Impugnación de un acta de declaración de herederos que declara heredera a una "hija" no adoptada formalmente con base en la posesión de estado. Aplicación de la doctrina de los actos propios al hijo impugnante que instó la declaración de herederos y consintió la escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Documentación precisa para declarar heredero a un hijo.

 

Playa de Area.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2025 desestima la impugnación de un acta notarial de declaración de herederos en la que se declaraba heredera como hija de la causante a una persona que, aunque había sido acogida por la familia desde su nacimiento, no llegó nunca a ser adoptada formalmente por la causante y su esposo.

La sentencia de casación, confirmando las de instancia, basa su decisión en considerar que la conducta del recurrente, impugnando una declaración de herederos en la que él había sido uno de los requirentes, y habiendo otorgado una posterior escritura pública de aceptación y adjudicación de herencia en la que se adjudicaban a su "hermana" bienes hereditarios, era contraria al deber de ejercitar los derechos de buena fe en su manifestación de no ir contra los propios actos (artículo 7.1 del Código Civil).

También hace la sentencia consideraciones sobre la actuación del notario al declarar heredera a esta hija acogida pero no adoptada y la documentación que tuvo en cuenta para ello, que son sin duda de interés notarial.

Aunque el supuesto resuelto resulta particular, no diría que es excepcional. Yo mismo recuerdo haber conversado con un compañero sobre un caso que presentaba similitudes con el que la sentencia comentada resuelve, en el que todos los hermanos querían que se declarase heredero ab intestato a quien había estado acogido por sus padres desde la infancia, pero que no había sido adoptado. El compañero creía que era injusto no declarar heredero al que se consideró por toda la familia hijo desde siempre, por mucho que la legislación notarial parezca exigir al notario, como veremos, que la filiación en las declaraciones de herederos se justifique solo con certificado de nacimiento o libro de familia (artículo 209 bis 4 "b" del Reglamento Notarial). Es claro que los herederos podrían haber cedido gratuitamente a su "hermano" su parte en la herencia, pero las consecuencias, incluidas las fiscales, serían bien distintas.

En el caso de la sentencia ahora comentada un matrimonio acoge a una niña en el año 1941, la cría como hija, con sus otros hijos, recibiendo públicamente y durante toda la vida de sus padres el tratamiento familiar de hija de los causantes. La niña llega a cambiar sus apellidos, adoptando los de los acogedores, posibilidad que concedía la legislación entonces vigente. Muerto el padre sin testamento, se insta una declaración judicial de herederos en la que la hija acogida es declarada como tal junto con otros dos hermanos. Fallecida la madre (año 2007), se tramita un acta notarial de declaración de herederos por la que se declara heredera a la hija acogida y al otro hermano entonces sobreviviente. 

En ese acta notarial se recoge que la hija no había sido adoptada formalmente por la causante, invocándose como fundamento de la declaración la posesión de estado de hija. 

Estos dos herederos otorgan una escritura pública de aceptación y adjudicación de la herencia de su madre y de otro hermano premuerto, a quien había heredado ab intestato la madre, adjudicándose los bienes hereditarios por partes iguales.

Años después, surgido un conflicto judicial entre los herederos sobre el reparto de los bienes hereditarios, el hijo biológico impugna la declaración de herederos de su madre por haber sido declarada heredera quien no era hija biológica, ni había sido adoptada formalmente por sus padres.

Las sentencias de instancia desestiman la impugnación, sobre la base de actuar el demandante contra la buena fe y los propios actos (artículo 7.1 del Código Civil: "1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe").

Estas sentencias de instancia son confirmadas por el Tribunal Supremo. 

El demandante, recurrente en casación, alegó que, siendo él agricultor, difícilmente podía conocer el alcance jurídico de los actos que estaba realizando ante el juez o el notario, lo que por sí mismo excluía la aplicación de la doctrina de los propios actos, pues no habría creado conscientemente la situación jurídica. Alegó también que la naturaleza de las actas de declaración de herederos no es la de un negocio jurídico al que pudiera haber prestado un consentimiento. 

Ambas alegaciones son desestimadas en la sentencia.

En cuanto a la no haber actuado en contra de los propios actos, al no poder conocer el alcance jurídico de los mismos, el Tribunal Supremo comienza recordando su propia doctrina al respecto:

"... El art. 7.1 del CC establece que "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". ». La doctrina y la jurisprudencia han elaborado una serie de supuestos típicos, que encierran un desleal ejercicio de los derechos subjetivos, al margen de los postulados de la buena fe, en tanto en cuanto veda ir en contra de los actos propios ( sentencias 320/2020, de 18 de junio; 63/2021, de 9 de febrero o 386/2021, de 7 de junio, entre otras muchas), es incompatible con el retraso desleal en el ejercicio de los derechos ( sentencias 769/2010, de 3 diciembre; 872/2011, de 12 de diciembre y 634/2018, de 14 de noviembre, entre otras), es contraria a abusar de la nulidad por motivos formales, cuando se cumple o se acepta conscientemente el negocio jurídico que adolece de un defecto de tal clase ( sentencias de 12 de diciembre de 1985 y 23 de mayo de 1987), o exige la observancia de la regla "tu quoque", según la cual no debe admitirse la invocación de las reglas jurídicas por el mismo sujeto que las despreció o no cabe imputar a otro una conducta en la que la propia parte ha incurrido ( sentencias 104/1995, de 17 febrero; 489/2010, de 15 de julio o 120/2020, de 20 de febrero), entre otras manifestaciones al respecto ...".

Alude el Tribunal Supremo a continuación a la doctrina de los propios actos, vinculándola al principio de confianza legítima, a la vez que recuerda el carácter cauteloso con el que esta doctrina debe ser admitida, afirmando que "El principio de los actos propios implica una actuación "con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción...".

Es precisamente la falta de esta plena conciencia de crear una situación jurídica lo que el recurrente argumentaba, afirmando, no sin cierto sentido común, que "en el presente supuesto dada la complejidad de la materia no se puede pretender que el actor, un agricultor, conociera el alcance del significado de términos jurídicos como "filiación por posesión de estado" "no consta familiarmente", "adopción por cambio de apellidos", siendo impensable que él sólo se ponga en cuestión que una filiación, que ha pasado por las manos del juzgado y de varios notarios, pueda ser nula".

El Tribunal Supremo desestima la alegación, confirmando que las sentencias de instancia habían aplicado correctamente la jurisprudencia al respecto, tomando en cuenta no solo el trato familiar mantenido durante más de setenta años, sino "la realización por el actor de una serie de actos jurídicos mantenidos a lo largo de los años y dirigidos precisamente a que la demandada fuera también instituida heredera junto a él", los cuales considera "actos de trascendencia suficiente para ser considerados como «actos propios» del actor que le vinculan y que, de manera objetiva, revelan no solo que promovió, primero, el expediente en el que la demandada fue declarada heredera de D. Eduardo, sino que también aceptó la herencia del padre en tales términos y, posteriormente, propició y facilitó que fuera declarada heredera de D.ª Flor , aceptando igualmente la herencia de su madre en esos términos", realizando todo ello con pleno conocimiento de que la demandada no era hija biológica de sus padres, ni había sido adoptada formalmente.

El Tribunal Supremo no contesta directamente al argumento de la presunta falta de conocimientos jurídicos del demandante, que le impedirían cuestionar lo realizado por "un juez y dos notarios", prueba de lo considera no relevante frente a la protección de la confianza legítima creada por los actos del demandante en la contraparte (y esto hace diez años, cuando no disfrutábamos aún de la inteligencia artificial que todo lo sabe).

En el mismo sentido de negar la aplicación al caso de la doctrina de los propios actos, el recurrente cuestionó la naturaleza de las declaraciones notariales de herederos, afirmando: «Las sentencias recurridas pretenden dar una eficacia de negocio jurídico a dicha acta, siendo dicha eficacia contraria a derecho, dado que dicha acta solo debe aseverar hechos y darles la eficacia legal que les corresponda, pero no tiene la eficacia de negocio jurídico, no teniendo contenido disponible para las partes. Además dicha acta incurre en nulidad, al recoger manifestaciones contrarias a derecho, como son la filiación adoptiva por posesión de estado, no contener la documentación que exige el artículo 209 bis.4, no habiendo realizado tampoco, una comprobación certera de las circunstancias fácticas existiendo en la misma acta prueba documental contradictoria e igualmente se extralimita, al no realizar únicamente una comprobación de los hechos positivos y negativos y otorgarle la calificación legal correspondiente».

Todo el argumento, que en realidad tiene aspectos diversos, va a ser desestimado por el Tribunal Supremo.

Sobre la naturaleza jurídica de las actas de declaración de herederos, coincido con el recurrente en que no son negocios jurídicos otorgados ante notario. Pero esto, según se colige de la sentencia, no excluye que las manifestaciones y declaraciones de los requirentes en las mismas no puedan producir efectos para los mismos.

El resto de la argumentación del recurrente versa sobre un presunto exceso del notario en la declaración de herederos, por mucho que él lo hubiese consentido o incluso propiciado, con cita del artículo 209 bis 4 del Reglamento Notarial.

Del relato de los hechos resulta que en el acta notarial se reconocía que la hija demandada declarada coheredera no había sido adoptada formalmente por la causante en el acta, basándose la declaración de herederos en la "posesión de estado". Ello lleva implícito que no existía un certificado de nacimiento que acreditase la filiación de esa "hija".

Ciertamente, el artículo 209 bis 4 del Reglamento Notarial parece limitar los medios de prueba que el notario puede admitir en el ámbito de las declaraciones de herederos, al disponer:

"El interesado habrá de aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en que se deba fundar el acta, y acreditar documentalmente:

a) La apertura de la sucesión intestada mediante la presentación de las certificaciones de fallecimiento y del Registro General de Actos de Ultima Voluntad del causante y, en su caso, el documento auténtico del que resulte indubitadamente que, a pesar del testamento o del contrato sucesorio, procede la sucesión "abintestato" o la sentencia firme que declare la invalidez de las instituciones de herederos.

b) La relación de parentesco de las personas que el requirente designe como herederos del causante.

Habrá de presentar el libro de familia del causante o las certificaciones correspondientes del Registro Civil acreditativas del matrimonio y filiaciones. Los documentos presentados o testimonio de los mismos quedarán incorporados al acta."

La Resolución DGRN (sistema notarial) de 27 de febrero de 2002, en una interpretación estricta de la norma reglamentaria, declaró que los únicos medios admisibles de prueba a efectos de la tramitación notarial de la declaración de herederos eran las certificaciones del Registro Civil o el Libro de Familia, de conformidad con el artículo 209 bis Reglamento Notarial, no cabiendo en este ámbito otros medios de prueba distintos para probar la filiación.

En el caso de esta resolución lo que alegaba no era una posible situación de posesión de estado, sino una presunta dificultad para obtener los certificados de nacimiento de los hijos biológicos por la antigüedad de los mismos.

Tiene también interés la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 5 de septiembre de 2011, que declara la nulidad de una declaración de herederos en que se había acreditado la filiación matrimonial de un hijo mediante su certificado de nacimiento por no resultar inscrito el matrimonio de los padres. La sentencia argumenta que la eficacia probatoria plena del certificado de nacimiento se extiende al propio hecho del nacimiento y a su fecha, hora y lugar, pero no a la filiación, exigiendo, respecto de la matrimonial, que conste en el certificado referencia a la inscripción de matrimonio de los padres o se acredite este, con base en el artículo 115.1 del Código Civil y artículo 48 de la LRC 1957. Tampoco serviría dicha certificación como medio de determinación de una filiación no matrimonial.

Sin embargo, este artículo reglamentario en el que se basaría la exclusividad de los medios de acreditar la filiación en un acta de notoriedad de declaración de herederos es anterior a la introducción por la Ley de Jurisdicción Voluntaria de los nuevos artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado, y aunque pueda considerarse vigente como desarrollo reglamentario de la misma, ello lo será solo en cuanto no la contradiga y su interpretación se acomode al texto legal.

El artículo 56 de la Ley del Notariado dispone, en su párrafo primero:

"El requerimiento para la iniciación del acta deberá contener la designación y datos identificativos de las personas que el requirente considere llamadas a la herencia e ir acompañados de los documentos acreditativos del parentesco con el fallecido de las personas designadas como herederos, así como de la identidad y domicilio del causante. En todo caso deberá acreditarse el fallecimiento del causante y que éste ocurrió sin título sucesorio mediante información del registro civil y del RGAUV, o, en su caso, mediante documento auténtico del que resulte a juicio del notario, indubitadamente, que, a pesar de la existencia de testamento o contrato sucesorio, procede la sucesión ab intestato, o bien mediante sentencia firme que declara la invalidez del título sucesorio o de la institución de heredero. Los documentos presentados o testimonios de los mismos quedarán incorporados al acta".

Es de observar que el texto legal, al referirse al parentesco con el causante, menciona en general los "documentos acreditativos" del mismo, mientras que cuando trata de la acreditación del fallecimiento específicamente se refiere a "la información del registro civil". Esta redacción podría apoyar una interpretación más flexible en el primer caso que en el segundo.

En la sentencia que analizamos, el Tribunal Supremo, aunque desestima el argumento basado en la norma reglamentaria notarial por razones procesales, claramente no cuestiona la actuación del notario en la declaración de herederos, al afirmar: "Es doctrina de la sala que el recurso de casación civil no puede fundarse en una norma reglamentaria que no se ponga en relación con una norma civil (acuerdo de 27 de enero de 2017 del pleno no jurisdiccional de la Sala Primera). En el caso, el recurso denuncia exclusivamente la infracción de una norma reglamentaria que se ocupa de la tramitación de las actas de notoriedad, y no lo pone en relación con una norma civil que se pueda considerar infringida por apoyar la tesis del recurrente, como serían los arts. 930 y 931 CC, si lo que entiende el recurrente es que solo él debe ser tenido como heredero. En consecuencia, el motivo incurre en causa de inadmisión que en este momento da lugar a su desestimación. Ello con independencia de que no podamos afirmar con convicción que la actuación del notario no se ajustase a lo prevenido en la norma que se denuncia como infringida, a la vista de las manifestaciones y elementos de juicio que los propios comparecientes aseveraron (demandante y demandada) y de los documentos que pusieron a disposición del notario y que se incorporaron al acta (un documento nacional de identidad de Susana , del que resulta que dicha señora nació el NUM003 de 1941, y que es hija de Eduardo y Flor ; un expediente de declaración de herederos abintestato y auto de fecha 18 de octubre de 1989, en el que se nombraban herederos legítimos de Eduardo , a Cesar , Landelino y Susana ), además de la declaración de dos testigos".

En el caso particular de la posesión de estado, esta se contempla como hemos dicho por el Código Civil como medio subsidiario de acreditación de la filiación  (artículo 113 del Código Civil: "La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el documento o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a falta de los medios anteriores, por la posesión de estado. Para la admisión de pruebas distintas a la inscripción se estará a lo dispuesto en la Ley de Registro Civil. No será eficaz la determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra contradictoria"). Pero, como veremos, el que sea medio de acreditación de la filiación no implica necesariamente que sea medio autónomo de determinación de la misma. 

Tampoco que la posesión de estado sea título de legitimación de la filiación en el ámbito extrajudicial es admitido pacíficamente, aunque la Dirección General la haya tenido en cuenta al efecto de permitir la actuación en nombre de los hijos en expedientes del registro civil.

Y debe tenerse en cuenta que el artículo 113 del Código Civil se refiere a la legislación del registro civil como determinante de la admisión de medios de prueba distintos a la inscripción. 

El vigente artículo 17 de la LRC 2011 dispone:

"Artículo 17. Eficacia probatoria de la inscripción.

1. La inscripción en el Registro Civil constituye prueba plena de los hechos inscritos.

2. Sólo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuera posible certificar del asiento, se admitirán otros medios de prueba.

En el primer caso, será requisito indispensable para su admisión la acreditación de que previa o simultáneamente se ha instado la inscripción omitida o la reconstrucción del asiento, y no su mera solicitud."

Como se ve la norma, aunque limita, no excluye totalmente la prueba del estado civil por medios distintos a la inscripción, siendo argumentable que, en un caso como el analizado de posesión de estado, no es posible "certificar el asiento", por ser la posesión de estado un modo de determinación de la filiación inscribible. Sin embargo, lo cierto es que sí sería posible inscribir dicha filiación mediante el ejercicio de una acción judicial de filiación ex artículo 131 del Código Civil, como veremos. 

Y también cabría la tramitación de un expediente ante el encargado del registro civil para inscribir una filiación no matrimonial con base en una posesión de estado. El vigente artículo 44.6.2º.2ª de la LRC así lo prevé: "Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el Encargado del Registro Civil, siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de parte interesada notificada personal y obligatoriamente, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: ... 2.ª Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo del padre o de la madre, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia".

Aunque por su colocación sistemática parece referirse a la filiación no matrimonial, se ha defendido la posibilidad de aplicar este expediente también a la matrimonial. Así, José Manuel Vara González (en "Registro Civil". Tirant lo Blanch. 2025), afirma: "Aunque en la actual redacción de la ley está ubicado en el párrafo sexto del artículo 44 que se refiere al reconocimiento extemporáneo de la filiación no matrimonial, su letra permite también aplicarlo a los casos de matrimonios en los que la filiación no esté determinada y no rijan las presunciones de paternidad matrimonial".

Por tanto, por una u otra vía, podría llegarse a la inscripción de una filiación con base en una posesión de estado y a la consiguiente certificación de la misma.

Puede ser de interés aquí la cita de la Resolución DGRN de 17 de julio de 2017, que analiza un caso de testamento en que se instituye heredero a un hijo y se reconoce a otra hija, cuya filiación no constaba inscrita en el Registro Civil, confirmando la calificación registral que exigía el consentimiento de la hija con filiación reconocida no inscrita a la partición de herencia. En esta resolución se distingue entre medios de determinación de la filiación, entre los que estaría el reconocimiento, y podría estar también la posesión de estado ex artículo 131 del Código Civil, y los de acreditación de la misma. Dice la resolución: "se debe distinguir entre la determinación de la filiación y la prueba de la misma. Hay que partir de la idea de que una cosa es la prueba de la filiación a efectos de determinarla y otra la prueba de una filiación ya determinada. El primero es un medio para determinar la filiación y el segundo es un «título de legitimación» de la filiación que acredita que la legitimación ha sido legalmente determinada. El testamento del que resulta el reconocimiento es el medio para determinar la filiación y la inscripción en el Registro Civil es el título de legitimación por excelencia". 

De esta resolución resulta que en el ámbito notarial y registral y en materias sucesorias puede darse valor a una filiación determinada y no inscrita. Esto se vincula con el carácter no constitutivo de la inscripción de la filiación en el registro civil. Cuestión distinta será si la posesión de estado puede ser medio de determinación de la filiación fuera del ámbito judicial, especialmente en el ámbito de un procedimiento de jurisdicción voluntaria como el acta notarial de declaración de herederos. 

Desde esta perspectiva cabe plantearse si un acta notarial de declaración de herederos es título adecuado para la determinación de una filiación por posesión de estado y, adicionalmente a esto que ello permita prescindir de los medios de prueba que parece imponer el artículo 209 bis 4 del Reglamento Notarial, teniendo en cuenta, como hemos dicho, que tanto este artículo 209 bis 4 como la resolución de la Dirección General antes citada que lo interpreta son previos a la introducción del nuevo artículo 56 de la Ley del Notariado.

La segunda de las cuestiones es opinable, según lo dicho y dada la redacción del nuevo artículo 56 de la Ley del Notariado, pero la primera parece mucho más discutible, aunque ciertamente es una posibilidad que tampoco se pueda descartar en absoluto, y de hecho la sentencia que analizamos parece refrendar la actuación del notario, aunque sea en pronunciamiento obiter dicta.

Dicho esto, es de interés analizar los requisitos que la jurisprudencia exige para apreciar la existencia de una posesión de estado. 

Según ella, la posesión de estado viene definida por tres elementos: nomen, tractatus y fama. Sin embargo no siempre se exige el cumplimiento íntegro de los tres requisitos expresados. Así, tratándose de filiación extramatrimonial, debe atenderse a los condicionamientos de tiempo y lugar en que los actos se producen, pudiendo incluso prescindirse del nomen.

Resume esta jurisprudencia la Sentencia del Tribunal Supremo 9 de mayo de 2018, que declara:

"El concepto de posesión de estado es una quaestio iuris y también lo es por tanto la valoración y calificación jurídica de los concretos hechos probados en la instancia, es decir, la determinación de si los hechos acreditados son constitutivos o no del concepto de posesión de estado. La apreciación del concepto que establece la ley como presupuesto para la legitimación de cualquier interesado requiere la presencia de hechos concretos que integren los diversos elementos de la posesión de estado ( nomen, tratactus, fama ), de modo que conformen una apariencia de filiación creada por el ejercicio constante de sus potestades y deberes, una apariencia de una relación de filiación manifestada por la posesión del estado de filiación. Es preciso, por tanto, que consten hechos públicos repetidos y encadenados de los que resulte el goce público de una relación de filiación. Hay que admitir que resulta posible la acreditación de la posesión de estado aun en ausencia de alguno de sus tres elementos clásicos. En particular, puesto que se trata de reclamar una filiación extramatrimonial no determinada, no sería exigible el nomen en el sentido estricto de que el supuesto hijo usara los apellidos del progenitor, pero sí resulta absolutamente imprescindible el tractatus . Es decir, actos del progenitor (a los que pueden sumarse los de su familia) que den credibilidad a la situación posesoria, actos de atención y asistencia al hijo, actos que comporten el cumplimiento de la función propia de un progenitor. E igualmente es necesario que concurra la fama, entendida como notoriedad y reflejo de la naturaleza del fenómeno posesorio. Con independencia de que pueda ser valorada flexiblemente si, en atención a las circunstancias concretas, incluidos los condicionantes sociales, se aprecia que no se ha querido hacer ostensible la relación de paternidad, es preciso que concurra una exteriorización constante de la relación de estado."

Por tanto, el único requisito imprescindible para apreciar la posesión de estado es el tractatus, o el dar trato de hijo. Pero aspectos como su duración también son debatibles, como veremos.

Muchas sentencias se refieren a la posesión de estado como requisito de legitimación en el ejercicio de las acciones de filiación. Pero otras sí la analizan como título legitimador o criterio determinante de la filiación otras sentencias del Tribunal Supremo, aunque lo hagan en el marco del ejercicio de una acción judicial de determinación de la filiación, normalmente al amparo del artículo 131 del Código Civil ("Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado.  Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada").

También menciona la posesión de estado como medio de prueba para declarar la filiación en un procedimiento judicial de filiación el artículo 767.3 de la LEC ("Aunque no haya prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, de la convivencia con la madre en la época de la concepción, o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo análogo).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2013 se refiere a la acción de filiación interpuesta por una de las madres respecto del hijo nacido a través de técnica de reproducción asistida de la que era su cónyuge. En el caso, no se prestó el consentimiento para la inscripción de la doble filiación materna del artículo 7.3 de la Ley 14/2006, consentimiento que, en la redacción de la norma vigente al tiempo de los hechos, necesariamente debía prestarse antes del nacimiento. Ante ello, la mujer que no gestó al hijo interpone acción de filiación basada en la posesión de estado al amparo del artículo 131 del Código Civil.  El Tribunal, partiendo de que la posesión de estado del artículo 131 constituye una causa jurídica para el establecimiento de una filiación y dando por acreditada dicha posesión de estado, resuelve a favor de la demandante teniendo en cuenta el interés superior de las niñas nacidas 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2014 también resuelve favorablemente la demanda de filiación interpuesta por una de las madres, en este caso en una relación de pareja de hecho, respecto de la hija nacida mediante técnicas de reproducción asistida con base en la posesión de estado, considerada título de determinación de la filiación compatible con los que resultan de la Ley 14/2006, de reproducción asistida, atendiendo al interés superior del menor.

En el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2022 se desestima la acción de filiación ejercitada por la que fue pareja de la madre biológica, en virtud de técnicas de reproducción asistida, con base en la posesión de estado, por considerar que no existía dicha posesión de estado, aun prescindiendo del nomen en una relación no matrimonial, valorando la corta convivencia entre la demandante y la niña y lo esporádico de los contactos posteriores a la separación de la pareja.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2024, entiende que existe posesión de estado a efectos de impugnación de la filiación paterna inscrita, aunque la breve duración de la convivencia entre el padre y la hija, valorando la conducta del padre tras la separación de la madre.

En la Sentencia del Tribunal Supremo 31 de marzo de 2022 se rechaza la pretensión de la madre comitente de declarar la filiación materna matrimonial respecto de una hija nacida por gestación subrogada. La razón de fondo de esta decisión está en la posición del Tribunal Supremo contraria a la filiación por gestación subrogada, incluso cuando las leyes del Estado en que nace el menor la admiten, considerándola contraria a los derechos fundamentales de la madre y del hijo y materia de orden público. Sobre esa base se rechaza la pretensión de determinación de la filiación por posesión de estado y se remite como medio lícito de adquirir la filiación sobre el menor y proteger el interés la adopción.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2023, en el caso de un famoso cantante poco amigo de vacunas (al que el CENDOJ identifica como Sr. Flor) y su pareja de hecho, argumentando que no fue intención de la entonces pareja de padres extender su paternidad a los hijos propios del otro, al no haber participado en el proceso de gestación por subrogación de los hijos de cada uno el otro miembro de la pareja y no haber procedido tampoco a su adopción.

Pero ambas decisiones parecen claramente condicionadas por las circunstancias del caso, siendo filiaciones derivadas de procedimientos de gestación subrogada, y las mismas sentencias reconocen que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es favorable al reconocimiento de la familia de facto, afirmándose en ellas:

"... En nuestra anterior sentencia 835/2013, afirmamos que si tal núcleo familiar existe actualmente, si el menor tienen relaciones familiares de facto con quien pretende el reconocimiento de la relación paterno o maternofilial en su favor, la solución que haya de buscarse tanto por el comitente como por las autoridades públicas que intervengan, habría de partir de este dato y permitir el desarrollo y la protección de estos vínculos, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido la existencia de una vida familiar de facto incluso en ausencia de lazos biológicos o de un lazo jurídicamente reconocido, siempre que existan determinados lazos personales afectivos y los mismos tengan una duración relevante ( sentencia del TEDH de 24 de enero de 2017, Gran Sala, caso Paradiso y Campanelli, apartados 140 y 151 y siguientes, y de 18 de mayo de 2021, caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia, apartado 62). Así lo exige el interés superior del menor (en los términos en que es reconocido por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio) y su derecho a la vida privada reconocido en el art. 8 CEDH, que de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH incluye el derecho a la identidad, dentro de la cual tiene gran importancia la determinación de su filiación y su integración en un determinado núcleo familiar". 

En el caso de la sentencia que analizamos no parece discutible que la hija declarada heredera cumpliese todos los requisitos de una posesión de estado (nomen, tractatus y fama).

Una cuestión que no se plantea en el procedimiento, pero que tiene cierta relevancia, es la de los derechos sucesorios que hubiese ostentado la hija acogida si hubiera sido adoptada formalmente al tiempo de su nacimiento (1941). Con la legislación entonces vigente, no hubiera ostentado otros derechos sucesorios que los que expresamente se le hubieran reconocido en la escritura de adopción. Y esta legislación, en principio, sería la transitoriamente aplicable. Es cuestionable si, de haberse producido tal adopción, la existencia de esta posesión de estado como hija durante más de setenta años pudiera influir en la determinación de sus derechos sucesorios.

Aquí dejo un enlace de lo que no es sino un primer ensayo de una ocurrencia que he tenido. Sé que la calidad de contenido, dicción y grabación es muy mejorable, pero, si veo que el tema me entretiene, se intentará mejorarla: