lunes, 14 de abril de 2014

Parejas de hecho en Galicia. Derechos y obligaciones de los convivientes. Efectos legales en el ámbito sucesorio.

Ámbito sucesorio.

-  Ninguna duda plantea la extensión al conviviente de lo previsto en la Ley de Derecho Civil de Galicia respecto a cuestiones como la legítima del cónyuge, la posibilidad de atribuirle el usufructo universal voluntario, o del otorgamiento de testamento por comisario.

Como legitimario, el conviviente podrá hacer uso de la facultad del artículo 257 de la Ley 2/2006, según el cual, en tanto no exceda de su cuota usufructuaria, podrá optar por hacerla efectiva sobre la vivienda habitual, el local en donde ejerciera su profesión o la empresa que viniera desarrollando con su trabajo.

También podrán los convivientes otorgar testamento mancomunado con disposiciones recíprocamente condicionadas, así como otorgar la partición conjunta regulada en  los artículos 276 y siguientes.

- Posibles pactos sucesorios.

La Ley de Derecho Civil de Galicia permite dos pactos sucesorios, el de apartación y el de mejora, teniendo la admisión de dichos dos pactos, posiblemente, carácter taxativo, como excepciones a la regla general prohibitoria.

Mientras el pacto de mejora solo podrá otorgarse entre ascendientes y descendientes, el de apartación puede celebrarse con herederos forzosos, y dado que el cónyuge tiene esta condición, también la tendrá el conviviente, pudiendo, en consecuencia, otorgarse entre convivientes una apartación hereditaria.

- Sucesión intestada.

Ha planteado dudas en la doctrina la posición del conviviente en la sucesión intestada, en particular si cabe considerarlo llamado en el mismo puesto que el cónyuge, esto es después de los descendientes y ascendientes y con preferencia a los colaterales.

Como hemos dicho la Disposición Adicional 3ª de la Ley de Derecho Civil de Galicia prevé la equiparación entre cónyuge y pareja de hecho, a los efectos de la aplicación de la Ley gallega, atribuyendo a la pareja de hecho “los mismos derechos que la presente Ley reconoce a los cónyuges”.

Sin embargo, la Ley de Derecho Civil de Galicia, a  diferencia de lo que sucede por ejemplo en el caso de los derechos legitimarios del cónyuge, no se ocupa directamente del orden de suceder ab intestato, remitiéndose genéricamente al Código Civil.

La cuestión es si al establecer la Disposición Adicional 3ª los derechos del conviviente sean los mismos que la Ley civil gallega reconoce a los cónyuges, esto exige que el reconocimiento del derecho conste directamente en la Ley, o basta con que el reconocimiento derive de la remisión a otra ley, la ley civil común, que por cierto no reconoce dichos derechos a la pareja de hecho.

A mi juicio, es defendible la condición de heredero ab intestato del conviviente en Galicia, sobre la base de:

- La clara la intención legislativa de equiparar en todo lo posible al cónyuge y la pareja de hecho.

- La ley gallega sí reconoce al cónyuge derechos sucesorios en la sucesión ab intestato, aunque sea por la vía indirecta de una remisión.

- El criterio legal de sujetar a una misma ley los efectos del matrimonio y los derechos sucesorios del cónyuge viudo, que se recoge en el artículo 9.8.II del Código Civil.

- La redacción del artículo del artículo 267 de la ley gallega, relativo a la sucesión de la Comunidad Autónoma de Galicia, según el cual:

“Si no existieran personas que tengan derecho a heredar de acuerdo con lo establecido en la presente ley y lo dispuesto en las secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del capítulo IV del título III del Código civil, heredará la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Este artículo se refiere, además de a las personas previstas en el Código Civil en las secciones 1ª, 2ª y 3ª (descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales), a otras que tengan derecho a heredar conforme a la Ley gallega, antes del llamamiento final a la Comunidad Autónoma, y esta referencia otras personas parece que sólo podría estar pensado para la “pareja de hecho”.  

Por eso no es correcto, según entiendo, basar la falta de derechos del conviviente en la sucesión intestada en el tenor literal del artículo 267 de la Le 2/2006, como parece hacer el notario Manuel Faus (en su obra, Breviario de Derecho Civil, publicada en VLEX).

La doctrina se ha mostrado dividida sobre esta cuestión.

En contra de considerar heredero ab intestato al conviviente se manifiestan los notarios Isidoro Calvo Vidal, Federico José Cantero Núñez y Rafael Sanmartín Losada, en su artículo conjunto que forma parte de la obra “Comentarios a los Títulos IX y X y a la Disposición Adicional 3ª de la Ley 2/2006”, publicada por el Colegio Notarial de Galicia y el Consejo General del Notariado. Argumentan, desde una óptica restrictiva de la equiparación de efectos entre cónyuge y conviviente, que la Ley de Derecho Civil de Galicia no contiene una regulación de la sucesión intestada, limitándose a remitirse al Código Civil, salvo la especialidad de la sucesión de la Comunidad Autónoma de Galicia y que "la trascendencia de tal atribución habría hecho necesaria una declaración expresa por parte del legislador, como ha sucedido en otras legislaciones autonómicas (con cita de la Ley navarra, hoy considerada inconstitucional en este punto, entre otros, por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 2013, como ya hemos visto o la Ley catalana). En el mismo sentido negativo, se pronuncia José Manuel Busto Lago, en la obra colectiva Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia, de la editorial Thomson-Aranzadi.

No obstante la opinión mayoritaria parece la favorable a considerar al conviviente como sucesor ab intestato en la misma posición del cónyuge. En este sentido se pronuncian: Rivas Martínez (en su obra “Derecho de sucesiones. Común y Foral”, Tomo II, Capítulo XXV, Editorial Dykinson  2009), los notarios Fernández Casqueiro Domínguez y Gómez Varela (en la misma obra antes citada, donde se recogía una opinión contraria, “Comentarios a los Títulos IX y X y a la Disposición Adicional 3ª de la Ley 2/2006”), Antonia Nieto Alonso (en “Tratado de Derecho de Sucesiones. Tomo II”, de la editorial Thomson-Civitas), María Paz García Rubio (en “Las parejas de hecho en el derecho civil gallego o como la corrección política da palos de ciego”, en Dereito. Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela),  la registradora de la propiedad, Ana Isabel Rodríguez Parada (en la obra sobre "Regímenes económico matrimoniales y sucesiones" Tomo II, publicada por la editorial Thomson-Civitas y el Colegio de Registradores), Hernández Ibáñez (en “La Disposición Adicional 3ª de la Ley de derecho civil de Galicia”, publicada por la editorial Thomson-Civitas y el Colegio de Registradores).

El Auto de la Audiencia Provincial de La Coruña 81/2012, de 31 de mayo, se refiere a la sucesión intestada de una pareja de hecho, que había convivido desde el año 1998 al 2009, año en el que fallece uno de los miembros de la pareja, sin haber hecho testamento, y sin tener descendientes, ni más parientes directos que unos primos. La pareja no llegó a inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia. El miembro de la pareja sobreviviente solicita judicialmente la declaración de herederos a su favor.

El Auto del Juez de Primera Instancia, recurrido ante la Audiencia, basó la inadmisión de la solicitud en la incompetencia del juzgado, dado que, hallándose el conviviente equiparado al cónyuge, la competencia debería de ser notarial, ex artículo 979 del Código Civil (a lo que me referiré a continuación) y en considerar que el conviviente no se halla mencionado entre las personas con derecho a la sucesión intestada en el Código Civil.

La Audiencia de La Coruña, considera que al no haberse inscrito la pareja de hecho en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, no resulta de aplicación a las mismas la Disposición Adicional 3ª de la Ley 2/2006, sin que pueda computarse al efecto el tiempo de convivencia anterior a la entrada en vigor de la Ley 2/2006, en tesis que ya sostuvo esta Audiencia en su Sentencia de 12 de febrero de 2009, como ya hemos visto en entradas anteriores.

Y ya en concreto, en cuanto a los derechos sucesorios de una pareja de hecho, respecto a la cual, según lo dicho, se niega la aplicación de la Disposición Adicional 3ª de la Ley 2/2006, la Audiencia los rechaza, afirmando:

“En lo que se refiere a la regulación contenida en los artículos 912 y siguientes del Código Civil sobre la sucesión intestada decir que se atribuye la condición de herederos abintestato a determinadas personas por ser parientes consanguíneos del causante (descendientes, ascendientes, o colaterales dentro del cuarto grado), su cónyuge viudo no separado judicialmente o de hecho, o, en último término, el Estado, pero en ninguno de esos preceptos se contempla la posibilidad de que otras personas pueden ostentar aquella cualidad, y, en concreto, esas normas no prevén que tal carácter pueda reconocerse a quien haya mantenido una relación de convivencia estable sin haber contraído matrimonio, pese a que es evidente que el legislador podría haber introducido tal modificación en nuestro ordenamiento jurídico si lo hubiera creído oportuno para adecuarlo a la actual realidad social. En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, para que doña Marina pudiera haber sido heredera de don Hermenegildo se habría requerido que este último hubiera otorgado testamento en favor de ella (lo que no hizo) o que, a falta de disposiciones testamentarias, ambos se hubieran casado (lo que tampoco tuvo lugar), por lo que fácil puede colegirse que si en tan dilatado período no contrajeron matrimonio, pudiendo haberlo hecho, fue debido a que decidieron no hacerlo o no decidieron hacerlo, por lo que resulta contradictorio que quien no constituyó un matrimonio y, por lo tanto, no adquirió los derechos ni asumió las obligaciones derivadas del vínculo conyugal, pueda beneficiarse de los derechos "mortis causa" que el ordenamiento jurídico reconoce en el ámbito de la sucesión intestada a unos muy concretos sujetos. En definitiva, en este extremo, lo que está claro es que el legislador reconoce como herederos abintestato a quien ha estimado oportuno, y si tal cualidad se predica del cónyuge viudo y no de quien convivió "more uxorio" sin contraer nupcias es debido a la voluntad del legislador”.

De este Auto se extrae  que a las parejas de hecho que no hayan cumplido los requisitos de la Disposición Adicional 3ª no cabe reconocerles derechos sucesorios ab intestato, pero no puede extraerse la misma conclusión respecto a las que los hayan cumplido. 

- Posibilidad de que el notario tramite el acta de declaración de herederos de un conviviente 

(Nota.- Esta cuestión ha quedado resuelta legislativamente tras la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que introduce el artículo 55 de la Ley del Notariado, el cual expresamente recoge la competencia notarial para la tramitación de la declaración de herederos en el caso de persona unida por relación de afectividad análoga a la del cónyuge).

Cabe plantear una cuestión de derecho notarial y procesal que resulta, a mi juicio, discutible: la competencia del notario para tramitar el acta notarial de declaración de herederos del conviviente, presuponiendo que este suceda ab intestato al cónyuge.

Debe tenerse en cuenta que la regulación de la actuación notarial es una competencia exclusiva del Estado, en todo caso, y que la legislación estatal solo se refiere a la competencia notarial para la declaración de herederos en caso de descendientes, ascendientes o cónyuge.

Así el artículo 979 de la LEC 1881, transitoriamente vigente hasta la publicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, dispone: "La declaración de que determinadas personas, que sean descendientes, ascendientes o cónyuge del finado, son los únicos herederos abintestato se obtendrá mediante acta de notoriedad tramitada conforme a la legislación notarial por Notario hábil para actuar en el lugar en que hubiere tenido el causante su último domicilio en España y ante el cual se practicará la prueba testifical y documental precisa."

La competencia del notario se limita a los casos citados, y en todos los demás casos la competencia corresponderá  a los órganos judiciales, conforme a lo que expresa el artículo 980 de la misma LEC 1881: "Los demás herederos abintestato podrán obtener la declaración en vía judicial…".

El Reglamento Notarial en su artículo 209 bis, regula esta declaración de herederos remitiéndose al 979 LEC y lo hace como desarrollo del mismo, sin alterar su contenido, lo que estaría además vedado a una norma reglamentaria.

La equiparación del que el legislador gallego hace entre los derechos de cónyuge y conviviente está limitada a los efectos de la propia Ley de Derecho Civil de Galicia, sin que pueda afectar a  las competencias notariales.

Además el reglamento notarial, al regular la tramitación de las actas de declaración de herederos, expresamente exige la aportación al notario de certificaciones del Registro Civil o del Libro de Familia, como medio de prueba del parentesco alegado como fundamento de la sucesión intestada (artículo 209 bis 4º b), habiéndose pronunciado la DGRN, en su Resolución de de 27 de febrero de 2002 (sistema notarial) en contra de la admisión en sede notarial de medios de prueba distintos de la certificación del Registro Civil, lo que entiendo que excluiría la posibilidad de utilizar como medio de prueba las certificaciones del Registro de Parejas de Hecho de Galicia, pues no cabe equiparar los efectos de uno y otro registro, también por una razón competencial.

Es cierto, sin embargo, que teniendo el conviviente la condición de legitimario, puede ser inevitable que se le reconozcan derechos legitimarios en una sucesión intestada de descendientes o ascendientes, cuya competencia es claramente notarial, y parece que en ese caso no existirá otra opción que admitir la eficacia probatoria de la certificación del Registro de Parejas de Hecho de Galicia.

En contra de lo expuesto, el artículo 442-7 del Libro IV del Código Civil de Cataluña aprobado por la Ley 10/2008, de 10 de julio, dispone: “Los derechos del cónyuge viudo o del conviviente en pareja estable superviviente en la sucesión intestada deben atribuirse expresamente en las declaraciones de heredero ab intestato, que pueden hacerse, en ambos casos, por acta notarial de notoriedad”.

Aunque esta norma pueda considerarse formalmente vigente, a mi juicio, por exceder las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, es de constitucionalidad, como poco, dudosa, y no puede aplicarse fuera de su ámbito territorial, ni servir de argumento en apoyo de la tesis favorable a la competencia notarial para la autorización de actas de declaración de herederos a favor de un conviviente.

A favor de la competencia notarial para tramitar la declaración de herederos del conviviente en Galicia se pronuncia expresamente Rivas Martínez (en su obra “Derecho de sucesiones. Común y Foral”, Tomo II, Capítulo XXV, Editorial Dykinson  2009), quien afirma “Una vez admitida esta plena equiparación el corolario lógico que se deriva de ella, es que en sede de sucesión intestada debe aceptarse que el vehículo formal adecuado para recoger el llamamiento abintestato del sobreviviente de pareja de hecho estable, no puede ser otro que el acta notarial de notoriedad”.  También a favor se manifiesta Antonia Nieto Alonso (en “Tratado de Derecho de Sucesiones. Tomo II, de la editorial Thomson-Civitas).

El Auto de la Audiencia Provincial de la Coruña 81/2012, de 31 de mayo, también se pronuncia a favor de la competencia notarial para tramitar la declaración de herederos del conviviente, afirmando:

“partiendo de que la promovente pretende que su relación con el causante se equipare a la del cónyuge viudo, está claro, que de ser así no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 980 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, sino el artículo 979 del mismo texto legal, el cual establece que "la declaración de que determinadas personas, que sean descendientes, ascendientes o cónyuge del finado, son los únicos herederos abintestato se obtendrá mediante acta de notoriedad tramitada conforme a la legislación notarial por Notario hábil para actuar en el lugar en que hubiere tenido el causante su último domicilio en España y ante el cual se practicará la prueba testifical y documental precisa", y toda vez que el artículo 980 del mismo cuerpo legal ordena que "los demás herederos abintestato podrán obtener la declaración en vía judicial justificando debidamente el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate y su parentesco con la misma y, con la certificación del Registro general de actos de última voluntad y con la información testifical, que dicha persona ha fallecido sin disposición de última voluntad, y que ellos solos, o en unión de los que designen, son sus únicos herederos", a todas luces no deja de ser contradictorio que considerándose viudo se acuda a la vía judicial que, como queda dicho, está prevista para los demás herederos abintestato que no sean descendientes, ascendientes o cónyuge del finado”.

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