y se ayudó en la exposición de un ordenador y una pantalla. Esto siempre es de agradecer, facilita el seguimiento y hasta ahí todo serían parabienes. Sin embargo, lo cierto es que las notas que usaba, digamos, por seguir siendo benignos, que no estaban del todo actualizadas. El propio “conferenciante”, durante su exposición, fue consciente de la situación, que trató de salvar sobre la marcha, aunque tales recursos, propios de opositor curtido,  siempre son de resultado incierto. Razoné, no sé si con acierto, que tan alto cargo de nuestra administración tiene más dignas responsabilidades a que dedicar su tiempo que preparar su intervención en un encuentro de verano, y, en fin, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Los fines institucionales, al menos, supongo que se cumplieron.

Al margen del contenido de la intervención, la parte de lejos más interesante fue el turno de preguntas. La cuestión fue la famosa “expresión manuscrita”, que volvería a aparecer durante el encuentro, pero que en ese momento fue la merecidísima protagonista. He de reconocer que los preguntantes, sin duda compañeros presentes ad hoc, lograron transmitir el desagrado general de la profesión con el logro legal.

El representante del Banco de España comenzó por afirmar que en su casa estaban encantados con el invento, a juicio de ellos, todo un acierto. Cuando se le puso de relieve alguna de las dificultades, ya no de fondo, sino prácticas que puede plantear la ocurrencia (por ejemplo, personas que no pueden escribir o extranjeros), a lo más que llegó, para salir del envite sin mayor daño, fue conceder que si los notarios creíamos que la regulación era mejorable, planteáramos las soluciones que se nos ocurriesen, que graciosamente se estudiarían, pero sobre la base de que la expresión manuscrita ha llegado para quedarse, y quizás hasta para reproducirse.

Por supuesto que ninguno de los representantes institucionales del notariado allí presentes tuvo a bien decir ni media palabra al respecto, lo que, a pesar de esforzarme en comprender que están sujetos a compromisos, y que eran los anfitriones y nobleza obliga, no dejó de causarme cierta sorpresa, lo cual no está del todo mal, pues sorprenderse de algo le hace a uno sentirse joven. Mi voz interior, la cual tras años de entrenamiento y por propia disposición natural, consigo siempre mantener donde nace, bramaba del siguiente modo: si nuestros altos representantes no dicen nada ante una de las normas más destructivas para el notariado en toda su historia, comparada con la cual el asunto de los apoderamientos electrónicos no es sino una pequeña broma registral, ¿cuándo y a cuenta de qué hablará esta gente?  

A pesar de la manifiesta satisfacción del Banco de España, el infame artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, no solo es una norma insultante para el notariado, y que, en contra de su rimbombante título, manifiestamente busque solo la protección de la entidad de crédito frente al cliente, a quien copiar al dictado unas frases informa exactamente de “nada”, sino que es de pésima calidad técnica, hasta el punto de ser prácticamente incomprensible. Leamos su principal supuesto: “que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza”. Aparte de consagrar legislativamente la validez de las cláusulas suelo, las cuales ni son ilegales, ni tal cosa ha dicho, ni podría haber dicho, el Tribunal Supremo, aunque la verdad es que lo ha intentado, resulta realmente desafiante saber lo que ha querido decir nuestro legislador. Digamos que la voluntad del legislador, salvar la responsabilidad de la entidad, es diáfana, pero la voluntad de la Ley es totalmente lo contrario. ¿Es que acaso puede haber una cláusula suelo que no sea inferior a la cláusula techo? Y si debemos comparar las dos cláusulas con algún término de referencia, cuál será este ¿el interés normal del dinero? ¿su interés legal? Vamos, que por precaución la aplicaré siempre que haya una cláusula suelo, con independencia de cuál sea la cláusula techo, aunque no sea eso lo que la norma dice. Y si por un casual, puestos a imaginar, alguna vez no se cumpliera la previsión legal,  sabe alguien cuál sería la consecuencia. ¿Es nulo el contrato? ¿Queda sin ningún valor la dación de fe del notario de que el otorgante ha prestado un consentimiento informado? ¿Puede el registrador no inscribir?

He de decir, por otra parte, que la expresión manuscrita fue objeto de críticas, no solo por los notarios, sino por otros ponentes, como Manuel Conthe, y también por el representante de Adicae, que fue, con el primero, otro de los grandes animadores de las jornadas.

En fin, sigamos. De la siguiente ponencia, a cargo de Doña Lourdes Centeno Huerta, Vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores, poco, o más bien nada, recuerdo. Mea culpa, por supuesto. Llevaba por título “Tutela del cliente minorista de los productos financieros”. La parte que ha conservado mi memoria es cierta discusión en el turno de preguntas entre dos de los futuros ponentes, Manuel Conthe y el representante del partido socialista que intervendría en la mesa redonda de la tarde, sobre la condición de clientes minoristas de los defraudados en el escándalo de Gowex. Según Manuel Conthe, que la verdad es que no dejó de dar juego y de pisar juanetes, incluso notariales, como veremos, había que diferenciar ese caso de Gowex, en donde, dijo, no se estaba ante pequeños inversores ingenuamente engañados, del caso de las preferentes. Esto motivó la algo airada respuesta del político, quien replicó que la mayoría de los afectados en Gowex sí eran pequeños ahorradores. Como nada sé del caso, nada más digo.

Con esto se acabó la jornada matinal y después de comer con cierta premura, volví a por más por la tarde.

La sesión vespertina estuvo dedicada a una mesa redonda. Intervinieron el representante de Adicae, Don Manuel Pardos Vicente, un notario de Santa Cruz de Tenerife, Don Javier Martínez Moral, y dos diputados, una del PP, Doña Irene Garrido Valenzuela, y otro del PSOE, Don Antonio Hurtado Zurera. Estos dos últimos, al parecer, pertenecen o habían pertenecido a alguna comisión parlamentaria relacionada con el tema de protección de los consumidores.

Comenzaré por comentar brevemente la intervención del compañero notario. En general, cabe decir que fue prácticamente el único de la mesa que mantuvo un tono jurídico, lo que siempre agradezco. Hizo algunas propuestas concretas. En una de ellas, en términos generales, pues no recogí los detalles, proponía que se regulase la intervención obligatoria del notario en la fase precontractual del préstamo. Bien está proponerlo, aunque lamentablemente no me parece a mí que por ahí corran los vientos, y para muestra, la sentencia de la Audiencia Nacional a la que me refiero después. Personalmente me conformaría con que consiguiéramos mantenernos en el momento del otorgamiento, y si pudiera ser como algo más que legitimadores de firmas y dictadores de expresiones manuscritas, sería para cantar loas al ser supremo de cada uno. La segunda de sus propuestas que tengo apuntada en mis notas consistió en reforzar el derecho a la libre elección de notario. Bien está también recordarlo, aunque los vientos en este caso sean tempestades. Propuso que el derecho a la libre elección se extendiese al acta de fijación de saldo en los préstamos. No acabé de entender cómo se articularía la elección del notario por el consumidor en ese caso, pues es un documento otorgado a requerimiento exclusivamente de la entidad prestamista. Quizás se refería a establecer algún tipo de turno de reparto a través de los Colegios. Es posible que se me escapara algo de su intervención, que califico, en esta labor censora que me auto-atribuyo, de buen nivel. Todo esto me permite comentar, un poco de paso, que, hablando el otro día con el encuadernador, auténtico manantial de información sobre el estado de la profesión notarial en nuestra región, siempre dentro de la discreción de la que hace gala, me comentó que un notario de por aquí autorizaba no cientos, sino casi miles de esas actas de fijación de saldo. Al margen ya de la concepción de la profesión de cada uno, he de decir que, egoístamente, se lo agradezco, pues siempre me ha sido un instrumento muy antipático, y las escasas veces que me he topado con uno, he sudado para salir del paso por encima del simple control formal.

En cuanto al representante de la organización de consumidores Adicae, lo primero que he de reconocer es la llamativa la vitalidad que muestra ese hombre, ya de cierta edad. Buena parte de su intervención estuvo dedicada, más que a criticar a los Bancos, que también lo hizo, pero solo en el tiempo sobrante, a poner de vuelta y media a la organización de consumidores “rival” que había planteado la demanda que da lugar a la sentencia de las cláusulas suelo, Ausbanc, y de paso también a la propia sentencia. Además de decir, si no le entendí mal, que  Ausbanc había sido excluida del registro de asociaciones de consumidores, afirmó que se trató de una demanda mal planteada y mal resuelta. Si comprendí bien su intervención, criticaba que no hubiera habido un pronunciamiento del Tribunal sobre el carácter abusivo de fondo de la cláusula, y también la falta de pronunciamiento sobre la restitución de cantidades ya cobradas. Nos explicó que un Magistrado del Tribunal Supremo les había reconocido que no habían querido pronunciarse sobre esto último por razones puramente macroeconómicas, lo que consideró motivo de gran escándalo (y quizás lo sea). Sobre los notarios y su papel en el otorgamiento de las escrituras de préstamo hipotecario, afirmó que la estrategia de su asociación no era ir contra los notarios, sino contra la Banca, lo que me motivó un automático e incontrolable reflejo de cariño.

Debo decir que, a estas alturas, el papel de los notarios ya había sido explícitamente cuestionado por algún “atrevido” asistente al curso, con la consabida pregunta de “cómo han podido los notarios autorizar alegremente escrituras con cláusulas suelo y otras del estilo”, pero de momento podría decirse que la cosa no había ido a mayores. En todo caso, en mi línea de consumidor de cursos exigente, ya empezaba a echar en falta que alguno de nuestros representantes corporativos explicara públicamente el papel que el legislador y los Tribunales nos han específicamente atribuido en esta materia, que es, concretamente, ninguno, excepción hecha de lo de explicar o advertir, lo que, por cierto, para nuestro Tribunal Supremo tampoco sirve para nada.

Por último, los señores Diputados hicieron su intervención. Más vehemente el socialista, más contenida la popular. Se refirieron ambos, que aunque discutían, se veía que se caían bien, a la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre la Banca, con mención de diversos organismos públicos, y también a la conveniencia de fomentar la cultura financiera del consumidor, aludiendo a la posibilidad de incluir estas materias en los programas de estudios básicos y secundarios, pero ni una sola referencia al papel del único funcionario público presente, que se sepa, en el momento del otorgamiento del préstamo hipotecario. Los señores Diputados no se ocuparon, ni motu proprio, ni a requerimiento ajeno, de si es necesario o no reforzar la función notarial, aunque alguno sí deslizó, si la memoria no me falla, cierta crítica hacia una supuesta actitud de inhibición del notariado ante las cláusulas abusivas, pero puede ser que en esto último sea injusto, pues el recuerdo ya no es claro y no lo tengo expresamente recogido en mis notas. Como era de esperar tampoco ninguno de nuestros representantes institucionales presentes abrió la boca para decir algo a los señores Diputados, que no fueran felicitaciones sobre sus brillantes intervenciones. Sus razones tendrían, seguro, que ya habrá mejores escenarios para tratar aquello de lo que todos, sin excepción, hacen teórica bandera.

Sin más que comentar, acabó la primera jornada, y yo, previa parada en las terrazas del Paseo de Pereda, me fui al hotel y a dormir, que al día siguiente volvía a madrugar.


Y hasta aquí por hoy, aunque me queda el comentario del segundo día. Lo mejor está por llegar.

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