miércoles, 29 de junio de 2016

De nuevo sobre la vocación y delación sucesiva, la sustitución vulgar, la renuncia a la herencia y la capacidad para suceder. La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2016 y la RDGRN de 6 de junio de 2016.





La familia veneciana. Pietro Longhi. 1765.


Recientemente, el Tribunal Supremo y la DGRN se han pronunciado sobre la cuestión de las delaciones sucesivas, abordándola desde diversas perspectivas, la constitucional y la de la capacidad suceder, teniendo las dos resoluciones que analizaremos un gran interés práctico notarial. En ambos supuestos, estuvieron presentes las consecuencias de una repudiación hereditaria, siendo de reflexionar las evidentes dificultades que produce la combinacion de dos factores: de un lado, la incompleta regulación que nuestro Código Civil dedicó a esta materia de la repudiación y las delaciones sucesivas; y del otro, el aumento en el número de repudiaciones hereditarias que se viene produciendo en los últimos tiempos, por causas por todos fácilmente imaginables.

A estas materias ya le he dedicado varias entradas previas en el blog, a las que me remito, así que ahora me limitaré al resumen de las resoluciones, y a su muy breve comentario.


En este caso, el Tribunal Supremo se ocupa del llamamiento a unos parientes naturales del causante en una sucesión intestada en un supuesto de vocación calificada expresamente por la sentencia de sucesiva. 

El asunto se aborda desde la perspectiva constitucional, analizando la aplicación a la sucesión del principio de no discriminación por razón de sucesión, en relación con la tradicional posición del Tribunal sobre la no retroactividad de dicho principio en sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de la Constitución.

En la legislación preconstitucional (en realidad, el Codigo Civil no fue modificado hasta la reforma de 13 de mayo de 1981, pero desde la entrada en vigor de la Constitución deben entenderse derogadas tácitamente todas sus disposiciones contrarias a la misma), dichos parientes no matrimoniales, o bien no ostentaban derechos sucesorios legales en absoluto (caso de los ilegítimos, nacidos de personas que no hubieran podido estar casadas entre sí al tiempo del nacimiento, como los que que tuviera uno de los miembros del matrimonio con persona distinta de su cónyuge),  o los ostentaban de modo limitado (caso de los hijos naturales, nacidos de personas que podían haber estado casadas al tiempo del fallecimiento, como dos personas solteras).

Aun manteniendo esta posición sobre la no retroactividad de las normas constitucionales, la reciente jurisprudencia ya la había matizado, considerando que el principio de no discriminación por razón de filiación, conforme al cual los descendientes o parientes no matrimoniales (los antes llamados naturales o ilegítimos, en contraposición a los legítimos) deben de ser equiparados a los matrimoniales en sus derechos legales, era de aplicación a las sucesiones que, aun habiendo sido abiertas (fecha de la muerte del causante) antes de vigencia de la Constitución, se consideraran como no agotadas o consumadas en el referido momento de la vigencia de la norma constitucional. 

La principal dificultad que plantea la aplicación de esta doctrina está, a mi entender, en la definición del concepto de sucesión no agotada.

En el caso resuelto por esta sentencia de 1 de junio de 2016, la causante muere antes de la entrada en vigor de la Constitución (falleció en el año 1966), bajo un testamento en que instituía heredera a una orden religiosa, con la carga de constituir con los bienes de la herencia una fundación que construyese y regentase un hospital. Dicha orden religiosa  repudia la herencia (aunque sea apartarnos del supuesto estamos tratando, podría dudarse aquí de la necesidad de aprobación judicial de dicha renuncia, ex artículo 994 del Código Civil). El testamento establecía una sustitución vulgar a favor de la Diputación de Albacete, con la misma carga. Por sentencia judicial se declara que la Diputación de Albacete incumplió la carga impuesta y que procedía la apertura de la sucesión intestada. Dicha sentencia es del año 2001. La pariente más próxima es una prima de la causante, hija natural de un tío de la misma.

La sentencia, después de reafirmar la dosctrina general sobre no aplicación retroactiva del principio constitucional de no discriminación, recuerda su reciente jurisprudencia que excepciona el caso de herencias no consumadas o agotadas antes de la vigencia de la Constitución, lo que aplica al caso concreto, con el siguiente argumento:

"En el presente caso, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta, la aplicación retroactiva del principio constitucional de igualdad o de no discriminación encuentra su fundamento primario en el hecho de que las relaciones sucesorias, atendidas las circunstancias del proceso sucesorio, no se encontraban consolidadas o agotadas antes de la entrada en vigor de la Constitución. En efecto, si atendemos a dicho proceso sucesorio, observamos que, con independencia del momento de apertura de la sucesión, que siempre viene determinado por el fallecimiento del causante, la dinámica sucesoria respondió, a semejanza de lo expuesto con relación al fideicomiso, a un orden sucesorio sucesivo determinado, consecutivamente y de forma independiente, por distintas vocaciones hereditarias (testamentaria y abintestada, ambas válidas) y por distintos llamamientos concretos a su adquisición (ius delationis). De ahí que no pueda afirmarse que el fenómeno sucesorio, con relación a estos presupuestos del proceso sucesorio, estuviera consumado o agotado en el año 2001. Año en donde, tras el incumplimiento de la carga hereditaria por parte de la Diputación Provincial, se abre la sucesión intestada, cuando ya resultaba de aplicación la Constitución. Por lo que el motivo debe ser desestimado".

Por tanto, la fecha que se toma en cuenta para la aplicación de la Constitución, por considerar como sucesión no agotada un supuesto de vocación sucesiva testada e intestada, es la de la sentencia judicial que declaró el incumplimiento de la carga por la Diputación y la apertura de la sucesión intestada.

No consta del relato de hechos en qué momento la orden religiosa instituida en primer término repudió la herencia, pero cabe entender que, con la doctrina jurisprudencial expuesta, en el supuesto en que una repudiación tuviera lugar tras la entrada en vigor de la Constitución, aunque la sucesión se hubiese abierto antes de la misma, determinando esa repudiación una delación sucesiva, bien a un sustituto vulgar, bien a un pariente intestado, por la vía de la apertura de la sucesión intestada por ineficacia del llamamiento testamentario, o dentro dela propia sucesión intestada, por determinar un llamamiento sucesivo a los parientes del grado siguiente, ex artículo 923 Código Civil, sería la fecha de la repudiación la que se tomaría en cuenta a efectos del principio constitucional de no discriminación. 

La sentencia encuentra su principal apoyo en la previa Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2013

El caso resuelto en esta sentencia versaba sobre un testamento otorgado en el año 1935 en que se preveía una sustitución fideicomisaria, siendo fiduciarios dos hijos del testador, y fideicomisarios los hijos y descendientes legítimos del fiduciario. Uno de los fiduciaros adoptó a un hijo en forma simple y fallece en el año 1991. Tanto el Juzgado de Instancia como la Audiencia consideran que, conforme a la legislación vigente en el momento del fallecimiento del fiduciario y los principios constitucionales, el hijo adoptado en forma simple debía ser considerado comprendido dentro de la expresión hijo legítimo.

En el caso, el supuesto fideicomisario, hijo adoptado en forma simple por el fiduciario, había fallecido antes que éste, pero después del fideicomitente, siendo una sustitución fideicomisaria pura y simple, a la que sería de aplicación el 784 Código Civil.

El Tribunal Supremo considera que no cabe una interpretación integradora de la voluntad del testador, cuando ésta aparece de modo claro en el testamento.

Pero, sin embargo, el Tribunal aplica el principio constitucional de no discriminación, con la siguiente argumentación:

"En este sentido, la peculiar naturaleza de la sustitución fideicomisaria determina el establecimiento de un orden sucesivo y cronológico en el proceso adquisitivo de la herencia o legado de que se trate, culminándose dicho proceso con la correspondiente restitución de los bienes hereditarios a los herederos fideicomisarios, sobre los que ya no pesa ninguna carga de conservación o restitución de los mismos. En el presente caso, el fideicomisario adoptado adquirió su derecho hereditario desde la muerte del testador fideicomitente, transmitiendo dicho derecho a sus herederos tras su propia muerte ( artículo 784 del Código Civil ). Sin embargo, dicha transmisión no operó la consumación o consolidación de la situación sucesoria creada y, con ella, la definitiva adquisición de la herencia, al quedar sujeta tanto a la muerte del heredero fiduciario adoptante, que murió con posterioridad al heredero fideicomisario adoptado, como la aceptación de la herencia fideicomisaria por sus propios herederos, como titulares del derecho hereditario objeto de transmisión, esto es, respecto de la restitución o deber de entrega de los bienes de la herencia a la muerte del heredero fiduciario, en el año 1991, como en relación a la aceptación tácita de los herederos del heredero fideicomisario implícita en la demanda de 10 mayo 1999, que inicia el presente litigio, y por la que declaran su condición de propietarios de los bienes hereditarios. Proceso adquisitivo, abierto y todavía no consolidado, en el que resulta pertinente la aplicación retroactiva del principio constitucional de igualdad o no discriminación ( artículos 14 y 39 CE ) respecto de sucesiones que aunque abiertas con anterioridad a la Constitución, no obstante como es del caso, no han consolidado o agotado el proceso sucesorio y adquisitivo derivado".

Al margen de que se trataba de un adoptado en forma simple, resultando dudoso que la filiación adoptiva esté sujeta a ese principio de no discriminación de filiaciones, y, en realidad, la cuestión era de interpretación de la voluntad del testador y no de aplicación de la norma legal, es de destacar que la consumación de la sucesión se sitúe en dos momentos: el fallecimiento del fiduciario y la aceptación de la herencia por los herederos del fideicomisario. En particular, esta última consideración llevaría a aplicar el principio constitucional de no discriminación a toda sucesión en la que no se hubiera producido la aceptación del llamado, lo que implica olvidar el efecto retroactivo de la aceptación.

Pero, en realidad, de lo que se trataba era de un supuesto de derecho de transmisión, pues el fideicomisario, en un fideicomiso puro, adquiere derecho a la sucesión desde la muerte del fideicomitente y lo puede transmitir a sus herederos (artículo 784 del Código Civil). Por ello, lo que puede deducirse de esta sentencia que si procede el llamamiento al transmisario, produciéndose el fallecimiento del transmitente después de la entrada en vigor de la Constitución, ello podría conllevar que no se considerase agotada la sucesión  hasta que la transmisión del ius delationis se produjere, e incluso hasta la aceptación por el transmisario de la herencia del primer causante.

- La Resolución DGRN de 6 de junio de 2016.

En esta resolución se aborda una materia de gran interés práctico, relacionada con la sustitución vulgar y la repudiación de la herencia.

La cuestión es si, producida la repudiación de la herencia del llamado, los sustitutos vulgares previstos para el caso de renuncia (recordando que la hecha de modo simple o sin expresión de casos comprende el de no querer ser heredero), partiendo de que exista un llamamiento genérico a los mismos, como el que se hace a los descendientes del sustituido, y que el causante no haya resuelto expresamente la duda, deben existir (haber nacido) al tiempo de la apertura de la sucesión.

Es una cuestión trascendente, sobre la que no existía doctrina de la DGRN, hasta donde alcanzo, y sobre la que la jurisprudencia se había pronunciado solo con carácter obiter dicta, en la sentencia que después diremos, y a la que, además, he dedicado varias entradas de este blog.

La DGRN resuelve que, producida la renuncia del primer llamado, y estando designados como sustitutos vulgares sus descendientes, este llamamiento a los sustitutos no comprende a los descendientes del sustituido nacidos con posterioridad al fallecimiento del causante.

Se apoya la DGRN en la dicción literal del artículo 758 del Código Civil ("Para calificar la capacidad del heredero o legatario se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate...Si la institución o legado fuere condicional, se atenderá además al tiempo en que se cumpla la condición"), según el cual, en el llamamiento condicional, el heredero o legatario debe ser capaz "además" en el momento del cumplimiento de la condición, con lo que se estaría afirmando que tiene que serlo también en el de la apertura.

Se cita también en apoyo de esta solución un párrafo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2004 que declara: «Ocurre aquí que la herencia ha sido repudiada por los herederos instituidos y también por los descendientes en primer grado de éstos, lo que no es óbice para que, en virtud de lo expresado en el testamento (sustituyéndolos vulgarmente por sus respectivos descendientes), sean llamados otros sustitutos vulgares, que hayan sobrevivido no sólo al testador, sino también al acto jurídico de las repudiaciones obradas por los herederos instituidos y sus descendientes en primer grado, es decir que tengan capacidad para heredar... la nueva delación se reproduce, retrotraída asimismo, al mismo momento, lo que supone que no resulta deferida, sino que es reproducida, no sólo en cuanto a su repetición, sino también respecto al tiempo en que se retrotrae, en cuyo momento (fallecimiento del causante, apertura de la sucesión) es cuando hay que apreciarla capacidad de los sustitutos».

Como ya escribí en otra entrada (La delación sucesiva ...): "En este párrafo se considera necesaria la existencia del sustituto vulgar llamado tanto en el momento del fallecimiento del causante, con lo que los descendientes nacidos después de esta fecha y antes de la renuncia no serían capaces para suceder, como la sobrevivencia del sustituto a la renuncia, lo que supondría dar a la sustitución vulgar en caso de renuncia el carácter de llamamiento condicional, de manera que si el sustituto falleciera antes de la renuncia, no transmitiría su derecho a sus herederos. Ambas afirmaciones son discutibles, según todo lo que hemos expuesto. En todo caso, no consta que se trata de verdadera ratio decidendi, como lo sería si se hubiera pronunciado expresamente sobre la exclusión de algún descendiente nacido después de la apertura de la sucesión o fallecido antes de la renuncia".

La DGRN, sin embargo, sigue esta posición, afirmando:

"En consecuencia, tanto de la literalidad del artículo 758 del Código Civil como de la jurisprudencia mencionada, resulta que para heredar o adquirir el derecho al legado, se requiere al menos estar vivo al tiempo del fallecimiento del testador que es el momento de la apertura de la sucesión, sin perjuicio de la discusión doctrinal sobre si se requiere capacidad para suceder al tiempo de la renuncia del primer instituido".

De párrafo transcrito resulta que la resolución no ha querido pronunciarse expresamente sobre otra de las cuestiones dudosas que plantea la sustitución vulgar en relación con la repudiación, la de si el sustituto debe sobrevivir al sustituido repudiante, o bien, de fallecer antes de la repudiación, asumiendo que existía al tiempo de la apertura de la sucesión, transmite su derecho a sus herederos, cuestión que se discute sobre la base de la naturaleza o no condicional de la sustitución vulgar (como trato en esta entrada "Sustitución vulgar III. Determinación de los sustitutos ...). Aunque pudiera parecer que la asimilación del llamamiento al sustituto al supuesto del heredero o legatario condicional del artículo 758 Código Civil, que encontramos en la resolución, supondría aceptar la tesis favorable a exigir la supervivencia del sustituto a la renuncia, la misma DGRN nos aclara que sobre esta última cuestión no está estableciendo doctrina ("sin perjuicio de la discusión doctrinal sobre si se requiere capacidad para suceder al tiempo de la renuncia del primer instituido").

Sí parece que su posición pudiera extenderse a otro supuesto que puede plantearse en relación con la repudiación: el del llamamiento subsidiario en la sucesión intestada a los parientes del grado siguiente cuando repudian todos los llamados del grado preferente (artículo 923 Código Civil), cuestión a la que también me refiero en la entrada enlazada, aunque mi opinión no sea favorable a esta tesis, por las razones que ya he dado (aunque la doctrina sí parece mayoritariamente favorable a esta tesis, según allí digo). A mi entender, la Sentencia del Tribunal Supremo primeramente analizada, de 1 de junio de 2016, al considerar que en una caso de apertura de sucesión intestada sucesiva por resultar fallida la testada, aquella no se podía considerar consumada o agotada hasta que tenga lugar la vocación sucesiva, es un argumento favorable para estimar que el llamamiento sucesivo a los parientes de grado siguiente lo será a los que sean capaces (y existan) en el momento de producirse esta delación, a pesar del artículo 758 del Código Civil, lo que, además, es la solución más conforme con el llamamiento por órdenes sucesorios que subyace en el fondo de la regla del artículo 923 (no llamar a un ascendiente mientras existan descendientes y no llamar a colaterales mientras existan miembros de los órdenes preferentes). Una vez producida la repudiación, sin embargo, sí se agotaría el llamamiento, y este nunca incluiría a posibles descendientes nacidos con posterioridad a ese momento de la renuncia.

Por último, apuntar que, cuando estemos ante una sustitución vulgar, siempre prevalecerá lo dispuesto por el causante, que puede incluir en su llamamiento a los sustitutos a personas no nacidas en el momento de la apertura de la sucesión, pues el llamamiento al concepturus es válido, aunque con la doctrina de esta resolución deberá hacerse de modo expreso, y también podrá disponer la transmisión de sus derechos por los sustitutos fallecidos antes de la repudiación.


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